EL PAÍS: Hospitales de Madrid emitieron, y en muchos casos llegaron a cobrar, facturas irregulares a cientos de inmigrantes sin papeles que tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 16/2012 perdieron el acceso a la sanidad pública. Esta norma contempla tres supuestos —urgencia por enfermedad grave, embarazadas y menores de 18 años— que obligan a los centros públicos a atender gratis a los extranjeros. Sin embargo, la ONG Médicos del Mundo ha recibido desde abril de 2012 a 556 personas sin documentos que, cumpliendo estas características, recibieron, y algunas pagaron, facturas irregulares.

Como se encontraba mal, Rosa, georgiana de 21 años, tomó la decisión, aun sin tarjeta sanitaria, de presentarse en el servicio de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz una noche del pasado marzo. Tenía la rodilla inflamada y le cambiaba de color, y por la atención médica pagó 114,31 euros. Rosa —que fue atendida en urgencias y por tanto su atención no debió ser facturada— es uno de los 556 casos de la Comunidad de Madrid registrados por la ONG Médicos del Mundo en los que hospitales y centros de salud de Madrid emitieron y cobraron facturas irregulares a sin papeles.

Rosa también es una de los 39.000 inmigrantes sin documentos que tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 16/2012 perdieron el acceso a la sanidad pública gratuita en Madrid. Ella acudió a Médicos del Mundo el 23 de marzo. Esta ONG puso una denuncia ante el Defensor del Pueblo de forma anónima, y después de completar la documentación necesaria para que la institución continúe con el proceso —adjuntaron la factura—, Rosa está a la espera de una respuesta.

Responsables de la Consejería de Sanidad afirman que enviaron instrucciones especificando cómo se debían atender los distintos casos. “Se colgaron en la intranet [del servicio de salud], pero pudo haber alguna disfunción en la comunicación interna. Es posible que se produzcan ineficiencias en hospitales tan grandes”, dice un responsable de Sanidad.

Algunos trabajadores de los hospitales se quejan de que en los centros no recibieron la documentación necesaria para entender los supuestos. “El papel de la Consejería de Sanidad fue insuficiente. Para mí, se emitieron facturas irregulares para evitar que entrara más gente en el sistema de salud”, afirma Concha Gutiérrez, trabajadora social en el Hospital Clínico desde hace 30 años.

Gutiérrez dice que hizo lo posible por enterarse de los requisitos que establece el decreto. “Las instrucciones eran confusas. Los centros abandonan a los pacientes que llegan a urgencias cuando reciben el alta hospitalaria, pero deberían tratarlos hasta que reciben el alta médica. El alta hospitalaria no significa que estén curados”, explica.

La falta de información provocó que a cientos de inmigrantes que acudían al servicio de urgencias les facturasen la atención. Médicos del Mundo recibió a sin papeles que habían sufrido este problema en el hospital de Alcorcón, en el de Fuenlabrada, en el de Alcalá de Henares, en el Infanta Leonor, en el Gregorio Marañón, en el 12 de Octubre, en la Fundación Jiménez Díaz, en el Puerta de Hierro de Majadahonda, en el Gómez Ulla, en La Princesa y en el Infanta Leonor.
Una de los sin papeles fue Jacqueline Rodríguez (nombre ficticio), que recibió una factura de 180 euros tras asistir al servicio de urgencias del Gregorio Marañón para tratar un cáncer. “Si no presentas la tarjeta sanitaria se emite una factura de manera automática. La forma de evitar esto sería que los inmigrantes sin papeles presentasen un carné que demuestre que su situación es irregular para que en los supuestos que contempla el decreto ley no se emita una factura”, explica Enrique Normand, exdiputado de UPyD en la Asamblea.

Cuando Rodríguez recibió la factura acudió a Médicos del Mundo para que le aconsejasen qué hacer. La ONG intercedió para que se anulase el recibo y Rodríguez no tuvo que pagarlo. Dos meses después, cuando tuvo una recaída, volvió a que le practicaran una traqueotomía, pero no quisieron hacerle el seguimiento porque no tenía tarjeta sanitaria. Médicos del Mundo habló con la trabajadora social del hospital y consiguió que le diesen cita para que continuase su tratamiento.
Arroyo y Rodríguez son parte de los 556 sin papeles que acudieron a esta ONG después de perder el carné sanitario. “Los hospitales no sabían en qué casos tenían que atender gratis a los inmigrantes. Es imposible saber a cuántos más se le ha cobrado la atención porque no todos se quejan”, dice Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo en Madrid. “La Comunidad emitió unas instrucciones que no explicaban bien cuándo se debía prestar atención gratuita”, se queja Safira Cantos, coordinadora en Madrid de Amnistía Internacional.

Tras la implantación del decreto, la primera posibilidad que se dio a los inmigrantes para acceder al sistema público fue suscribir un convenio por el que pagaban 60 euros al mes si tenían entre 18 y 64 años, y 157 si eran mayores de 64. En 2013 solo se inscribieron 47 personas, y en febrero de 2014 el número era de 115, según los datos que Sanidad facilitó a Amnistía Internacional. “No tiene sentido poner un precio superior al de muchos seguros privados. Más que una solución, parece una medida para incentivar la sanidad privada”, opina Espinel.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, abogó el viernes por entregar en los próximos meses a los sin papeles un tipo de documento diferente a la tarjeta sanitaria para utilizar solamente en la región. Cifuentes no especificó las condiciones que deberán cumplir los inmigrantes para conseguirlo.