EL PAÍS: Tres años después de la exclusión de los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria normalizada por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, la desatención hacia estas personas en la red asistencial valenciana va a más. Esta es una de las conclusiones del último informe del Observatorio del Derecho Universal a la Salud (Odusalud), una plataforma integrada por 80 entidades entre las que se encuentran la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo y Cáritas.

Odusalud denuncia en el documento presentado este viernes que desde el inicio de la actividad del Observatorio, en noviembre de 2012, hasta marzo de este año, ha recibido 1.252 quejas, y se ha pasado de una media de 43 mensuales en el año 2014 a 62 en el primer trimestre de este año, lo que representa un notable aumento del 44%.

Estas incidencias se refieren tanto a problemas en el acceso a prestaciones sanitarias por parte de los inmigrantes sin papeles, como la imposibilidad de acceder a fármacos; hasta incumplimientos del propio real decreto en el que se fijaron las condiciones de la exclusión y que limitó la atención a las urgencias, las mujeres embarazadas y a la atención al parto.

El 18% de las quejas tenían que ver con la exigencia de un compromiso de pago, el paso previo a la facturación por la asistencia. Este comportamiento, que en ocasiones se ha practicado en prestaciones teóricamente garantizadas y gratuitas, como son las urgencias, actúa como elemento disuasorio, tal y como denuncia Odusalud: “su consecuencia es la autoexclusión de pacientes incluso afectados por problemas graves”.

También hay casos de menores desatendidos en centros sanitarios públicos (135, el 11% de las quejas), lo que resulta especialmente grave ya que la norma que expulsó a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria ordinaria mantiene el derecho de los menores.

Hace 18 meses, la Consejería de Sanidad puso en marcha el llamado Programa Valenciano de Protección de la Salud, que abría las puertas al sistema a los inmigrantes afectados que llevaran más de un año empadronados o afectados por graves enfermedades, por ejemplo, infecciosas. De las 78.000 personas potencialmente beneficiarias de esta medida, apenas un 6% participan de ella, lo que supone un claro “fracaso”, Rafael Sotoca, de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana. “La medida se ha aplicado muy mal, como demuestra que cada vez nos lleguen más pacientes para atenderles”, añade. “Las soluciones ideadas [para asistir a los inmigrantes] no están funcionando”.

El informe alude también a la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad, Antonio Alonso, de devolver la atención primaria a los inmigrantes, pendiente aún de detallar. Las entidades integradas en esta plataforma critican su "escasa definición" y el carácter "aún más restrictivo" que el programa valenciano que, para  el Observatorio, se ha postrado tan poco eficaz.

De cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, Odusalud propone a las administraciones que se ejecuten medidas “que garanticen el acceso a todas las personas a los servicios sanitarios públicos”, para lo que es necesario "eliminar barreras administrativas y disuasorias de cualquier tipo, como los compromisos de pago por la asistencia prestada en estos servicios".