Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púlbica: La construcción de la Unión Europea apuntaba a acabar con las fronteras entre los países europeos para crear un espacio económico y social común y cohesionado, en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y sociales comunes. El eje económico de esta estrategia, de orientación neoliberal, se ha cumplido a rajatabla obligando a los gobiernos a reducir gasto social, reformar el mercado eliminando derechos laborales, desmantelar el sector público y favorecer la privatización de los servicios públicos que constituyen los pilares del Estado del Bienestar como el seguro de desempleo, las pensiones, la educación y la sanidad pública.

Sin embargo, el eje político destinado a dotar a la Unión de una política exterior y de defensa común; definir las bases de una ciudadanía europea tales como libertad de movimiento, libertad de residencia, derecho al voto en las elecciones municipales, protección diplomática, etc.; mejorar las infraestructuras de los países más atrasados mediante los llamados fondos de cohesión; reforzar la cooperación intergubernamental;  y dotar de más poder al Parlamento y al Tribunal de Justicia Europeos, ha tenido un desarrollo mucho menor y desigual.

Pero el eje en el que los objetivos apenas se han alcanzado ha sido el eje social que estaba destinado a establecer unos derechos comunes para todos los ciudadanos en áreas esenciales como la educación, sanidad y cultura. Es decir, que mientras se establecieron objetivos claros, cuantificados y de obligatorio cumplimiento en materia económica para el desarrollo e implantación del mercado, no se definieron con la misma concreción objetivos de naturaleza política y social. A nadie debe extrañar la popularidad del tópico de “la Europa de los mercaderes”.

Sin embargo, y a pesar de su contribución a los avances en la salud de la mayoría de la población europea, el modelo sanitario europeo está siendo cuestionado por la ideología neoliberal que considera que ya no es necesario mantener servicios públicos universales.

Como consecuencia en la mayoría de ellos, con el impulso y complicidad de las instituciones de la Unión Europea, se están aplicando políticas de privatización y desregulación de los sistemas públicos de protección social, problemas, que han encontrado una gran coartada en la crisis económica y en la necesidad de controlar el déficit público. Por otro lado, la pandemia no se ha aprovechado para el necesario refuerzo de los sistemas sanitarios públicos ni para homogeneizar los sistemas sanitarios de los distintos países, ni siquiera las políticas farmacéuticas y de salud pública que se ha visto durante la pandemia tenían tan importantes limitaciones.

La privatización de los servicios sanitarios impone barreras económicas al acceso a las prestaciones necesarias y excluyen en la práctica a un porcentaje cada vez mayor de población, en un  momento en que la crisis incrementa la demanda de servicios sanitarios.

La Unión Europea se encuentra ante la disyuntiva de orientarse a los ciudadanos o a los grandes grupos empresariales y financieros. Hasta ahora las decisiones de los gobiernos están primando los intereses de estos últimos sobre los generales, aunque existen tensiones e intervenciones contradictorias. Precisamente por ello hay que ser conscientes de que la supervivencia de la Unión Europea no será posible sin garantizar la cohesión social y sin mejorar los derechos de los ciudadanos.

EL CONTEXTO ESPAÑOL

A lo largo de los últimos años los expertos, profesionales y ahora ya la propia ciudadanía, hemos comprobado cómo desde el gobierno central y especialmente desde los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y Vox, se procede al desmantelamiento y desprestigio de la Sanidad Pública. A ello se suman en una operación coordinada el recorte de financiación, de  prestaciones, de personal, y a todo tipo de medidas que provocan unas desesperantes demoras en Atención Primaria y Especializada y una alarmante caída en la calidad de nuestra Sanidad Pública que es generalmente reconocida, y que dan lugar como es lógico a sufrimiento, deterioro de la salud, incremento de mortalidad y exclusión creciente de los usuarios con menor poder adquisitivo que carecen de alternativas asistenciales fuera del sistema sanitario público.

Todas estas medidas que están encaminadas a la privatización del sistema sanitario público y a la conversión de la sanidad en un mercado, amenazan por su intensidad extensión y complementariedad el futuro de una Sanidad Pública muy valorada por la ciudadanía y uno de los pocos orgullos de nuestro país en el contexto internacional. Se trata esta vez de medidas  de muy difícil reversión.

Corremos el riesgo por primera vez en la historia de perder para siempre, para nosotros y para las generaciones futuras, el derecho a la atención de la salud.

La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA (FADSP)  lleva desde su creación en 1981 impulsando su mejora, progreso y protección, por eso tenemos que señalar:

1.- Las amenazas de destrucción de la Sanidad Pública no son consecuencia de una catástrofe inevitable, sino de la voluntaria y planificada acción de los neoliberales de todo el mundo y más, en particular de los de nuestro país que han aprovechado el desconcierto de la crisis anterior y de la pandemia para poner a las autoridades sanitarias a su servicio, y para profundizar el proceso privatizador y el deterioro de la Sanidad Pública.

2.- Aunque no suele considerarse por la población, la UE tiene una gran capacidad para condicionar las políticas concretas de los países y por eso es muy importante conseguir que aborde políticas como el refuerzo de los sistemas públicos sanitarios, una política farmacéutica común independiente de la Big Pharma (incluyendo la puesta en marcha de una empresa farmacéutica pública), el freno a las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, o acciones más contundentes para frenar la emergencia climática y los riesgo medioambientales para la salud.

2.- La ciudadanía española, de todas las CCAA, es la propietaria y la usuaria de la Sanidad Pública y debe proteger con su voto su bien más preciado. El voto es la suprema herramienta para remover a los gobiernos que trabajan en contra de los intereses de la comunidad. EL VOTO DE LOS CIUDADANOS IMPORTA. La abstención en un momento como este es suicida.

3.- La FADSP se ve obligada a pedir a la ciudadanía que piense en su futuro sanitario a la hora de emitir su voto y que acuda a las urnas con ello en el pensamiento.

4.- La FADSP anima a toda la ciudadanía, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, escépticos y comprometidos, a negar su voto a quienes destruyen el  futuro de su salud.

POR TODO ELLO LLAMAMOS A LOS CIUDADANOS Y PROFESIONALES A VOTAR EL PRÓXIMO 9 DE JUNIO Y A HACERLO EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES DEL DETERIORO Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA