EL PAÍS: Un total de 47 médicos de la sanidad pública y privada han sido imputados por el cobro de comisiones ilegales desde la empresa Traiber para utilizar prótesis de rodilla, cadera y columna de esta compañía, que también está siendo investigada por comercializar productos caducados y sin los certificados legales en regla. Esto ha obligado a poner bajo vigilancia a más de 6.000 pacientes españoles en los últimos meses. En algunos casos, Traiber vendió prótesis que llevaban más de 10 años caducadas.

Así lo ha hecho público el Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) en un auto hecho público este mediodía, en el que también imputa a una decena de trabajadores de Traiber y a dos facultativos del hospital Santa Tecla de Tarragona, en este caso por ocultar los fallos de calidad de una prótesis de rodilla utilizada en una paciente. También se encuentra entre los investigados el expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona entre 2010 y 2014, Miquel Vilardell.

Las investigaciones en marcha, avanzadas por EL PAÍS hace cuatro meses, suponen el mayor caso de corrupción en las relaciones entre médicos y empresas del sector sanitario destapado en España en las últimas décadas. Los facultativos investigados ejercen en cerca de una treintena de hospitales públicos y clínicas privadas de Cataluña, aunque las prácticas irregulares se extienden por toda España y el extranjero. Así lo ponen de manifiesto las notas de una reunión entre los responsables de Traiber y varias empresas distribuidoras de fuera de Cataluña en la que estas afirman que reservan hasta "el 40% de lo facturado para pagar a los médicos".

El juez Diego Álvarez de Juan basa su escrito en la documentación incautada por la Guardia Civil el pasado 28 de abril en la sede de Traiber, que fue registrada en el marco del caso Innova de corrupción en la sanidad catalana. Los agentes encontraron, entre otros papeles, decenas de fichas en las que los comerciales de la empresa anotaban las comisiones ilegales pagadas a los facultativos por cada prótesis implantada. En una de ellas, por ejemplo, se incluía el acuerdo alcanzado por Traiber con médicos de un hospital privado: "Se establece el pago de royalties para traumas que implanten vía mutuas en 400 euros (14% sobre valor promedio facturado)". Si el paciente no tiene seguro y paga la operación de su bolsillo, las comisiones eran más altas: "Royalties para traumas que implanten vía privado: facturación entre 4.000 y 4.999 euros, 22%; entre 5.000 y 5.599 euros, 24%; superior a 5.600 euros, 25%".

En el resumen de otra reunión con los responsables del hospital público Joan XXIII de Tarragona, el jefe de servicio de Traumatología del centro afirmó al comercial de Traiber: "Como con vosotros no hay el suficiente entendimiento y colaboración, pues compramos a otra empresa". En otro documento, fechado poco después de esta reunión, un médico del Joan XXIII admite que se le "obliga" a utilizar prótesis de Traiber.

Aunque los documentos de Traiber se refieren a los pagos como "royalties" o "colaboraciones", el juez considera acreditado que no existe ninguna evidencia de trabajos de investigación o desarrollo de los productos de Traiber en los que hayan participado los facultativos. Por ello, sostiene el auto, estas anotaciones son "negocios jurídicos simulados que se utilizan para encubrir el pago de comisiones irregulares" a los facultativos.

El pago de supuestos sobornos "coloca a los médicos en una posición criminal y procesal muy delicada", sostiene el juez, que considera que los médicos utilizaron su posición de intermediarios entre la empresa y los hospitales "para lucrarse con sus intervenciones médicas". Esta actuación de los facultativos es especialmente grave para el juez. "Estaríamos ante grandísimos perjuicios económicos para pacientes, aseguradoras y clínicas privadas, y el sistema de salud público", destaca el auto al referirse al "sobrecoste" aplicado a las prótesis para satisfacer los pagos a los médicos.

El juez extiende las acusaciones a dos cargos municipales del Ayuntamiento de Reus (Teresa Gomis y Marc Arza, ambos de Convergència y también imputados), que presionaron al hospital municipal para que adquiriera las prótesis de Traiber. "Aquí no se presionó o pagó para poner las mejores prótesis", suscribe el juez, "sino para colocar prótesis caducadas o en mal estado". "No solo es un problema de corrupción, sino que como consecuencia de la corrupción (política y de particulares) se pone en grave riesgo la salud de los ciudadanos. Aquí está en juego un bien esencial de la sociedad: la salud", remacha el auto.

Tras el análisis de las diligencias de investigación de la Guardia Civil de la Comandancia de Tarragona, que actúa como policía judicial, el juez considera que hay indicios suficientes para imputar a los investigados por los delitos de prevaricación, malversación, alteración del precio en concursos públicos, tráfico de influencias, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, estafa, corrupción entre particulares, falsedad documental, contra la salud pública y blanqueo de capitales.

Entre todos los casos bajo investigación el juez destaca dos. El primero es el de los facultativos Tomás Sinarte Moreno y Alejandro Fernández Domingo, que aceptaron que Traiber les pagara un viaje a Egipto junto a sus esposas. En la documentación interna de la empresa, la factura del viaje tenía una nota manuscrita en la que podía leerse "regalía a los Drs para tapar la boca por fallo en el cotilo". Según el auto, "este pago es, tal vez, el más gravoso de todos ya que [...]Traiber no solo pagó comisiones a médicos para que pusiesen sus productos, sino que hay indicios de que lo hizo para que estos 'mantuviesen la boca cerrada' cuando descubrían deficiencias técnicas en las prótesis". Otro caso relevante es el de los facultativos Antonio Buñuel Viñau y Miguel Josep Bel Llop, también imputados, quienes "realizaron una intervención a un paciente del Hospital Santa Tecla con una prótesis de Traiber en mal estado en mayo de 2014", un año antes de destaparse el caso, y sin embargo no alertaron de ello a las autoridades sanitarias.

Los médicos investigados trabajan en una treintena de hospitales públicos y privados catalanes. Entre los primeros destacan el Joan XXIII de Tarragona, el Parc Taulí de Sabadell, el Sant Pau y el Clínic de Barcelona, el Sant Joan de Reus, el Josep Trueta de Girona y el de Viladecans. Entre los privados hay más de una decena de clínicas privadas como la Tres Torres, Plató, Teknon, Pilar y Esperit Sant.