elDiario.es: La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está pagando facturas recientes y antiguas a proveedores con un sistema excepcional, las llamadas “convalidaciones de gasto”, a un nivel no conocido en otras autonomías. Entre 2020 y 2023 Ayuso pagó bajo esta fórmula al menos 2.004 millones de euros, gran parte de ellos a las empresas de sanidad privada que prestan servicios en la pública a través de los hospitales y servicios concertados. Solo la Administración General del Estado alcanza cifras totales similares a las de Madrid, pero sobre un presupuesto mucho mayor. El Gobierno central gestiona unas cuentas de 347.486 millones de euros, lo que supone 12 veces más que las de la Comunidad de Madrid, que gestiona 27.558 millones.     

La convalidación de un gasto cubre siempre una irregularidad más o menos grave, bien porque se hayan prestado servicios sin que haya un contrato de por medio, o porque el contrato haya sido nulo, anulable o haya finalizado sin que se haya prorrogado o licitado de nuevo. También pueden deberse a encargos verbales de la administración a una empresa o a facturas puntuales que afloran por errores.      
 

Según las actas del ejecutivo madrileño, que son públicas, en el gobierno de Díaz Ayuso se ha convertido en un método recurrente –1.769 pagos aprobados en cuatro años–. Cuando este sistema alcanzó su máximo fue en 2021, el segundo año de la pandemia, con 774 millones pagados con este mecanismo excepcional. De ellos, 574 millones fueron a parar a proveedores de la sanidad, de la que el Grupo Quirón –principal pagadora de Alberto González Amador, pareja de Ayuso y cuya relación se oficializó ese mismo año– es la máxima beneficiaria, ya que gestiona cuatro hospitales.

2021 fue también el año récord de convalidación de gastos al hospital Fundación Jiménez Díaz de Quirón, con 415 millones abonados en pagos recurrentes por el mismo importe. Según se puede ver en las actas del Ejecutivo autonómico se aprobaron de golpe más de 22 millones por “pago a cuenta” en un consejo de marzo, abril o junio, y se llegó a los 68 millones de septiembre, sin especificar más sobre el servicio prestado.

Las empresas sanitarias no son las únicas a las que Madrid paga mediante este sistema –ese año 2021 se pueden encontrar “convalidaciones de gasto” de más de un millón a una empresa de seguridad o 1,2 millones en abonos a otra empresa por lavar sábanas y toallas de hospitales–, pero sí son las que se llevan la palma. Solo entre 2020 y 2022 Ayuso validó a la sanidad privada 1.273 millones en facturas sin respaldo de contrato (de un total de 1.700), y más de la mitad fue a parar al hospital insignia de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. La tónica se repite: de todo lo convalidado en 2020, un 89% del dinero fue a parar a los proveedores de la sanidad concertada, en 2021 fue el 74% y en 2022, el 64%.

Fuentes de la Consejería de Sanidad, de hecho, admitieron el pasado martes en un encuentro informal al que convocaron a la prensa que este sistema de pago habría que evitarlo y que se plantean el objetivo de “convalidaciones cero”, pero insisten en que se trata de una fórmula legal. “A veces se producían grandes dificultades en el acuerdo entre ambas partes que terminaban en que se tuvieran que hacer este tipo de procedimientos”, señalan. Esas fuentes también reconocen haber recurrido a esta herramienta “cuando finaliza un contrato y no ha dado tiempo a que se formalice el siguiente”.

Las cifras de pago con este sistema están muy lejos de las habituales, según interventores del ámbito municipal y autonómico consultados por este diario.

El grupo parlamentario de Más Madrid denunció este sistema de pagos ante el Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza partidos y las actuaciones de distintas administraciones públicas. En su denuncia hacía referencia al “abuso” de esta fórmula, tras conseguir los datos globales en un vaciado, uno a uno, de los acuerdos del consejos de Gobierno, al que ha tenido acceso este medio. De hecho, la Comunidad de Madrid no aporta estos datos y ha sugerido a elDiario.es pedirlos por el Portal de Transparencia, así como los del dinero global que se le debe a las empresas sanitarias privadas.

Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid en la Asamblea y quien presentó la denuncia al tribunal –el fiscal ordenó que se investigara pero finalmente se archivó– cuenta que también han acudido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y le han dado toda la documentación: “Hay operaciones que son recurrentes, en sanidad pero también en políticas sociales, como pagos por servicio de comedores o a empresas privadas de seguridad”. También analiza las consecuencias de que no haya un procedimiento legal ni fiscalización tras estos pagos aprobados por el ejecutivo madrileño: “No se garantiza a los madrileños los servicios en libre concurrencia, seguramente hay sobreprecios y condiciones que podrían ser mejores. Es un caldo de cultivo para las peores prácticas, como son las redes clientelares o la aparición de comisionistas”.

Pagos con años de retraso y la incógnita de la deuda con Quirón

Sorprendentemente, muchas de estas facturas ni siquiera son del año en que se aprueba el pago, sino que suponen deudas del pasado con hasta cinco años de decalaje, algo que está totalmente fuera de norma. “Se deben formalizar el mismo año”, señala un experto de la Intervención. Por ejemplo, en 2023 se ha pagado a la Jiménez Díaz tres millones por dispensar medicamentos en 2018. ¿Y por qué no se pagó ese año? “Si una factura no está conforme, se devuelve a los treinta días, no se paga con años de retraso”, señalan las mismas fuentes. Ahí entraría la explicación sucinta de la Consejería de Sanidad: .hay discrepancias entre la empresa y la Comunidad de Madrid, las facturas no se pagan, pero al tiempo se acaban pagando por convalidación de gasto y con los intereses de demora.

La gran duda por resolver es cuánto dinero se le debe al Grupo Quirón (que tiene tres hospitales de gestión privada más la Jiménez Díaz bajo el paraguas de “convenio singular”) y por qué en 2021 se hizo el máximo desembolso. Fuentes de Sanidad vuelven a remitir al Portal de Transparencia, aunque en el briefing con periodistas insistieron en que no se puede saber porque concesionaria y administración pelean por las facturas hasta el último euro, “colonoscopia por colonoscopia”. Esto no debería impedir que hubiese un cálculo aproximado, pero Sanidad no lo revela. “Hasta que no se diriman” esos procedimientos no se publicarán y, llegado el caso, se referirán en los acuerdos de Gobierno que los autoricen. La Consejería señala que algunos de estos procesos “vivos” con cuantías por determinar se remontan todavía a 2016, bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Aunque no hay una foto global de la deuda y de los pagos que quedan por afrontar, el informe de 2022 de la Cámara de Cuentas –organismo fiscalizador externo– da una pista: el servicio público de salud provisionó a largo plazo en el presupuesto más de 1.000 millones para pagos a la sanidad privada, calculando que tendría que pagar 248 “por responsabilidades por procedimientos judiciales” (el doble que en 2021) y más de 700 millones “por la previsión de liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta”.

Son los mismos millones que el mismo tribunal calculó que se debían cuatro años antes, en su informe de 2018, deuda que el Grupo Quirón calculó en 2021 que era de más de 1.200 millones. Sumida en varios procesos judiciales en los que se dirimen discrepancias por servicios (por ejemplo, un tribunal ha obligado a Madrid a abonar nueve millones extra al hospital de Majadahonda), las convalidaciones de gasto por servicios antiguos se van sucediendo sin que la Comunidad revele a qué se deben exactamente y por qué no está bajando lo adeudado a las concesionarias de la sanidad.