Redacción Médica: El juicio contra el médico acusado de acceder al historial clínico de un paciente del Sistema Cántabro de Salud (SCS) sin tener su consentimiento, ni motivos sanitarios para hacerlo, se  celebrará el próximo martes, 16 de mayo, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El denunciante sostiene que ha sido víctima de "diversos episodios de acoso" por parte de la mujer del acusado, con la que tuvo una relación, así como por parte de una amiga de ella y del médico. Sostiene que el acceso a su historial clínico fue "continuidad de dicho acoso" y añade que conocer los accesos ilícitos a su historia clínica "agravó el cuadro de ansiedad que venía padeciendo desde que se inició el acoso y que persiste en la actualidad", según señala en su escrito de acusación, fechado en abril de 2016.

La Fiscalía considera que el facultativo incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que pide una pena de dos años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa y un año de suspensión de empleo público por su condición de funcionario del SCS.

Tres años y tres meses

La acusación particular, por su parte, tipifica los hechos como un delito continuado contra la intimidad agravado, y pide tres años y tres meses de cárcel, nueve años de inhabilitación y multa de 50.400 euros; o subsidiariamente, dos años y medio de prisión, seis de inhabilitación y multa de 43.200 euros, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros por un tiempo superior en un año al de la pena de cárcel.

Según el relato del fiscal, el médico, que trabaja en un centro de salud de la comarca de Campoo-Los Valles, accedió al expediente en tres ocasiones, utilizando su número de usuario y su contraseña personal y sin la autorización del afectado, con el que no mantenía relación asistencial alguna.

El juicio iba a celebrarse el pasado mes de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander pero se suspendió. Se volvió a señalar para enero pero no se llegó a celebrar porque la acusación particular plantea un delito que no es competencia de un juzgado de lo penal, sino de la Audiencia Provincial, por lo que hubo que volver a señalarlo.