infoLibre: Poco a poco, casi a cuentagotas, el PP de Alberto Núñez Feijóo, que sigue simultaneando su dedicación al partido en la calle Génova con sus responsabilidades como presidente de la Xunta, va desvelando detalles de su proyecto político. Este viernes trasladará a Pedro Sánchez su propio plan para atajar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania —aunque su partido mantiene que en realidad el conflicto sólo ha empeorado una situación que ya era muy mala antes de que Vladímir Putin decidiese someter a su vecino—, del que ya conocemos la propuesta para rebajar impuestos.     

El plan incluye una reducción de lo que el PP llama el “gasto superfluo” de la administración en una proporción que todavía no ha revelado. De hecho, para curarse en salud, lo que Feijóo propone no es, al menos de momento, un sector concreto que sería víctima de los recortes sino encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la realización de una auditoría para identificar dónde se puede meter la tijera.

En el marco de esa política de reducción de gasto es donde el PP propone acudir a las llamadas “colaboraciones público-privadas”. Bajo esta denominación se esconde la política de explotación de servicios públicos como infraestructuras, hospitales, escuelas y otros que pasan a ser gestionados por empresas privadas bajo criterios de rentabilidad y normalmente en régimen de concesión.

La lista de potenciales servicios es casi inagotable. Algunos países ya han ensayado ese modelo para gestionar hasta las prisiones. En España no faltan voces que proponen aplicarlo incluso a la gestión de las compras de armamento en las Fuerzas Armadas.

El formato puede variar. A veces adopta la forma de contrato de servicios, otras de sociedad mixta o de concesión. Pero el objetivo es el mismo: dejar en manos privadas la gestión de materias que tradicionalmente han venido desempeñando las administraciones públicas, desde el suministro de agua a la educación.

En España han hecho fortuna en la administración central y en las Comunidades Autónomas en nombre de la eficiencia y con el argumento de que la gestión resulta mucho más ágil cuando se lleva a cabo desde lo privado. Son, en última instancia, un mecanismo de privatización de los servicios públicos muy codiciado por grandes grupos de inversión, muchos de ellos de capital internacional. 

Las colaboraciones público-privadas a menudo acaban teniendo consecuencias negativas para los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados del sector, empeoran la calidad del servicio prestado y dificultan la fiscalización del uso del dinero público. Así lo han venido denunciando durante décadas los sindicatos y, en general, las formaciones de izquierdas, aunque el PSOE también ha recurrido a esta fórmula.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, que también es el número dos del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, confirmó esta apuesta en una entrevista concedida a la cadena COPE, propiedad de los obispos católicos españoles. Cuando el entrevistador le preguntó de dónde piensa el PP restar gasto público, respondió: “Hay que recortar en todo lo superfluo”. “Sobra aparato administrativo y hay que apostar más por la colaboración público-privada. El modelo que hemos aplicado aquí [en Andalucía] ha funcionado y puede extenderse al conjunto de nuestro país”, añadió. “Es muy posible y es factible una reducción administrativa del peso burocrático que tiene el Ejecutivo”.

El derroche del Gobierno

El PP de Feijóo, igual que el de Pablo Casado, ha puesto el punto de mira en la denuncia del supuesto derroche del Gobierno poniendo el foco en el número de ministros. “Ahora mismo tenemos un Gobierno que parecen dos equipos de futbol: 23 ministros. ¿Qué sucede aquí? Yo creo que reducir ministerios en primer lugar supondría reducir directivos, personal eventual y gasto. En Andalucia lo hicimos cuando llegamos,. Redujimos eventuales y número de consejerías. Se puede hacer más con menos”, remarcó. 

El tamaño del gobierno actual responde, según Bendodo, a la necesidad de Sánchez de hacer “equilibrios” entre el PSOE y Unidas Podemos. “Me parece una absoluta barbaridad. Creemos que se puede reducir, optimizar mejor dicho”, para compensar las bajadas de impuestos. Porque el PP de Feijóo sigue en la máxima neoliberal que repetía Casado: “La clave es bajar impuestos y apostar por las empresas para aumentar la recaudación”. Algo que según él ha conseguido Juanma Moreno: “En Andalucía hemos bajado todos los impuestos y gracias a eso hemos recaudado más porque aumenta el número de contribuyentes. En tres años y medio de gobierno hemos sumado 280.000 contribuyentes más y 925 millones de euros más de recaudación”.

El PP trasladará su propuesta completa a Pedro Sánchez y, si el Gobierno insiste en rechazarla, la propondrá en el Congreso en busca del apoyo de otros partidos. Lo confirmó el también consejero andaluz y dirigente del PP nacional Juan Bravo, en su caso en una entrevista en RNE. Con sus medidas fiscales, Feijóo calcula que sería posible devolver a los ciudadanos entre 7.500 y 10.000 millones, mucho más de lo que, según sus cálculos, va a recaudar adicionalmente el Gobierno este año. 

Y no estaría en peligro, afirmó, el dinero que hará falta para pagar el incremento de las pensiones como consecuencia de la inflación porque, en línea con los recortes a los que apuntaba Bendodo, “hay margen de ahorro en el gasto político. Si se pide esfuerzo al empresario”, razonó, “el Estado también tiene que ser quien dé ejemplo”. Y no dudó en comparar a las eléctricas, compañías privadas, con el Estado. Igual que “las eléctricas, el Gobierno también están recibiendo ingresos extraordinarios”, argumentó.

El PP mantiene su estrategia en centrar el debate en los impuestos. “La prioridad de los ciudadanos es la crisis económica. En eso está el PP y es lo que parece que ha trastocado los planes del PSOE y de la Moncloa”, se aventuró a decir Bendodo. Lo urgente, subrayó, es la “racionalización del gasto burocrático”, el “rediseño” de los fondos europeos de recuperación para que empresas y autonómos puedan beneficiarse directamente de ellos, la aprobación de “reformas estructurales” para “incentivar la actividad” económica y la bajada de impuestos “selectiva, inmediata y temporal” que se ha convertido en la carta de presentación de Feijóo. 

El número tres de Génova admitió, no obstante, que ahora mismo no es posible llegar a cabo una “bajada generalizada” de impuestos, que es lo que le gustaría. “Entendemos que el Estado también tiene que sostener su ingresos” y “que la situación es excepcional”. Si “hubiera margen”, precisó, el PP la haría “definitiva”. Pero “hay que ser equilibrados. Hay que mantener los ingresos para mantener los servicios públicos”.