nuevatribuna.es: El pasado domingo 12 de diciembre volví a manifestarme una vez más junto a miles de ciudadanos en defensa de un servicio público esencial en un estado social y democrático, el servicio sanitario público.

Esta vez bajo el lema “SALVEMOS LA ATENCIÓN PRIMARIA” la convocatoria llevada a cabo por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública junto a casi un centenar de organizaciones, ponía de manifiesto la difícil situación que nuestra Atención Primaria afronta en el conjunto del Estado y que es agónica en bastantes Comunidades Autónomas, exigiendo por ello a todas las Administraciones Públicas tomen de manera urgente las medidas necesarias para evitar el desmoronamiento irreversible de un pilar básico de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Que el sistema sanitario público español ha ido perdiendo paulatinamente su fortaleza de años atrás, que le hacían ser considerado uno de los mejores del mundo, es una realidad difícilmente rebatible.

Las políticas neoliberales imperantes en la mayor parte de los países europeos y también en España no facilitaban las acciones necesarias para su mejora y desarrollo; la política austericida puesta en marcha tras la crisis del 2008 supuso asestar un golpe brutal a los servicios públicos.

Los gobiernos del Sr. Rajoy siguieron al pie de la letra e incluso endurecieron la política marcada por la Sra. Merkel, y los recortes que se aplicaron a la sanidad y educación pública fueron brutales.

El deterioro fue evidente en todos los territorios del Estado, pero fue mucho más intenso y grave allí donde se habían iniciado antes procesos salvajes de privatización, repletos de despilfarro, falta de control y prácticas irregulares y corruptas.

La Comunidad de Madrid así como la valenciana han sido los dos casos paradigmáticos de esa política sanitaria de expolio y destrucción de la sanidad pública.

La pandemia mostró con total crudeza la situación de extrema debilidad de nuestro sistema sanitario público. Las mentiras que algunos gobernantes reiteraban sobre la excelencia y fortaleza de las instituciones sanitarias y las bondades de la colaboración público-privada, quedaron al descubierto.

Por vivir en Madrid pude comprobar junto al resto de ciudadanos de nuestra Comunidad cómo a pesar de contar con muchos hospitales y Centros de Salud, la realidad mostró que todos ellos tenían carencias muy graves tanto en recursos humanos como en medios materiales. La restricción de recursos a los centros públicos llevada a cabo desde hace más de una década se hizo visible con total crudeza.

No obstante, fueron esos centros públicos maltratados y expoliados por los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid quienes afrontaron la pandemia, fueron sus profesionales y trabajadores quienes se expusieron trabajando sin descanso, tratando de evitar el mayor número de muertes posible.

El único reconocimiento que han recibido de sus más altos responsables sanitarios han sido palabras huecas llenas de cinismo y la continuación de contratos precarios que han llevado a muchos profesionales a marcharse a otros territorios que les proporcionaban contratos más estables.

La pandemia y sus gravísimas consecuencias sanitarias, económicas y sociales provocó desde las instituciones nacionales y europeas una respuesta totalmente opuesta a la adoptada en la crisis de 2008.  

Se inyectaron importantes cantidades de dinero para reforzar el sistema sanitario tratando de evitar su colapso y poder, en consecuencia, soportar la irrupción de la pandemia, y asimismo para ayudar a los sectores productivos y evitar la destrucción masiva de empleos.

Parecía que habíamos aprendido la lección, y constatado el fracaso de las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos y adelgazamiento del Estado llevadas a cabo durante años, avanzaríamos hacia políticas de reforzamiento de los pilares del Estado de Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales). Fueron momentos donde desde la práctica totalidad de los agentes sociales se afirmaba la absoluta necesidad de reforzar la salud pública y los servicios sanitarios públicos.

No podemos permitir que tras esta crisis la sanidad pública salga aún más debilitada y el sector privado sanitario aumente aún más sus beneficios

Ahora casi dos años después de la llegada del virus SARS-COV II, conocido el número elevado de vidas humanas que se han perdido por su acción y asimismo la crisis económica que ha generado, en mi opinión se hace necesario comprobar si la unanimidad mostrada entonces de la necesidad de reforzamiento del sistema sanitario público y la salud pública, como mejor garantía de respuesta contundente ante posibles nuevas situaciones de emergencia, sigue siendo una prioridad para las Administraciones Públicas responsables.

Personalmente tengo serias dudas sobre ello y la situación actual de la Atención Primaria en muchos territorios del Estado no me hace disiparlas.

Reiterando mi condición de madrileño y residente en la Comunidad de Madrid creo poder afirmar que la situación de la Atención Primaria en esta Comunidad es agónica, centros de salud funcionando con un número de profesionales por debajo de sus plantillas, consultas con enorme demoras incluso para la atención telefónica, muy pocas consultas presenciales, un número mayor cada día de madrileños que no tienen médico de familia asignado, profesionales desmotivados con contratos en precario y los centros de urgencias de Atención Primaria cerrados desde el inicio de la pandemia y sin visos de que vayan a reabrirse.

En la Comunidad de Madrid parece que la política sanitaria dirigida ahora por el Sr. Fernández Lasquetty desde la Consejería de Hacienda, pretende conseguir ahora lo que no pudo realizar en 2013 donde las grandes movilizaciones ciudadanas forzaron su dimisión como Consejero de Sanidad. El objetivo no es otro que desmantelar totalmente el servicio sanitario público madrileño en beneficio del sector privado y ello nos volvería a dejar en situación de debilidad ante una nueva situación de emergencia grave.

La experiencia vivida desde la irrupción de la pandemia me ha hecho reafirmarme una vez más en la necesidad de proteger al máximo nuestro Sistema Nacional de Salud, de blindarlo ante quienes consideran la salud como un producto más del mercado, impidiendo que esos falsos vendedores de las bondades de la colaboración público-privada, por cierto nunca demostradas, puedan seguir generando grandes monopolios a costa del erario público.

Con nuestro marco legislativo, donde la planificación y gestión de los servicios sanitarios públicos son competencia de las distintas Comunidades Autónomas, se hace imprescindible en mi opinión que desde el gobierno de España se promuevan los cambios legislativos que garanticen una financiación, provisión y gestión pública del sistema sanitario. Ello debe expresarse en textos sin ningún margen de ambigüedad.

En nuestro país los procesos de privatización en sus diversas formas se han caracterizado por su opacidad, sospechas fundadas de irregularidades, falta de control desde las administraciones públicas responsables, en algunos casos presuntas prácticas corruptas algunas actualmente en los tribunales.

En mi opinión puede afirmarse que los procesos de colaboración público-privada puestos en marcha en nuestro país en distintos territorios no han dado resultados satisfactorios, más bien todo lo contrario. Han servido para minar un sistema de salud que era envidiado en países de nuestro entorno y en consecuencia hay que abandonarlo.

La situación de extrema debilidad de la Atención Primaria, pilar básico del Sistema Nacional de Salud, no permite perder más tiempo sin solucionar sus graves déficits, y lamentablemente la percepción que en mi opinión tenemos muchos ciudadanos y profesionales es muy negativa en relación a la voluntad política de afrontar esas graves carencias.

La movilización del pasado día 12, las movilizaciones que en distintos barrios y pueblos de Madrid se están produciendo en defensa de sus Centros de Salud y servicios de urgencia de Atención Primaria, muestran el camino a seguir desde la sociedad civil para impedir se siga desmantelando nuestro sistema sanitario público.

Es necesario caminar hacia la necesaria unidad de acción de todos los colectivos y organizaciones que defienden un sistema sanitario público de calidad, con la accesibilidad y universalidad como señas de identidad. Frente a la presión que ejerce el lobby sanitario privado, la mayoría social que necesita de una sanidad pública fuerte como garantía de seguridad y tranquilidad ante sus problemas de salud, tiene que movilizarse sin miedo.

ES LA HORA, no podemos permitir que tras esta crisis la sanidad pública salga aún más debilitada y el sector privado sanitario aumente aún más sus beneficios.

Carlos Barra Galán | Médico Especialista jubilado