PÚBLICO: El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo. Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.

Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.

Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.

Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.

Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.

Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.

Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.

La asociación considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.

La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.
Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.

En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta la ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.