Tras la llegada del nuevo Gobierno, las promesas para "recuperar la sanidad universal" parecen materializarse pero la lista de personas excluidas de la asistencia sanitaria normalizada continúa en aumento. Esta es la razón que ha empujado la creación del Colectivo de Afectadas por el INSS, un grupo de personas organizadas para denunciar que el Instituto Nacional de Seguridad Social está "denegando sistemáticamente la tarjeta sanitaria a padres y madres de ciudadanos con permiso de residencia en España".

 El decreto ley 16/2012 de la exclusión sanitaria, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a derogar, además de retirar la asistencia normalizada a migrantes en situación irregular, afectó también a algunas personas que residen de manera legal en el país, entre ellas a muchos ascendientes que fueron reagrupados por sus familiares, como lleva años denunciando el colectivo Yo Sí Sanidad Universal.

Ahora, con el apoyo de Yo sí, son los propios afectados y sus familiares los que han formado una plataforma para denunciar los "incumplimientos de la normativa vigente" perpetrados por el INSS. Se unen también para mantenerse alerta ante la nueva normativa en la que trabaja el Ejectivo socialista para acabar con la exclusión sanitaria, por ello piden que su redacción "no dé lugar a la arbitrariedad en su aplicación". La discrecionalidad derivada de la regulación anterior es la que, apuntan, ha dejado a aún más personas sin acceso al sistema de salud público de las que establecía el Real Decreto. 

"El INNS incumple la normativa española pues las personas con permiso de residencia en España tienen derecho a asistencia sanitaria a través del sistema público de salud", han recordado durante la presentación del colectivo. "La aplicación de la ley está yendo más allá y está teniendo consecuencias muy negativas, para, por ejemplo, nuestros padres y madres que se están quedando fuera de la sanidad universal", ha explicado Patricia Forero, una de las integrantes.

Pero las afectadas y las juristas de Yo Sí no son las únicas personas que tachan de irregular la interpretación que la Seguridad Social está realizando para denegar la tarjeta sanitaria a muchos madres y padres reagrupados en España. Desde 2014, más de 40 sentencias han dado la razón a estas familias  en ocho comunidades autónomas diferentes.

A pesar de las condenas contra el INSS, denuncian desde el colectivo, el modus operandi de la Seguridad Social no ha cambiado ni un ápice. El cambio de Gobierno tampoco ha evitado las sistemáticas denegaciones de las tarjetas sanitarias a decenas de madres y padres migrantes con residencia regular en España. "Hace dos días tuvimos que realizar un nuevo acompañamiento a Gladis, una mujer cuya madre es diabética y necesitaba un tratamiento urgente. La compañera de administración se negaba a darle de alta en el sistema, hasta que finalmente, después de insistir y presentar una serie de documentción, se le permitió", ejemplifica Olga Lucía Rodríguez, una de las integrantes del colectivo. 

Olga Lucía también sufrió ese misma "película de terror" de la que ahora ayuda a salir a todo afectado que acude al recién presentado colectivo. La mujer de origen colombiano reside en España desde hace 20 años y cuenta con la nacionalidad española. "Mi historia como afectada empezó hace cuatro años, cuando mis padres vinieron a residir a España por reagrupación familiar", detalla Rodríguez. "La primera vez que acompañó a su madre a un centro de salud para solicitar su tarjeta sanitaria, relata, se la denegaron. "Me dijeron verbalmente que no tenía derecho de acuerdo al Real Decreto 16/2012", recuerda la mujer. Entonces, comenzó el periplo de reclamación tras reclamación ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, pero todas terminaban en negativas.

"Me instaron a ir a contratar un seguro médico en la Comunidad de Madrid, que costaba 179 euros por mes y tenía varias carencias: si necesitaba medicamentos, hopitalización o aparatos ortopédicos, no estarían cubiertos", detalla Olga Lucía. "Al ver que no podíamos asumirlo por la economía familiar decidimos no contratarlo". Dos años después, su madre enfermó. "Investigamos y nos encontramos con Yo Sí Sanidad Universal, con su apoyo supimos que sí teníamos derecho", sostiene Rodríguez. A través de la asistencia jurídica del colectivo, tras varias reclamaciones rechazadas, los afectados interpusieron una denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid. Les dieron la razón.

"En ese proceso, a mi madre le denegaron la residencia en España, aunque fuinalmente la recuperó al presentar la sentencia", afirma Olga Lucía. Tampoco es la única. Cuando el INSS deniega la tarjeta sanitaria a una persona reagrupada en  España, la Seguridad Social avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos de residencia, tal y como adelantó eldiario.es.

"EL INSS, traspasando loslímites morales, éticos y administrativos, comunica a la Delegación de las personas que les denuncia, con el resultado de que Extranjería incoa expedientes para retirar los eprmisos de residencia a las personas que denuncian a la Seguridad Social", denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal. 

En esta línea, el Colectivo de Afectadas por el INSS ha solicitado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el "regreso del INSS a la legalidad" para que "cese la denegación de la tarjeta sanitaria a las personas que, de acuerdo con la ley, deberían tenerla".

También piden a la titular de Sanidad, Carmen Montón, que la normativa en la que trabaja el Gobierno para acabar con la exclusión sanitaria "tenga en cuenta que hay personas que han quedado excluidas por la interpretación que se ha hecho de la norma actual, o por regulaciones posteriores al Real Decreto 16/2012". En este sentido, apuntan, "se hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a la arbitrariedad de la aplicación". 

Por último, el colectivo exige a la Delegación del Gobierno que "cesen en la amenaza de retirar el permiso de residencia a las personas que reclaman su tarjeta sanitaria en el Instituto Nacional de Seguridad Social". 

Patricia Forera, una de afectadas que han iniciado un largo proceso para exigir el derecho a la salud de sus padres. Durante su batalla judicial contra el INSS, el Gobierno denegó la residencia en el país a su padre y a su madre, de 73 y 66 años. La mujer lo considera un "castigo" por "atreverse a denunciar". 

 "¿Por qué esta injusticia? Mis padres hacen su vida en España, cuidan a sus nietos, gastan el dinero de su jubilación aquí, tienen a sus hijos aquí,  está claro que sin su salud no podrán seguir viviendo en este país. ¿Por qué me arrebatan a mis padres y les quitan a los abuelos a sus hijos?", se pregunta con rabia Patricia. "Tristes pero esperanzados, seguimos el camino".