EL PAÍS: Sin novedad en Galicia. La recuperación por los inmigrantes irregulares del derecho a la atención primaria anunciada hace 10 días por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no suprimirá las trabas con las que estos se topan en las urgencias hospitalarias en esta comunidad autónoma. La Consellería de Sanidade ha asegurado a este diario que “mantendrá en el futuro” el Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública tal y como está. Una medida con la que, coincidiendo con el anuncio del adelanto electoral en esta comunidad, Feijóo se desmarcó en 2012 de la más restrictiva ley aprobada entonces por su partido, pero manteniendo unas condiciones que han disuadido a muchos sin papeles de la posibilidad de acceder a este servicio, en opinión de las organizaciones que los asesoran.

En aquel año electoral, el presidente gallego fue rotundo al garantizar “la cobertura sanitaria a todos los inmigrantes irregulares”. Se alejaba así Feijóo de la decisión de la entonces ministra de Sanidad de su partido, Ana Mato, de convertir a los inmigrantes más vulnerables, los sin papeles, en víctimas del abuso que algunos extranjeros hacían de la sanidad pública en España.

Pero la medida de Feijóo no fue en la práctica idéntica a la teoría. A la mayoría de los sin papeles atendidos en las urgencias, el Sergas les envía una nota con el detalle de los gastos de los servicios utilizados y el importe que deben abonar y les da un plazo de 10 días, antes de remitirles la factura, para que acrediten que tienen derecho a la prestación gratuita. Y ello, aun cuando en la restricción decidida por Mato, se garantizaba a quienes se encontraban en situación irregular en España al acceso a los servicios de urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, la asistencia básica asegurada para cualquier persona.

Para evitar el pago sanitario, los sin papeles residentes en Galicia deben, desde 2012, recurrir al papeleo para poder justificar una estancia de al menos seis meses en esta comunidad, que carecen de recursos tanto en España como en el país de origen y que no tienen otra posibilidad de acceder a la sanidad. Una serie de requisitos que han convertido la pretendida medida humanitaria de Feijóo en un muro “claramente disuasorio” para el acceso a la sanidad pública “que pone vidas en riesgo”, en opinión de varias ONG que asesoran al colectivo inmigrante. SOS Sanidade Pública de Galicia , Asociación Galega de Medicina Familiar, Médicos do Mundo y Foro Galego de Inmigración explican así que la mayoría renuncian a la asistencia.

La Xunta sostiene, sin embargo, que su programa es el modelo que ha seguido el Gobierno central, por lo que la Consellería de Sanidade asegura que no tiene intención de cambiar las condiciones actuales incluidas en su programa. El gabinete que preside Rocío Mosquera considera que su programa es el adecuado, ya que “permite el acceso a los dispositivos de Atención Primaria y Atención Especializada” y ha sido copiado por el Ministerio, al que asegura que ha trasladado “en varias ocasiones”, junto a “otras comunidades españolas”, todos sus detalles con el fin de “poder extenderlo por el territorio nacional”.

Por este motivo, Sanidade califica de “una buena noticia” el anuncio de Alonso, que coincide también en periodo electoral, de supresión de las restricciones anteriores. “Ya se estaban haciendo algunas cosas en algunas comunidades y se trata de una regulación útil que sirva a todos los territorios de España”, justificó a finales de marzo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el anuncio que acababa de realizar el ministro de Sanidade. Este apeló a “cuestiones de salud pública” para justificar la devolución de la atención primaria a los sin papeles, pero no dio detalles sobre cuáles serán los requisitos que habrá que cumplir para acceder a la Atención Primaria. Alonso defendió su reforma por “práctica”, ya que “no satura las urgencias”.

Si se mantiene, como sostiene la Consellería de Sanidade, el modelo del programa específico aprobado en 2012 por la Xunta, los enfermos sin papeles seguirán siendo advertidos en la recepción de los hospitales de la red pública de que si no tienen cartilla o acreditan la lista de condiciones exigidas, deberán pagar el precio marcado para cada uno de los servicios sanitarios a los que accedan. Ese muro disuasorio que, según las ONG, lleva a la mayoría a poner en riesgo la salud.