PeriódicoCLM: El centro de salud de la localidad toledana de Santa Olalla se convertía el pasado jueves por la noche en escenario de una nueva agresión a un profesional sanitario. El caso más grave, un médico que fue golpeado y sufrió diversas heridas.

Este suceso tenía lugar minutos antes de las doce de la noche, cuando un grupo compuesto por cinco personas de una misma familia, que se encontraban acompañando a una menor que había sido atendida en el propio centro, irrumpían en la consulta de guardia profiriendo insultos y amenazas, y acababan golpeando al médico. Golpes que ocasionaban al facultativo un hematoma en el pómulo y daños en una de las córneas.

Lesiones de las que fue atendido en un primer momento por los servicios de emergencia del 112, acudiendo posteriormente por sus propios medios hasta el hospital talaverano de Nuestra Señora del Prado.

Aunque fue el que se llevó la peor parte, el médico no fue el último agredido por este grupo, puesto que también fueron insultadas y zarandeadas la médico residente y la enfermera del turno de guardia.

Al parecer, según relata La Voz de Talavera, los presuntos agresores son miembros de una familia muy conocida en Santa Olalla y sus alrededores.

Los hechos se habrían producido cuando el personal sanitario se encontraba atendiendo a una joven que presentaba una intoxicación etílica. Una consulta que tuvo que ser suspendida ante la interrupción en el centro de este grupo de cinco personas, familiares de una menor de edad que se encuentra embarazada de 38 semanas y que ha sido tratada en el centro de salud con una evolución normal.

Según este relato, horas antes la menor había acudido a consulta y no se había observado ninguna anomalía para el avanzado estado de gestación.

Posteriormente, se habría sentido indispuesta y por ello la menor y sus familiares acudieron de nuevo al centro de salud durante el turno de guardia, pidiendo explicaciones al médico y al resto del personal, reclamando una atención inmediata.

Una situación que derivó en la agresión a los profesionales sanitarios, ante la que el facultativo ha anunciado ya que interpondrá una denuncia.

CONDENA UNÁNIME

Una nueva agresión ante la que el Gobierno regional ha mostrado su más absoluta repulsa, y confirma que se personará como acusación particular en el caso de apertura de un procedimiento judicial tras este deleznable suceso.

Desde el Ejecutivo castellano-manchego subrayan su claro rechazo a la violencia, sea de la naturaleza que sea, y han ofrecido todo su apoyo y solidaridad tanto a los profesionales agredidos, como a sus familias y a sus compañeros del centro de salud, al tiempo que se les ha ofrecido el asesoramiento legal y el soporte jurídico y administrativo que precisen en estos momentos.

En este sentido, desde la Junta recuerdan el plan específico con el que cuenta el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en caso de agresiones. El denominado Plan Perseo tiene como objetivo actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de esta naturaleza.

Asimismo, señalan que el Gobierno, a través del Sescam, se encuentra en contacto permanente con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno, así como con la Gerencia del Área de Atención Integrada de Talavera de la Reina, para la que trabajan los facultativos agredidos, y con el Colegio de Médicos.

Del mismo modo también han condenado la agresión desde la Junta de Personal de la Gerencia de Área Integrada de Talavera, el Colegio de Médicos de Toledo y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que en sendas nota de prensa han mostrado su repulsa por la agresión.

Comunicados en los que han denunciado la "pasividad" del Sescam, en el caso de la Junta de Personal de Talavera, así como la necesidad de denunciar siempre estos hechos, como ha afirmado el Colegio de Médicos, mientras que CSIF ha propuesto que se elabore un protocolo eficaz para evitar estas situaciones.

La Junta de Personal del Área Integrada de Talavera ha demandado medidas de prevención "urgentes" y ha resaltado que "los recortes, la desesperación de los pacientes y las campañas institucionales" que, a su juicio, "falsean y enmascaran la realidad sanitaria", aumentan el riesgo de que se produzcan agresiones en los centros sanitarios.

Además, ha asegurado que ha reclamado "hasta la extenuación" medidas para paliar estas situaciones y, al mismo tiempo, ha acusado al Sescam de "ineficacia e ineptitud para proteger a sus profesionales".

Del mismo modo, ha resaltado que el Servicio de Salud regional está actuando con "pasividad y connivencia" al no establecer, en su opinión, un plan de prevención de agresiones y al no adoptar medidas urgentes para garantizar la integridad del personal sanitario.

También ha exigido la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud del Sescam para adoptar medidas inmediatas que den una protección real y eficaz a los profesionales, "evitando que estas salvajes agresiones vuelvan a ocurrir".

Por su parte, el Colegio de Médicos ha expresado "toda la solidaridad del colectivo médico de la provincia" con los compañeros agredidos en Santa Olalla, y ha vuelto a condenar este tipo de hechos que constituyen "una auténtica lacra que empaña las relaciones médico-paciente y un delito de atentado contra la autoridad".

La institución colegial toledana ha remarcado la necesidad de denunciar "siempre" estas agresiones llevadas a cabo por los propios pacientes o familiares que ponen en riesgo la seguridad que debe presidir la asistencia sanitaria.

En la misma línea, ha pedido a las autoridades políticas y sanitarias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que sigan trabajando para garantizar que los sanitarios ejerzan su labor en las condiciones de máxima seguridad y en trasladar a la sociedad la idea de la tolerancia cero a las agresiones a sanitarios".

CSIF, a su vez, ha incidido en la necesaria prevención de este tipo de hechos y ha pedido al Sescam, una vez más, que dote a los centros sanitarios de más medidas de seguridad para proteger a los profesionales.

En este sentido, el sindicato ha lamentado la falta de medios para evitar estas situaciones, como la falta de cámaras de vigilancia y vigilantes jurados, la adaptación de los sitios de trabajo para abandonarlos con rapidez frente a una agresión o la implantación del denominado botón del pánico.