EL PAÍS: Están en contra de la exclusión sanitaria y la desobedecen. Son médicos y enfermeras que objetan y que siguen atendiendo a sus pacientes, aunque estén en situación irregular y la Administración haya desactivado sus tarjetas sanitarias; trabajadores de los centros de salud que tratan de darles cita, aunque su ficha ya no esté en el sistema; o ciudadanos de a pie que se han organizado por barrios para acompañar a los sin papeles a los servicios sanitarios y ayudarles a saltar el peaje sanitario impuesto por el Gobierno hace un año. La organización Yo sí Sanidad Universal ha tejido una red en varios puntos de España para luchar contra la reforma sanitaria. Bajo su paraguas, operan en toda España decenas de grupos de acompañamiento que asesoran a los inmigrantes sin papeles y acuden con ellos al médico, al hospital, a la farmacia o a la ventanilla de la Administración que toque. Así, caso por caso, y llamando a muchas puertas, garantizan que se les presta la atención necesaria.

Cada grupo —en Madrid hay una veintena; en Barcelona, siete, en Valencia, tres— funciona de manera autónoma, pero suelen tener una reunión semanal y un número de teléfono para atender consultas, explica Marta Pérez, una de los integrantes de Yo sí. La organización ha estudiado a fondo la nueva ley, también las distintas normas de las autonomías, y ha encontrado los resquicios por los que se logra la atención médica, el seguimiento y los fármacos financiados. “Los propios profesionales no saben que si se inicia un proceso por una patología en urgencias, por ejemplo, se puede continuar su tratamiento y hacer el seguimiento necesario; que es fundamental”, explica Santiago Izco, médico y miembro de la red. La mayoría de los sanitarios también desconocen que hay mecanismos para solicitar medicación por escrito a la Administración para las personas que acuden sin tarjeta sanitaria. Con ellos trabaja Yo sí, que hace reuniones con los profesionales, asambleas y organiza talleres. Además, han elaborado manuales de desobediencia al real decreto.

En el año que lleva en marcha la exclusión sanitaria, que retira la asistencia normalizada a extranjeros en situación irregular y que solo contempla la asistencia gratuita en urgencias y para la atención al parto y posparto, han asistido a decenas de personas. “Además, cuando acompañas a una persona surgen más. Muchos tienen amigos que llevan meses queriendo ir al médico sin poder, que tienen algún problema administrativo con los centros de salud o que han acudido a urgencias y les han dado una factura que les aterra tener que pagar”, explica Pérez.

Izco, que trabaja como médico en un hospital madrileño, incide en que la organización está en contra de todo el real decreto, no solo de la exclusión de los sin papeles. La reforma sanitaria de abril de 2012 divide a los ciudadanos entre asegurados y no asegurados. “Tenemos que actuar. Y lo estamos haciendo como ciudadanos. Algunos somos profesionales sanitarios, otros no. Estamos ante una ley injusta y debemos cambiarla. No nos podemos hacer cómplices de lo que es un robo: la sanidad se financia con los impuestos de todos, quitársela, excluir a un colectivo, es robarles”.