Exigen al Gobierno evaluar el impacto en la salud de los recortes en presupuesto sanitario

Acta Sanitaria: El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados a través de la que exige al Gobierno “una evaluación del impacto sobre la salud de los recortes en el presupuesto sanitario, en servicios sociales, y de las políticas laborales y económicas”.


Los encargados de llevar a cabo la presentación de esta PNL fueron el portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, Jesús María Fernández, y la secretaria adjunta de este grupo parlamentario, Marisol Pérez Domínguez. “Hay instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han alertado sobre los efectos”, manifestó el primero.

“No solamente sobre la mortalidad, sino también sobre los determinantes de la salud, como el desempleo, la peor nutrición, que llevan a un incremento de la mortalidad a medio y largo plazo”, continuó Jesús María Fernández, que añadió que “también sociedades españolas, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), han estado alertando estos últimos años sobre los efectos de la pobreza infantil generada por esta crisis sobre la salud de niños y niñas”.

Según manifestaron los socialistas, en la referida iniciativa se aportan “datos tanto de organismos internacionales, como nacionales, que documentan la repercusión de la crisis en la Salud Pública”. “Se denuncia que, a preguntas del Grupo Socialista, el Ministerio ha venido a contestar con evasivas que no tienen más sentido que enmascarar que el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna de estas evaluaciones del impacto en salud de las políticas públicas, aún siendo conscientes de que muchas de sus decisiones durante los últimos años tienen un evidente efecto en términos de Salud Pública”.

Ante lo expuesto, Fernández y Marisol Pérez Domínguez señalaron que el objetivo de la citada PNL es “que el Congreso inste al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, los estudios necesarios para una correcta evaluación del impacto que la crisis económica ha tenido sobre la salud, y a presentar el resultado de dicha evaluación ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales“.


 

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