EL PAÍS: La Comunidad de Madrid mantiene como asesor en la Consejería de Sanidad a Antonio Burgueño, destituido el pasado 13 de febrero como director general de hospitales. Burgueño es el ideólogo del modelo Alzira y por extensión del proyecto de privatización de la gestión de seis hospitales de la red pública madrileña. El Gobierno regional (PP) pretendía aplicarlo en esta legislatura y, aunque ha renunciado a hacerlo antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, no descarta retomarlo en el futuro en el caso de seguir en el poder.

Con el cese de Burgueño y de Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad con Javier Fernández-Lasquetty, el actual responsable de la cartera, Francisco Javier Rodríguez, marcó aparentemente distancias respecto a la cúpula sanitaria que con tanto ahínco defendió la extensión del modelo Alzira, que se aplica a los hospitales de Móstoles, Valdemoro y Torrejón de Ardoz.

Así, Rodríguez cambió a Burgueño por Mariano Alcaraz, cuyo último cargo fue el de director médico del Puerta de Hierro. Antes, había desempeñado el cargo de gerente del Hospital de Cruz Roja. El reemplazo de Flores fue Javier Maldonado, gerente del Ramón y Cajal. Previamente había desempeñado el cargo de director médico en La Paz. Al revés que Burgueño, Flores es funcionaria de carrera, especializada en Economía. No en Medicina.

La reticencia del Ejecutivo autonómico a desprenderse de Burgueño y, en cambio, buscarle acomodo como asesor en la sanidad pública —según diversas estimaciones, en su nuevo cargo cobra unos 3.000 euros netos, frente a los 5.000 como director general— choca con la visión que se tiene de él en el sector, donde le consideran un “caballo de Troya” de la sanidad privada en la región. Burgueño fue director asistencial de la aseguradora Adeslas (1990-2001) y uno de los padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), inaugurado en 1999.

Después de su paso por el centro de Alzira, Burgueño fue coordinador de las acciones sanitarias de la Xunta de Galicia en Argentina y Uruguay. De nuevo en España, participó en la apertura a finales de 2007 del hospital de Valdemoro, el primero en Madrid que copiaba el modelo iniciado en Valencia, y con el que se ensayaba la cesión de la gestión hospitalaria a las compañías adjudicatarias. Su aplicación se extendió posteriormente a los hospitales de Torrejón de Ardoz, abierto en septiembre de 2011, y el de Móstoles, inaugurado en marzo de 2012.

Para entonces, Burgueño ya era el director general de los hospitales de la región. Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, le nombró en junio de 2008 para el puesto que ocupó durante cinco años y medio. En su etapa como director, la Comunidad adjudicó a Ribera Salud el hospital de Torrejón —Sanitas compró la mitad— y a Capio el de Móstoles. También el de Collado Villalba, que estaba previsto abrir en 2011 y, pese a estar construido, permanece cerrado por la falta de presupuesto. Aun así, cuesta 900.000 euros por cada mes que permanece cerrado: el Ejecutivo madrileño está obligado a pagar el canon a Capio, que tras construirlo lo gestionará durante 30 años.

La permanencia de Burgueño en la Consejería de Sanidad contradice el perfil conciliador de Rodríguez. Tras jurar el cargo el 28 de enero, el reemplazo de Lasquetty ha dedicado buena parte de su tiempo a mejorar las maltrechas relaciones con los profesionales del sector. Estas estaban mermadas tras 15 meses de conflicto. Rodríguez no oculta un cambio de discurso que resulta en cierto modo contradictorio tras la defensa cerrada que el nuevo consejero realizó de la privatización en su etapa como portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea.

Tanto en el partido como en el Ejecutivo autonómico subrayan que Rodríguez es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, mientras que Lasquetty estudió Derecho y Políticas y su figura estaba más “ideologizada” tras su paso por la Fundación Faes, el think tank neoliberal cercano a Génova. No obstante, la presencia de Burgueño emborrona el nuevo perfil, más amable, por el que ha apostado el Gobierno de González a 15 meses de las elecciones autonómicas.