EL PAÍS: El silencio en la plaza del Ayuntamiento de Piqueras difícilmente será roto por el tono de un móvil. No hay cobertura. En sus calles, delimitadas por las piedras de los muros las casas, no pasea ninguno de sus 57 habitantes. Es el paisaje de muchos municipios del entorno del Parque Natural del Alto Tajo, al este de la provincia de Guadalajara. Belén Portero, alcaldesa de Cobeta, llora al enumerar los servicios que paulatinamente han dejado de tener por falta de inversión tanto pública como privada. Este enero hace 20 años que regresó de la ciudad a su tierra natal, que ha visto crecer y ahora decaer con la crisis. Sin servicios, la gente se marcha; y cuanta menos población hay, más decrecen los recursos. Un bucle que aboca a los pequeños pueblos a la desaparición.

En poblaciones como Piqueras o Cobeta, que no superan la centena de empadronados, los servicios públicos son básicos. Por eso cuando se mete la tijera para ahorrar en zonas rurales, los habitantes ven mermado su acceso a lo fundamental: la educación, la sanidad o el empleo. “Los recortes han ido poco a poco. Lo de las urgencias nocturnas lo veíamos venir”. A Laura Jiménez, joven alcaldesa socialista de Alcoroches, no le sorprende la decisión del Gobierno regional de suprimir las urgencias nocturnas en 21 municipios. Pero ha sido la chispa que ha encendido su indignación y la de los vecinos de los pueblos de la zona, que en muchos casos se han movilizado por primera vez en su vida para defender la comarca.

Jiménez, sin embargo, no ha dejado de batallar contra el abandono institucional desde que llegó a la alcaldía, en mayo de 2011. Ella apostó por el pueblo cuando en 2005 dejó su Sabadell natal —“aunque soy hija de Alcoroches”, apostilla— para formar una familia con su marido, que incluso montó un restaurante en el municipio. Los temores de los padres de la joven, que consideraban un retroceso su regreso, se han ido confirmando. Desde entonces, la reducción de servicios ha sido paulatina y las carencias se han acentuado. “Sabía que aquí hay ciertas precariedades, pero estamos hablando de derechos, como tener un médico o la educación”, dice.

Los recortes también han afectado a Jiménez como ciudadana. Perdió su trabajo de educadora en la mancomunidad de la Sierra cuando se redujo el personal destinado a la atención de la infancia. Ahora regenta el bar, actividad que compagina con la alcaldía, por lo que no recibe retribución alguna, subraya.

“Y vino el duro septiembre”, así define el comienzo del actual curso escolar. El consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ya lo había anunciado en mayo del año pasado. Se cerrarían las 64 pequeñas escuelas rurales con menos de 10 alumnos. La de Alcoroches estaba entre ellas y cerró. “Nos dijeron que no era viable”, explica. Los ocho pequeños que asistían, también la hija de Jiménez, ahora van al colegio en Checa, un pueblo a siete kilómetros al que se llega por una carretera estrecha y serpenteante. Un traslado para el que no les han facilitado transporte escolar. “Todos somos conscientes de la crisis, pero están aprovechando. Esto lo cierran porque les da la gana. He intentado ser paciente y dialogante”, aumenta el tono de enfado la alcaldesa. Porque tras los servicios, se van los habitantes. “Una de las familias se ha ido, aunque trabajan en el pueblo, para que el niño esté cerca del colegio”, lamenta. En Adobes, municipio de la comarca, temen que en primavera se cierre también su escuela rural. Peligran además, por el número de alumnos, las de Alustante y Tordesilos. “Invitan a la gente a marcharse. Un pueblo sin niños es un pueblo cerrado”, se queja Juana Jiménez, alcaldesa de Adobes. Sin negocio, la única gasolinera del municipio desapareció hace unos meses. Ahora ven amenazadas las urgencias nocturnas a las que tendrían que acudir si necesitan atención médica, situadas en Pobo de Dueñas.

Es mediodía y al bar de Alcoroches llegan como un goteo los clientes. En una mesa, Terencio, de 78 años, toma un café. En un rato, dice, se irá a la casa tutelada, donde los mayores del municipio pasan el día y les dan comida y cena. “También la veo en peligro inminente, hace meses que la Junta no abona su parte”, denuncia Jiménez. “Sin los convenios con la Junta esto es insostenible. Desde que llegué a la alcaldía no han pagado nada”, añade. Ante la pregunta de qué pasará si cierra este centro de día, Terencio responde con otra cuestión: “¿Y dónde nos van a meter? Allí juego a las cartas con los amigos”.

En la barra está Carlos P., de 28 años. “Cabreado”, así es como se siente. Él es uno de los jóvenes del pueblo, pero no descarta marcharse. Trabaja habitualmente en Geacam, empresa pública de la comunidad encargada de la gestión de los montes, pero los meses de invierno —“cuando dicen los mayores que se apagan los incendios”, alerta— no trabaja. Y no sabe con certeza si en la primavera le volverán a contratar. La misma situación vive Alberto Gómez, concejal sin retribución del Pobo de Dueñas. Trabajaba como retén de incendios, en una zona que ha sufrido varios en los últimos años, pero ahora está desempleado. No puede evitar el llanto al relatar su situación y la de muchos de sus vecinos a los que les han quitado la ayuda a la dependencia por los últimos cambios en la valoración, les han retirado asimismo la ayuda a domicilio y la teleasistencia. “Lo más importante en estos momentos es la salud. Y están penalizando a los más débiles, a las personas mayores y los enfermos”, recalca Gómez.

La intención del Gobierno de María Dolores de Cospedal de quitar 21 puntos de atención continuada en Castilla-La Mancha ha movilizado a los habitantes de las zonas rurales. “No recuerdo manifestaciones en el pueblo”, asegura Concepción Ibáñez, vecina de 59 años de Pobo de Dueñas. Pero no han sido las concentraciones lo que ha paralizado el cierre de las urgencias nocturnas, sino la justicia. “Aquí no hay votos, no les importamos”, opina Juana Jiménez.

Para evitar el olvido y abandono institucional del entorno rural en la provincia castellano-manchega, surgió en 2005 La otra Guadalajara, un movimiento ciudadano que reclama inversiones para revitalizar la zona. Aunque todas las medidas que se están tomando van, en opinión de miembros de la plataforma, en sentido contrario. Juan Manuel Monasterio, concejal de IU en Molina de Aragón, pero que se define, sobre todo, como parte de esta asociación civil, cree que “estos movimientos —del tipo Teruel existe— surgen en territorios donde los habitantes se dan cuenta de que la Administración hace dejación de sus funciones. Y reclaman derechos reconocidos por la Constitución que no ven satisfechos”. “Somos ciudadanos de segunda clase”, zanja.

Uno de los participantes de La otra Guadalajara, que prefiere no decir su nombre, cree que se está asistiendo al “exterminio de la comarca”. “Sufrimos varias crisis: la general de todo el mundo, la del ladrillo de España, la de la despoblación que barre nuestro comercio, y la del pánico, cuando pasan estas cosas [cierre de urgencias nocturnas] se transmite que aquí no se puede vivir”, afirma.

Cada recorte aleja a los ciudadanos del Alto Tajo de ver cumplido el plan de revitalización de la zona que pasaba por la construcción del Parador de Molina de Aragón y la puesta en marcha de la fábrica de biomasa de Iberdrola en Corduente. Estos fueron compromisos adquiridos por la Junta tras el terrible incendio que destruyó los montes en 2005. El complejo hotelero no ha comenzado a levantarse. La fábrica, sin embargo, se puso en marcha en 2009. Era la primera instalación de España que utilizaba únicamente residuos forestales para generar energía eléctrica. El pasado 31 de diciembre cesó su actividad. No solo no se crearon los casi 300 empleos prometidos, sino que la docena de trabajadores fueron despedidos.

La empresa explicó que se trataba de “una parada técnica para mejorar su eficiencia”. Iberdrola alegó que la biomasa era una tecnología nueva que necesitaba “ajustes y reenfoques”. Los extrabajadores, los alcaldes y vecinos de la zona opinan que los motivos son otros. Sin la madera que recogían los retenes, que han sido despedidos de la empresa pública Geacam durante el invierno, la fábrica se queda sin materia prima para producir energía.

Un camino de barro lleva a las instalaciones que, sin fecha de reapertura, permanecen vacías. Se trata, dice Belén Pontero, alcaldesa de Cobeta, de un “claro ejemplo de que si falta inversión pública, se destruye también la iniciativa privada”. “Es una pena”, dice mientras observa el edificio donde antes veía oportunidades y ahora, un fantasma.