elDiario.es: 100.000 firmas y eso al cierre de esta edición. Porque la cifra sigue subiendo. Inmaculada Pardo, enfermera del hospital Puerta de Hierro, inició su campaña cuando se enteró de que la orden telefónica que recibió el 8 de enero emplazándola –so pena de no volver a trabajar en la sanidad pública madrileña durante un año– a ir al día siguiente al nuevo Hospital Isabel Zendal, ese centro sin quirófanos y sin personal suficiente, venía de arriba, de la Consejería de Sanidad, y era generalizada. Tras pasar 2020 dedicada en cuerpo y alma a combatir el COVID, primero en Barcelona, desde otoño en Madrid, Pardo dijo basta: "Cuando vi cómo se trataba a la gente que renunciaba, me indigné".   

Como resulta habitual para los profesionales de la Sanidad pública española, la enfermera Pardo, de 29 años, dio sus primeros pasos laborales encadenando contratos de un día, tras diplomarse en 2015 por la Universidad de Salamanca. El primer verano se lo pasó de pueblo en pueblo, a razón de un contrato por jornada. "Precariedad absoluta", recuerda hoy. Luego tomó otra decisión común en el gremio, marcharse a la gran ciudad. En Barcelona trabajó para la pública y la privada, haciendo visitas a domicilio en el coche propio, como "autónoma encubierta".     
 

         Sus circunstancias fueron mejorando poco a poco y cuando explotaron los ingresos por coronavirus, llevaba ya dos años en el hospital de Viladecans. Durante la época de mayor presión, llegó a trabajar 23 días seguidos. Después, jornadas alternas de 12 horas. "Nadie se quejó, dimos la talla", dice ahora. En septiembre se mudó a Madrid, en un momento en que los sanitarios huían de la comunidad por la sobrecarga de trabajo y el estrés. La necesidad de personal era acuciante. "Me fui a apuntar a la lista del hospital Puerta de Hierro y al día siguiente estaba trabajando; ni siquiera se llegó a registrar telemáticamente mi petición", apunta.

No se puede decir, por lo tanto, que Inma Pardo, con dos másteres en su expediente, no esté dispuesta a dar el callo, pero todo tiene un límite. Conocidas las carencias del nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal, que no tiene quirófanos y busca facultativos hasta entre los médicos residentes, cuando el 8 de enero la llamaron para que al día siguiente se presentase no en su hospital, sino en el nuevo centro, se plantó. Está pendiente de operarse el menisco desde hacía un año y no lo hizo antes precisamente para estar disponible durante lo peor de la pandemia, así que ha pedido cita y pasará por el quirófano. Entre medias, tras constatarse por escrito, según adelantó El País, la directriz de no volver a contratar a sanitarios que rechacen irse al Zendal, inició una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para solicitar el fin de los traslados forzosos. En menos de cinco días reunió más de 95.000 apoyos, que presentó el jueves en la Consejería de Sanidad. Este viernes a última hora superaba las 100.000.

"Es una penalización totalmente irregular", critica Pardo, que recuerda que solo se pueden aplicar limitaciones si a uno lo llaman de los centros en cuyas listas de trabajo está apuntado, y que en todo caso son temporales. Pasar al final de la lista, si no se tienen méritos, o perderlos durante un año, pero nunca quedar vetado para trabajar en el sistema público. 

La enfermera espera no sufrir represalias, ahora que ha dado la cara. "No voy respaldada por ningún sindicato ni partido político. Confío, aunque sea raro, en que este es un país democrático y puedo expresar mi opinión y contar que se están vulnerando mis derechos como trabajadora", afirma, pero advierte: "Si esto supone que no voy a encontrar trabajo en el sistema público de Madrid, iría a los tribunales. Sería muchísimo más grave que ahora, que ya es grave", avanza esta sanitaria, que entiende que los criterios del negocio privado no pueden operar aquí, pues "no es una empresa que pueda decir que se perjudica su imagen; estamos hablando del sistema público".