EL PLURAL: La Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro sistema de servicios públicos, especialmente el de Sanidad. La falta de recursos y de profesionales que gestionan una crisis sanitaria de la envergadura a la nos enfrentamos requiere del apoyo de la administración. Un apoyo que no termina de llegar.

La presión hospitalaria se encuentra al límite de su capacidad, siendo La Rioja y la Comunidad de Madrid, donde uno de cada tres ingresados es por Covid, las comunidades que arrojan peores datos. Es por eso que muchos pacientes, desesperados, han decidido acudir a la sanidad privada en busca de soluciones que pongan fin a sus dolencias. “Debido a la naturaleza de la crisis, la preocupación por la salud en uno de las temas que más han aumentado durante estos meses. La demanda de seguros de salud se incrementó desde el mes de junio, fundamentalmente por parte de los clientes particulares”, explica a El Plural, una portavoz de Mapfre.

De hecho, desde esta entidad privada han detectado, como explican a este periódico, “un crecimiento de la plataforma digital de salud de Mapfre, "Savia", que recibió durante el confinamiento más de 2.000 consultas diarias relacionadas con la Covid-19 y otros temas de salud, sumando un total de cerca de 120.000 consultas online y registrando más de 50.000 nuevos usuarios. Del mismo modo, aumentó el uso del chat médico, durante el periodo de marzo a mayo, se prestaron cerca de 120.000 servicios, incrementándose su utilización un 200 por cien”. En definitiva se trata de un desembolso extra para las familias que puede oscilar entre los 25 y 200 euros mensuales por persona.

Reclamaciones al Estado

Durante los peores momentos de la pandemia, la sanidad privada ha ocupado aquellos espacios  que las sanidad pública, debido a la falta de medios, no ha podido gestionar. Durante meses de marzo y abril,  el 42 por ciento de los hospitales generales privados asumieron cerca del 20 por ciento de los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19 y el 14 por ciento de los ingresos en UCI, según los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.

Ahora, la patronal, Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), -que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80 por ciento de los centros hospitalarios privados- plantea si las pérdidas que ha sufrido el sector durante la pandemia son atribuibles o no a las administraciones.

Concretamente, Aspe considera que la inacción preventiva o las medidas tardías, entre otros factores, condujeron a los centros privados a la pérdida de ingresos y a elevar costes que consideran innecesarios. Es por ello que, desde esta entidad, se plantean solicitar una indemnización integral al Gobierno. Además, en este periodo de rebrote, desde la entidad aseguran que, como entonces, los centros privados ofrecerá colaboración a los hospitales públicos, aunque con un acuerdo claro y un plan de coordinación previo que ha de concretarse con el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, Aspe, en este contexto, también plante la necesidad de acelerar las homologaciones de títulos para agilizar la contratación de profesionales sanitarios extranjeros; permitir la contratación de estudiantes de último año mientras dure la pandemia y ampliar las posibilidades de los hospitales privados respecto a MIR y prácticas en sanidad, entre otras medidas.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, las más afectada por el rebrote y que actualmente se encuentra en el punto de mira debido a la gestión de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto, in extremis, dotar a Ifema - hospital de campaña- de médicos especialistas retribuidos que pidan de manera voluntaria su traslado temporal a estas instalaciones, a diferencia de lo que ocurrió en el mes de marzo, cuando los sanitarios que trabajaron en el hospital procedían principalmente de los centros de atención primaria.