infoLibre: El juez Pablo Ruz ha puesto la proa contra la Comunidad de Madrid para que, de una vez por todas, le comunique quién pagó a empresas de la trama Gürtel en 2005 y 2006 los actos de presentación del inicio de obras de ocho hospitales, entre los que figuran aquellos privatizados en la primera fase de “externalización” y que en todos los casos tuvieron como protagonista a Esperanza Aguirre. El juez exige también documentación sobre varios actos organizados por la Consejería de Transportes durante la etapa en que estuvo dirigida primero por María Dolores de Cospedal, actual presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, y luego por Elvira Rodríguez, ahora presidenta de la CNMV.

Desde la primavera de 2009, el Gobierno madrileño ha toreado repetidamente a los jueces que se fueron sucediendo en la instrucción de la causa y que fueron solicitando esos datos. Ahora, y después de que la Consejería de Sanidad haya esquivado por tercera vez el requerimiento de Ruz bajo el argumento de que no consta ningún contrato ni ningún pago de esos actos dado que, supuestamente, los abonaron las empresas concesionarias de los hospitales, el juez ha dado un paso más: exige los pliegos de condiciones de la concesión de los hospitales. Y los de las obras correspondientes a la Consejería de Infraestructura y Transportes: dos PAU (Plan de Actuación Urbanística), una entrega de viviendas y la primera piedra de otra promoción inmobiliaria.

Y los exige porque, pese a su orden expresa, la Consejería de Sanidad no ha cumplido lo que le pedía: que en caso de que no hubiese constancia de esos contratos, expidiera una "certificación negativa". En el periodo investigado por Ruz, la Consejería de Sanidad de Madrid estaba bajo el mando de Manuel Lamela. Ahora, Lamela trabaja para el sector privado sanitario.

El juez pide los pliegos de condiciones para la concesión de esos hospitales con el objetivo de verificar si efectivamente estaba preceptuado que esos actos fueran abonados por los empresas concesionarias o si, por el contrario, los pagos se produjeron de manera irregular. O, lo que sería peor, por partida doble: por la Comunidad y por las empresas. Diversos documentos incautados a la Gürtel muestran cómo la trama conservaba hojas de cálculo internas que, en apariencia, indican que esos actos pudieron ser facturados a la Comunidad.

Las investigaciones ya confirmaron en 2013 que el Gobierno de Aguirre dio a dedo a empresas Gürtel y a otras asociadas contrados por 5,3 millones de euros. Esa cifra no incluye las adjudicaciones concedidas mediante concurso o invitación a varias sociedades, que reportaron a la trama otros 1,14 millones de euros. Y tampoco incluye lo satisfecho por la presentación de las obras de los ocho hospitales.

Un correo electrónico enviado por Isabel Jordán, exdirectiva del grupo de Francisco Correa, a "Javier" -y todo indica que se trata de Javier Nombela, subordinado del entonces poderoso viceconsejero Alberto López Viejo-, muestra cómo la red corrupta abonaba a este último el 10% de cada factura. El texto que Jordán dirigió a Nombela es escueto: "Hola, majo. Te envío la partida de varios de Alberto [presumiblemente, López Viejo] y la cifra de Alfonso es 7.940,76 €". Supuestamente, el segundo aludido es Alfonso Bosch, también exdiputado del PP en Madrid y, como López Viejo, imputado desde febrero de 2009 en el caso Gürtel.

Remitido el 3 de noviembre de 2006 bajo el título “Partidas Varios CAM”, el email adjunta una tabla–archivo Excel- que lleva ese mismo nombre. Entre los actos que generaban comisión para López Viejo, encargado de organizar todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre incluso si se correspondían con actuaciones de consejerías distintas a la de Presidencia, figuran los de los citados hospitales.
Otras hojas de cálculo incorporadas al sumario y a las que ha tenido acceso infoLibre acreditan que las empresas Gürtel que organizaron la presentación del arranque de obras de los hospitales obtuvieron beneficios netos de hasta el 60%.