PÚBLICO: La empresa José Manuel Pascual Pascual Gestión Hospitalaria, la mayor entidad sanitaria privada de la región, ha declarado una guerra abierta a la Junta de Andalucía para conservar las condiciones económicas del que también es el concierto más importante de la sanidad pública andaluza. El último acuerdo, vigente desde 2011, expiró el 31 de enero ante el desencuentro de las partes. Aunque la Consejería de Salud ha garantizado la renovación del convenio, los más de 2.000 trabajadores de Pascual, tensionados por los mensajes de la dirección, han iniciado movilizaciones por el temor a perder sus empleos si la Junta deja de derivar pacientes a sus seis clínicas.

Las informaciones aportadas desde la Consejería y desde la empresa son contradictorias. La Administración sostiene que ha propuesto a Pascual una reducción del 2,3% sobre las cantidades que ha percibido hasta ahora en pago por la prestación de servicios, aunque no ha detallado a cuánto asciende esta factura. Según la Administración, todos los convenios con las seis empresas (16 centros hospitalarios) que prestan asistencia sanitaria concertada al SAS se han renovado a la baja en los últimos meses a causa de la reducción del presupuesto destinado a este fin "sin que esto haya afectado al empleo, a la calidad de la asistencia ni a la cartera de servicios que se presta", en palabras de la delegada territorial de Salud en Cádiz, Miriam Alconchel. Pascual, sin embargo, se niega a que se modifiquen estas condiciones.

El presidente del comité intercentros de la empresa, José María Manzano (UGT), señala que el dato ofrecido por los responsables de la Junta en Cádiz es "falso". El representante sindical subraya que desde la Dirección General de la Consejería se informó a los trabajadores de que la reducción del concierto propuesta es del 20% y que, además, no se garantiza carga asistencial en San Rafael (Cádiz), Blanca Paloma (Huelva) y Doctor Pascual (Málaga). Por este motivo, parte de la plantilla ha iniciado movilizaciones.

Las protestas no han sido secundadas por Comisiones Obreras, que solo tiene representación en San Rafael. José Antonio Aparicio, secretario provincial de Sanidad de CCOO, recuerda que la Junta de Andalucía ha garantizado el mantenimiento del concierto y que no corresponde a los sindicatos presionar en una negociación entre la empresa y el Gobierno andaluz. "Ni la Junta debe imponer sus criterios, ni la empresa negarse a ceder en sus beneficios. Las cuantías que se paguen es algo que está dentro de un contexto de negociación entre las partes", opina Aparicio.

De momento, la Administración ha decretado una prórroga de dos meses en el concierto en base a la Ley de Contratos del Sector Público mientras se negocian las nuevas condiciones. Fuentes de la Junta explicaron que el contratista, en este caso, Pascual, está obligado a mantener su labor durante esta prórroga por tratarse de un servicio de primera necesidad que además no se puede cubrir con otros centros sanitarios. Pero el órdago de Pascual continúa y, en una reunión celebrada el miércoles, informó a su comité de empresa que desde el 31 de enero "no existe convenio entre el SAS y la empresa", por lo que todos los servicios que el SAS derive a estos centros se cobrarán a la Administración con la "tabla de tarifas convencional", según sostiene Manzano.

La Junta insiste en que el convenio seguirá en vigor hasta que se negocie el nuevo. No tiene más remedio, puesto que la dependencia de los servicios concertados en la provincia de Cádiz, con alrededor de un millar de camas, es extraordinaria. Según datos de la memoria de la Consejería de Salud de 2011 (últimos publicados), más del 50% del total de ingresos, intervenciones quirúrgicas y consultas que se realizan cada año en centros concertados en Andalucía corresponden a la provincia gaditana. Y la mayoría son facturados por Pascual, propietario de cuatro de los cinco hospitales concertados de la provincia.

El papel del hospital de San Carlos

Los trabajadores de Pascual temen que la negociación de la Junta de Andalucía esconda una estrategia para empezar a impulsar la actividad del Hospital de San Carlos, en San Fernando, cuya cesión por parte del Ministerio de Defensa al Servicio Andaluz de Salud ya ha sido rubricada y se hará efectiva en junio de este año. Aunque la Consejería de Salud insiste en que San Carlos será una infraestructura complementaria en el mapa sanitario gaditano, la propia apuesta política de la Junta de Andalucía pasa por reducir convenios con empresas privadas para fortalecer los servicios de la sanidad pública, por lo que es lógico que el hospital isleño se desarrolle en detrimento de las clínicas concertadas.

El empresario José Manuel Pascual Sánchez, dueño del grupo sanitario, ya advirtió el interés estratégico que podía alcanzar San Carlos. El año pasado, en plena negociación entre Defensa y la Junta sobre el traspaso de la titularidad de este hospital, Pascual propuso a las partes hacerse cargo de San Carlos y de su plantilla (350 empleados) y construir, más adelante, un nuevo hospital de referencia en San Fernando. A cambio de este supuesto favor a Defensa, el empresario reclamó de forma innegociable la cesión gratuita de los terrenos para construir ese nuevo centro además de cuatro hoteles con un total de 1.800 habitaciones repartidos en fabulosas ubicaciones en San Fernando y en Cádiz. La idea fue rechazada por las administraciones, que la tacharon de rocambolesca.