Redacción Médica: Javier Padilla llega puntual al plató de Redacción Médica. La agenda obliga, aun siendo preveraniega, y resulta necesario apurar cualquier hueco para atender todos los compromisos. El secretario de Estado de Sanidad, número dos de Mónica García en el ministerio del ramo, confesó en una entrevista que su personaje de ficción favorito es Atticus Finch, de Matar a un ruiseñor. En cierto sentido, su carrusel de reuniones parece responder a la filosofía de una frase del abogado antirracista que encarnara en el cine Gregory Peck: "Nunca llegarás a entender realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista".

Médico de Familia de profesión, Padilla mide con mimo sus palabras, pero no es reacio a conceder titulares. De la conversación mantenida con este periódico destaca, especialmente, uno: la apuesta por regular la prescripción enfermera a través de un Real Decreto cuyo marco quede delimitado en la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. También se moja en algunos de los temas que más debate han suscitado en los últimos meses: la futura Ley de Listas de Espera, la estrategia de industria farmacéutica y la carencia de MIR en Medicina Familiar y Comunitaria, todo ello con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025 en un horizonte próximo. Ya hay propuesta sanitaria sobre el reparto del pastel financiero, pero será necesario esperar para conocer los detalles definitivos.

Una de las promesas estrella del pacto de Gobierno PSOE-Sumar y del Ministerio de Sanidad fue la Ley de Listas de Espera. ¿Cuándo entrará en vigor, con qué fórmula nomativa y cuáles serán sus puntos clave?

Este es un tema de capital importancia para el Ministerio, pero también para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y las Comunidades Autónomas (CCAA). Por ello, llevamos al Consejo Interterritorial aprobadas la constitución de un grupo de trabajo para la modificación del Real Decreto de 2003, que es el que recoge la manera en la cual hay que comunicar, recoger y organizar los datos en relación con las listas de espera. Uno de los problemas de las listas de espera es que tenemos menos datos de los que deberíamos y no lo suficientemente actualizados para poder hacer políticas públicas que redunden en una mejora de esa gestión. Ese grupo de trabajo va a echar a andar en breve. Esperamos que tenga un impulso bastante importante a lo largo del último trimestre de este año y que, de ahí, salga la propuesta de modificación normativa que sea consensuada con las CCAA. También estamos trabajando en la elaboración de lo que se llama un documento de buenas prácticas en relación a qué elementos de gestión son los que ayudan a mejorar las listas de espera. Lo intentaremos para 2025. Para 2026 impulsaremos algún tipo de bolsa finalista de transferencia presupuestaria de CCAA para que puedan ejecutar las medidas que quedan reflejadas en ese en ese libro blanco de buenas prácticas.

¿Cómo punto de partida para la fórmula normativa se piensa más en la modificación del Real Decreto de 2003 o en articular una ley?

Lo primero tiene que ser la modificación del Real Decreto. No tiene sentido seguir con un Real Decreto de 2003 que, por ejemplo, no tiene capacidad para establecer de forma muy clara las listas de espera en elementos como todo lo relacionado con el ámbito de la salud mental, por ejemplo. Además, hay que actualizarlo con una periodicidad en la cual no nos encontremos con que vamos sabiendo los datos comparativos de listas de espera con ocho o nueve meses de retraso, que no nos da capacidad para hacer política pública. Posteriormente, dependiendo del calado de la modificación del Real Decreto, habrá que ver si es preciso avanzar hacia un texto de rango normativo de ley.

También avanzaron su intención de implantar una baja autojustificada para descongestionar la Atención Primaria, para lo que deben negociar con otros ministerios. ¿En qué punto se encuentra?

Hace unos meses establecimos contacto con algunas personas pertenecientes a diversas sociedades científicas de las que llevan mucho tiempo trabajando este tema. Es importante ser conscientes de que este es un tema que no nos hemos inventado nosotros y que ni siquiera hemos traído nosotros a la arena del debate público en este país. Ya está en muchos países, como Reino Unido, Suecia o Portugal, donde fue introducido recientemente con una modificación de su código de trabajo. Aquí, además, hay muchas sociedades científicas, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, que llevan muchísimo tiempo trabajándolo y que son, digamos, los referentes a los que nosotros hemos leído para poder elaborar esta propuesta.

Se está entrando en interlocución con diferentes órganos, no solamente ministeriales, sino también sindicales y empresariales, porque creemos que esa es una propuesta que tiene que salir con el apoyo al menos de estos diferentes actores. Esta toma de contacto fuera del ámbito puramente ministerial ya está terminándose, y después del verano empezaremos ya con las gestiones puramente ministeriales, encuadrado, además, dentro del nuevo Plan de Atención Primaria 2025-2027, que incluye agunas acciones que caerán dentro de las competencias de las CCAA, pero también otras que tenemos que arrogarnos nosotros desde el Ministerio. Esta, en concreto, es una de las iniciativas que actúan sobre la demanda y no sólo sobre la oferta, con un mayor impacto potencial sobre la carga asistencial de los centros de salud.

Una de las cosas que tenemos que intentar abordar como elemento transformador de la Atención Primaria es dar verdadera relevancia a todo lo relacionado con los procedimientos administrativos. Esto tiene dos patas fundamentales. Por un lado, es que aquellos elementos relacionados con la burocracia que no tiene que hacer nadie, no los haga nadie, de la misma manera que, a día de hoy, el médico está confiando de forma ciega en lo que le está diciendo el paciente en torno a una baja de corta duración. Voy a poner un ejemplo muy claro: una persona que se levanta con migraña, una mujer, generalmente porque tiene una distribución de género muy clara, lo último que necesita es ir a un centro de salud ruidoso, luminoso, con luz artificial y con dolor para que le hagan el justificante de no haber ido ese día al trabajo, cuando el dolor a este respecto es, especialmente, una cosa tremendamente subjetiva. Quien mejor lo sabe tratar es la paciente que no necesita de ningún médico, que sabe que si se toma el medicamento que habitualmente le hace efecto es como se le va a pasar. A día de hoy, entra en una consulta y lo que dice es: tengo migraña, estoy con dolor, sé que se me va a pasar de esta manera, pero necesito justificante. Ese marco de confianza se le tiene que dar al paciente. Y, luego, hay otro ámbito en el que es fundamental actuar: la capacitación de los administrativos y administrativas sanitarios.

Hay una cosa que yo recomiendo hacer a todo el mundo, que es meterse de vez en cuando en las reseñas de Google de los centros sanitarios y podrá ver cómo la mayoría de las reseñas que hace la población están relacionadas con las primeras personas que le atienden cuando entra en un centro de salud. Es decir, las unidades de atención al usuario administrativo y administrativas que tienen un rol sin un itinerario formativo establecido, con una precariedad generalmente muy alta, con una tasa de recambio muy alta y con un trabajo tremendamente expuesto a las necesidades y, en ocasiones, a las expectativas no cubiertas de la población. Este tiene que ser un rol fundamental. No puede ser que la primera cara que vea el paciente sea del ámbito de menor regulación formativa que tenemos. Vamos a trabajar desde el Ministerio por reglamentar esta formación, por dignificar el rol de los administrativos sanitarios y por explorar vías de asignación capitativa. Es decir, de la misma manera que yo tengo a mi médico de Familia y a mi enfermera de Atención Primaria, también tengo que tener a mi administrativo o administrativa de cabecera que ayude a que la longitudinalidad también sea un elemento relacionado con la función administrativa y no solamente con los profesionales clínicos.
 

Hablando de futuras medidas, lo primero que necesitan es financiación. Este martes el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto, paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025. ¿Qué cifras va a poner sobre la mesa Sanidad? ¿Para qué objetivos prioritarios?

Ya se ha hablado de cifras. No puedo dar datos concretos, pero tampoco vamos a sorprender a nadie. ¿Cuáles van a ser los ámbitos en los que vamos a intentar centrar nuestros esfuerzos presupuestarios? Hay dos elementos que son muy claros. El año pasado terminó el Plan de Acción de Atención Primaria y este año termina el Plan de Salud Mental, de forma que son dos iniciativas que el año que viene queremos tener renovados con nuevas cuantías presupuestarias y, además, con la incorporación un Plan Nacional de actuaciones sobre el Suicidio, algo largamente esperado y que nos puede permitir hacer un abordaje más centrado, más directo, más quirúrgico, si queremos decirlo de esa manera, sobre todas aquellas acciones que podemos llevar a cabo para disminuir los intentos de suicidio, los suicidios consumados y para dar una mejor atención a las personas con intención suicida. Estos son dos ámbitos centrales, pero hay otro, que ya hemos anunciado, relacionado con las gafas y las lentillas y su incorporación en el ámbito de la Cartera de Servicios del SNS, además de intentar continuar con la ampliación de la Cartera en el ámbito de la salud bucodental centrándonos no ya en la población pediátrica, sino dando un salto hacia la población más mayor.

Otro de sus principales proyectos, el de la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, acumula ya más prórrogas del plazo de enmiendas parciales que en la anterior legislatura, cuando quedó en agua de borrajas. ¿Qué está ocurriendo con la tramitación? ¿Se mantiene la previsión de aprobación en 2025, como dijo el director general de Salud Pública, Pedro Gullón?

En 2025, será la materialización, no la aprobación de la ley, que sigue teniendo como plazo esperado este año, sin ningún lugar a dudas. De hecho, muy probablemente podríamos haberla sacado ya adelante si no nos importara intentar contar con el mayor consenso parlamentario posible. La idea es que esto sea un proyecto de país. Está incorporado en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, en diferentes documentos e iniciativas en las cuales se ha generado bastante consenso, y en la Ley General de Salud Pública de 2011, y no queríamos que se aprobara simplemente por una mayoría escasa, aunque sea igual de habilitante que una mayoría amplia. Pero pretendemos que sea un proyecto que todo el mundo sienta como propio y que, en el momento en el que haya cambio de Gobierno, los que vengan después de nosotros también lo sientan como tal. Ahora estamos cerrando los últimos flecos de las últimas enmiendas para poder cerrar el plazo a la vuelta de Verano y pasar a la ponencia, que esperamos que sea rápida para dejarla ya aprobada y, luego, entrar en ese plazo que hay de seis meses para la aprobación del estatuto. Un estatuto que está en una fase muy avanzada de redacción y que esperemos que pueda salir de forma bastante rápida durante el 2025, año en el que tomará cuerpo la Agencia.

Entre las nuevas iniciativas del Ministerio, que llevaba también años de retraso, también se halla el plan antitabaco. Se preveía que las medidas que incluye se pudieran ya ir materializando a finales de año. ¿Cómo se está desarrollando el plan y hasta dónde va a llegar?

En el momento en el que se aprobó el Plan Integrado de Prevención y Control del Tabaquismo, al día siguiente sacamos a consulta y empezamos la tramitación legislativa de la modificación del Real Decreto relacionado con el etiquetado y con la información relacionada con el tabaco, los productos derivados del tabaco. Se acaba de publicar la consulta pública de la modificación de la Ley 28/2005, que básicamente refleja tres elementos fundamentals: el más notable está relacionado con los espacios libres de humo, pero también está la equiparación de los nuevos productos del tabaco como cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, a la legislación del resto de los productos clásicos, además de limitaciones vinculadas con los ámbitos de venta y de consumo.

Estos son los dos elementos normativos fundamentales en este Plan de Tabaco, que está pensado para llevarse a cabo en unos cinco o seis años. Pero para nosotros es prioritario ponerlo ya a andar. Del Real Decreto se está trabajando ya en el borrador, la modificación de esta Ley 28/2005 se saca a consulta para poder empezar a trabajar ya también en el borrador. Independientemente de esto, se van haciendo cosas que también ya se estaban haciendo en cierto modo y que están relacionado con acciones formativas y con transferencias a las CCAA para poner en marcha esas iniciativas. Aparte, hay un elemento que también es importante y que, muchas veces, en relación con las políticas públicas se le da poca importancia: el mero hecho de poner el asunto encima de la mesa ya supone una acción. Seguramente la mejor campaña de publicidad frente al tabaco es convertirlo en una prioridad ministerial. No hace falta que haya un gran anuncio que esté en prensa, en medios de comunicación o en las lonas de edificios públicos o las marquesinas de las paradas de autobús, sino saber que tenemos un Ministerio de Sanidad que convierte esto en una prioridad y que lo va a mantener al más alto nivel durante toda la legislatura.

En relación con con el Plan Antitabaco está también el cribado de cáncer de pulmón que el Ministerio de Sanidad lleva tiempo estudiando y que es un reclamo de los profesionales, sobre todo de los neumólogos. Desde la Sociedad Española de Neumología (Separ) se ha impulsado el proyecto Cassandra, un piloto con varios hospitales para para implantar ese cribado. ¿Hasta qué punto Sanidad va a trabajar junto a este proyecto piloto?

En primer lugar, el establecimiento de cribados o de prestaciones dentro del SNS no es, afortunadamente, una decisión política en toda su extensión, sino que tiene que venir informada fundamentalmente por el criterio técnico. A ese respecto, contamos con un informe del año 2023 de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, realizada por las agencias de Galicia y de Canarias, en la que evaluaron las posibilidades del cribado de cáncer de pulmón midiendo, además, elementos relacionados con la mortalidad global, con la mortalidad de cáncer específica, externalidades negativas como falsos positivos en los ámbitos de sobrediagnóstico y criterios tanto puramente clínicos como de evaluación económica. En ese documento, que es reciente, lo que se dice es que, a día de hoy, no se daban las condiciones necesarias para aplicar de forma generalizada el cribado con tomografía computarizada de baja dosis en cáncer de pulmón. A lo que sí que instaba era a seguir evolucionando en la generación de evidencia disponible que pudiera informar sobre cuál es la periodicidad y el grupo de población exacta que se beneficiaría, posiblemente cada dos años y a una población de 50 a 70 años.

Es esa la situación en la que en la que estamos, y creo que es bastante importante decirlo, porque uno lee algunas declaraciones de algunos responsables políticos de alguna comunidad autónoma en la que parece que desde el ámbito ministerial se elige de forma no informada y casi caprichosa a qué se dedican los recursos. Sobre el cribado del cáncer de pulmón tenemos una evaluación que ha pasado por la ponencia de cribado del Consejo Interterritorial del SNS, donde están representadas las CCAA, que nos dice que, actualmente, no está lo suficientemente maduro como para implantarlo de forma generalizada dentro del SNS. Dicho lo cual, sí es cierto que existen datos que pueden ser prometedores en lo relacionado con la identificación de pacientes de alto riesgo, lo cual puede permitir la detección precoz para aplicar un tratamiento temprano que pueda alargar la supervivencia y, sobre todo, que pueda disminuir la mortalidad, no sólo la específica de cáncer, sino la global. Es decir, un cribado que puede permitir cambiar el curso de la enfermedad.

Desde el Ministerio sí que hay el compromiso de la colaboración en los proyectos relacionados con la investigación para poder impulsar esto. Nosotros tenemos una relación bastante buena y cercana con Separ. De hecho, la hemos tenido en el seno del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, y también hemos tenido conversaciones para ver la posibilidad de implementar una estrategia de salud respiratoria dentro del SNS que haga una cobertura muy amplia, desde elementos muy iniciales o muy globales de salud pública, hasta elementos más puramente clínicos. El del cribado del cáncer de pulmón será uno de los ámbitos de colaboración.

Pasando al plano más politico, en su programa llevaban una reivindicación que ha estado coleando en los últimos años por distintas formaciones políticas, incluso por distintos órganos como el CES o Fundación Alternativas, como es la extinción progresiva del modelo Muface. En el acuerdo de Gobierno no estaba esa medida, pero su formación, Sumar, sí que se ha defendido la idea de dejar morir el modelo Muface. ¿Van a dar algún paso en la legislatura para abrir el debate y avanzar en su extinción?

Lo primero que quiero decir es que el Ministerio de Sanidad no es un Ministerio de Sumar, sino del Gobierno de España. Como tal, las decisions que toma están consensuadas entre todos los socios de Gobierno. Las competencias sobre el modelo de aseguramiento del personal funcionarial de Muface no son del Ministerio de Sanidad, sino del de Función Pública. Yo creo que a nadie se le escapa cuál es nuestro posicionamiento como formación política, y el mío también a nivel individual, sobre los valores que creo óptimos no solamente para el sistema, sino en concreto para las personas que transitan de un régimen funcionarial al Régimen General. Pero es algo que no nos compete. En cualquier caso, de ninguna manera utilizaría la expresión de “dejar morir” el modelo Muface. Creo que la asistencia sanitaria de nadie debe dejarse morir.

El modelo Muface, tanto si se quiere extinguir como si se quiere darle continuidad, necesita reformas tremendamente importantes. Estamos viendo que, ahora mismo, la necesidad de firma de un nuevo convenio está afrontando retos en un marco de envejecimiento de la población que cubre y de dificultad para prestar asistencia en ciertos núcleos de población. Desde mi punto de vista, desde luego, la mejor sostenibilidad posible de este modelo sería una inclusión dentro del Régimen General. Pero repito: es competencia del Ministerio de Función Pública y muy probablemente no va a poder abordarse durante esta legislatura.
 

El tema de las mutualidades estaba también contemplado en anteriores intentos de leyes como la conocida Ley Darias. Desde el actual Ministerio de Sanidad se han promovido distintas iniciativas: la Ley de Universalidad, la Ley de Equidad y la Ley de Gestión Pública. En su día Podemos fue muy crítico con las posibles derivaciones a la sanidad privada. A la hora de tramitar las nuevas iniciativas legislativas, ¿creen que Podemos va a establecer algún tipo de bloqueo en las negociaciones?

En cuanto a la denominada Ley de Universalidad, Equidad y Cohesión del SNS, lo que hicimos fue una estrategia legislativa dividiéndola en dos para garantizar o, al menos, para facilitar su aprobación en el Congreso. Ya están ambas, de hecho, en fase de enmiendas. La Ley de Gestión Pública del SNS fue la que iniciamos de cero, que ya se sometió a consulta y en cuyo borrador estamos trabajando para que pueda salir lo antes posible al ámbito de la de la audiencia pública. Esto habrá que negociarlo con todos los ámbitos habidos y por haber, con todos los partidos sin ningún tipo de problema.

Hay mucha evidencia disponible que nos dice que la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión privada de los servicios sanitarios públicos no supone una mejora en términos de salud ni una mejora en términos de sostenibilidad económica de los sistemas sanitarios y, sobre todo, también disminuye la capacidad de control por parte de los gestores públicos porque hipoteca las decisiones sanitarias a largo plazo. De hecho, en situaciones como la crisis de 2010 nos encontramos con que los hospitales de gestión pública directa en algunas comunidades, como Madrid, tuvieron que asumir unos recortes superiores a los de algunos centros de gestión privada porque, según la relación contractual con empresas concesionarias, se garantizaba que los centros de gestión privada tenían que seguir viviendo con un incremento de la cápita anual.

Hay ámbitos en los cuales la colaboración público-privada, no en el ámbito asistencial, sino en la generación de insumos como el ámbito farmacéutico, es algo a explorer. De hecho, ya se está avanzando en empresas como Certera o Terafront en el ámbito de las terapias celulares avanzadas, y esperamos que se pueda extender a otros ámbitos de la generación de imagen y de producción biomédica. Pero en cuanto a la asistencia sanitaria, verdaderamente creemos que la gestión pública es mejor en términos de seguridad, de efectividad, de gestión económica y de capacidad de control.

Otro de los asuntos de actualidad que no concierne estrictamente al Ministerio de Sanidad, pero que sí que impacta en los profesionales sanitarios, son las recientes sentencias europeas en favor de hacer fijos a los interinos de larga duración de la sanidad sin necesidad de presentarse a una OPE. ¿Cree que se debería establecer un diálogo o revisar el modelo?

El elemento que más logró incrementar la fijeza dentro de nuestro sistema sanitario o, al menos, que daba la capacidad a las comunidades autónomas y las que han querido lo han hecho y las que no, no, para aumentar la fijeza, fue la Ley 20/21. Creo que se ha producido un incremento de la estabilidad bastante notable y, de hecho, aunque las cifras de temporalidad que tenemos ahora mismo en el sector sanitario siguen siendo inasumibles, son mucho mejores que las que teníamos hace una década. Ahora bien, seguimos teniendo un sistema de incorporación de profesionales totalmente obsoleto, que casi no permite la fidelización y que incluso expulsa en muchas ocasiones a los profesionales, no solamente por las condiciones laborales, sino también por los propios elementos de incorporación al ámbito de trabajo.

A este respecto, no es que tengamos que iniciar un diálogo, es que el diálogo ya está en marcha en el marco de la reforma del Estatuto Marco. Ahora mismo estamos en fase de negociación con las organizaciones sindicales y hay algunos elementos que se han relacionado justamente con esto: de qué manera conseguimos que aquellos profesionales que llevan ya un itinerario de formación importante puedan acceder por una vía que no sea la estándar de examen y concurso. Estoy hablando de todos los que pasan por los procesos de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que han hecho un examen y que han hecho una evaluación continuada de entre dos y cinco años, dependiendo de la categoría de la que estemos hablando.

Hay una iniciativa vinculada con la reforma del Estatuto Marco, porque tiene que ver con la reclasificación professional, que es la creación del Comité de Cuidados en Salud para impulsar la profesión enfermera. El primer paso para el prometido mapa de competencias fue el lanzamiento de una encuesta para conocer cuál es la situación de la profesión. ¿Se cuenta ya con el informe preliminar de los resultados?

Se está trabajando con los datos y, cuando los tengamos, los haremos públicos. Pero sí, evidentemente era el primer paso que teníamos que dar para después poder tomar decisiones informadas al respecto. Cuando llegamos al Ministerio nos encontramos con que teníamos muchos datos sobre los informes de oferta, necesidad y con prospectiva a 15 años sobre facultativos especialistas, pero que, aunque también teníamos que tomar decisiones sobre profesionales como enfermeras, TCAEs, psicólogos y psicólogas, no teníamos datos para ello. Ahora que ya contamos con ellos, nos hace falta convertirlos en información útil para tomar decisiones. Se está trabajando en ello.

Una de las cuestiones que se planteó en la presentación de ese Comité de Cuidados era el debate acerca de si se tenían que seguir ampliando las guías de indicación para las enfermeras o si se podía regular su prescripción de forma directa, algo con lo que el colectivo médico en general no está muy de acuerdo. Pero incluso desde la propia profesión enfermera tampoco lo ven como una prioridad. No sé qué opina ante la posibilidad de que se pueda regular o normativizar la prescripción enfermera como tal, más allá de la indicación.

Estamos trabajando en ello. La reforma de la Ley 1/2015, del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, incorporará muy probablemente modificaciones que vayan encaminadas a asentar al menos el paraguas normativo para que, por la vía del real decreto, se pueda normativizar esto. Yo creo que el modelo actual de guías concretas es un mal menor; en términos generales, no es el ámbito que permite una mejor expansión de las competencias de enfermeras. La ampliación de las competencias enfermeras es una herramienta para la mejor ordenación del conocimiento disponible en cada uno de los ámbitos para dar la mejor prestación para el paciente.

Más adelante hablaremos de la Ley de Garantías, ya que la ha mencionado. Pero en cuanto a la prescripción enfermera, algunos sindicatos nos comentaron que esto debería ir ligado directamente a la reclasificación de la Enfermería a la categoría A1. No sé si tendría que ser así en concreto, pero más allá de eso, le pregunto no solo como Secretario de Estado de Sanidad, sino también como médico. ¿Cree que, si se consuma la reclasificación de la enfermería a la categoría A1, como parece ser la postura del Ministerio de Sanidad, el gremio médico debería acceder a una categoría A plus, como también se está demandando desde determinadas voces médicas?

Yo creo que, en términos generales, ligar unas medidas a otras es la mejor forma de que no se haga ninguna. Nosotros, además, hemos sido muy claros desde el primer momento. Queremos que en este ministerio pasen cosas, no queremos ligar la ocurrencia de unas cosas a que ocurran otras, por decirlo de alguna manera. Por ello, estamos avanzando de forma simultánea en muchas temáticas que tienen un objetivo común y que no son incoherentes entre sí. Sin embargo, vincular unas medidas a otras puede llegar a establecer cuasi chantajes que acaben siendo inmovilistas para la profesión. Lo que queremos es que el modelo actual de clasificación responda a las necesidades de un sistema que ha cambiado mucho desde el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, ya que el actual sistema está creado para una realidad que ya no existe. En ese marco se dará la actualización. No voy a decir mucho más sobre el marco de clasificación, porque es uno de los elementos que se está terminando de delinear para llevar al ámbito de negociación. En este tema, hay mucho ruido y poca información, y aunque yo podría dar información, creo que solo alimentaría más el ruido. Así que lo dejaremos para el Ámbito de Negociación, especialmente porque creemos que va a beneficiar al conjunto del sistema. El modelo de clasificación que queremos, creemos que puede contentar a todo el mundo, no generando perdedores y permitiendo al sistema adaptarse mejor a todo lo que venga.
 

Precisamente en el Ámbito de Negociación, ya se programaron las reuniones para después del verano. El año pasado los sindicatos se levantaron porque no estaban de acuerdo con el modelo de reclasificación profesional presentado por el Ministerio o porque no se les había presentado ninguna propuesta. Querría saber si con estos antecedentes es optimista o ve con moderación cómo se va a debatir o cómo será el debate de los puntos fuertes que se han dejado ahora mismo en el tintero.

Hay dos elementos fundamentales que se están terminando de delimitar para llevar al Ámbito de Negociación: los relacionados con jornada y los relacionados con clasificación. Creo que se ha avanzado mucho en la propuesta. Espero que sí, que pueda salir adelante, siendo muy conscientes de que el ámbito de negociación es un ámbito habilitado, posibilitado y generado por el marco legal. Esperamos que en esta ocasión la reforma del Estatuto Marco pueda salir con el apoyo de los sindicatos del ramo, sabiendo que hay reformas anteriores que han salido adelante, pero que no lo han hecho con el mismo nivel de apoyo. Creo que son modificaciones importantes y mejoras importantes las que se van a llevar a cabo y, por supuesto, esperamos que los sindicatos estén en el mismo barco.

¿Se prevé el acuerdo para este 2024?

Sí, para este año al menos esperamos que se pueda culminar el ámbito de negociación.

Comentábamos antes varias líneas que se van a desarrollar en el nuevo Plan de Atención Primaria con el objetivo de desburocratizar a los profesionales del primer nivel asistencial y de contar con administrativos de cabecera. Uno de los problemas que se está encontrando en la especialidad de Medicina de Familia en los últimos años es que en la convocatoria de los MIR cada vez hay más médicos que rechazan su plaza. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Sanidad para garantizar el futuro de esta especialidad? ¿Qué prevé hacer en este sentido?

Aquí hay varios elementos. El primer elemento fundamental es que la atención primaria tiene que ser un lugar deseable donde trabajar. En ese respecto, lo fundamental está relacionado con las condiciones de trabajo, y es una competencia de las comunidades autónomas. Nosotros podemos intentar coordinar, armonizar, alinear y generar algún tipo de incentivo, pero en general, es una competencia de las comunidades. Dicho lo cual, también hay que decir que la especialidad de Medicina de Familia es una especialidad en la que sobran plazas. Ha habido un incremento muy notable del número de plazas en los últimos años, siendo la especialidad con más plazas de todo el conjunto de la formación sanitaria especializada. Ahora mismo, el análisis en el que estamos centrados es en intentar identificar cuáles son las características comunes de las plazas que se van quedando vacantes. Creo que no tiene sentido seguir ofreciendo, ad infinitum y de forma reiterada, plazas que se van a quedar vacantes siempre, solamente bajo el presupuesto de que ofertar esas plazas va a mejorar la fidelización de quienes las cogen para posteriormente quedarse trabajando allí. Esa hipótesis se ha demostrado que no tiene la inmediatez que se podría pensar.

Entonces, por un lado, se va a trabajar en intentar ver de qué manera se pueden incrementar aquellas plazas que sí son, por decirlo de alguna forma, más atractivas. Sabemos que hay una diferencia entre la comunidad autónoma que menos plazas por cada mil habitantes de Medicina de Familia oferta y la que más oferta, siendo esta última tres veces mayor. Tenemos que conseguir que las que están por debajo de la media converjan hacia arriba porque, en términos generales, son las que consiguen cubrirlas con mayor facilidad. Cubrir algo con mayor facilidad cuando se está ofertando mucho menos que otras comunidades autónomas en términos relativos, es algo que al menos tenemos que abordar porque seguramente habría una posibilidad de incrementar las plazas ahí para que sí fueran cubiertas.

Por otro lado, la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, y la creación de nuevas plazas ahí, muy probablemente lo que haga sea que la gente que quiera hacer Medicina de Familia para dedicarse posteriormente al ámbito de las urgencias, se dedique directamente al ámbito de las urgencias. Quien se dedique a Medicina de Familia se centrará principalmente en el ámbito de la atención primaria o en los muchos ámbitos de desarrollo profesional que tiene la Medicina de Familia, siendo el principal la atención primaria. Principalmente, lo que estamos intentando es adecuar la oferta para que no sea simplemente un incremento ad infinitum, sino que podamos, en cierto modo, fidelizar aquellas plazas que sabemos que la gente sí va a coger e intentar incrementar aquellos lugares en los cuales hay posibilidad de incrementar plazas que la población de residentes potenciales considera más atractivas.

Más allá de buscar ese equilibrio de la oferta y la demanda de los MIR de Familia, estas últimas semanas, con el anuncio de las renuncias, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de imponer sanciones a quienes rechacen esas plazas. ¿Consideran esas medidas punitivas óptimas para fidelizarlas o qué otras medidas se podrían implantar?

Esto es algo que siempre ha estado sobre la mesa. Yo, en términos generales, creo que hay que funcionar intentando que lo punitivo sea la última de las opciones. En un contexto en el cual es bastante evidente que la gente no toma esas plazas porque no las considera atractivas, es un tema más relacionado con las condiciones de trabajo y la expectativa laboral futura que con la falta de un incentivo negativo. Un incentivo negativo que además creo que potencialmente podría volverse en nuestra contra, haciendo que personas que podrían animarse a tomar la plaza para ver qué tal es la especialidad y luego quedarse, ni siquiera lo hagan. Así que creo que hay que ser prudente en el establecimiento de este tipo de medidas y dejarlas como uno de los últimos recursos, o al menos que estén incluidas dentro de un enfoque global que incorpore tanto medidas más positivas, por decirlo de alguna forma, incentivos positivos como incentivos negativos. Pero en general, no soy muy partidario del establecimiento de medidas punitivas a este respecto, porque creo que además tienen una efectividad al menos un poco dudosa.
 

¿Cuáles podrían ser esos incentivos positivos?

Bueno, todo esto tendrá que salir del marco de la comisión de recursos humanos, etcétera. Creo que una de las acciones fundamentales está relacionada con mejorar la atractividad, por decirlo de alguna forma, lo atractivo de algunas plazas. Para eso hay que mejorar también lo atractivo de ser tutor, que es un elemento fundamental y del cual no se suele hablar. La Comisión de Recursos Humanos aprobó recientemente el informe del acuerdo entre las comunidades autónomas con el Ministerio sobre incentivos a la tutorización. Hay algunas comunidades autónomas que están implementando incentivos a la tutorización. Algunos son económicos, otros no. Creo que poder aflorar tutores para generar un mayor número de plazas que puedan ser más atractivas es un elemento fundamental, pero en términos generales es algo que tiene que surgir del ámbito de la Comisión de Recursos Humanos del Interterritorial.

Siguiendo con los MIR y otros profesionales en formación de sanidad, el nuevo responsable de los médicos jóvenes y MIR, que acaba de llegar al cargo en la nueva ejecutiva de CESM, ha comentado que van a reivindicar y luchar para que se implante el fichaje de los MIR. Al ser personal laboral, deberían, en principio, tener un registro de su jornada horaria que evitaría esos excesos que lamentablemente parecen ocurrir. ¿Hay alguna forma de que el Ministerio de Sanidad pueda actuar en ese sentido, pese a que no es estrictamente su competencia, pero que pueda intermediar un poco por ello?

Este ámbito no es de nuestra competencia, pero puede ser de nuestra incumbencia todo lo relacionado con velar por el cumplimiento de la jornada laboral. Todo lo que esté relacionado con reducir la jornada que se sale de toda normativa y que, además, en muchas ocasiones ni siquiera queda reflejada en ningún lugar, contará con nuestro apoyo. Elevaremos estas reivindicaciones al ámbito de la Comisión de Recursos Humanos para intentar armonizar o impulsar estas medidas. Dicho lo cual, esto en concreto y la operativización de la normativa a ese respecto cae dentro del marco autonómico.

Pasamos al sector farmacéutico. Señor Padilla, ha mencionado usted antes la Ley de Garantía de Uso Racional de Medicamentos en cuanto a la prescripción enfermera, pero sobre al acceso a medicamentos, no sé si la nueva ley va a permitir acelerar ese acceso. Por ejemplo, Farmaindustria, la patronal farmacéutica innovadora, ha hablado de poner en marcha un sistema de acceso temprano con un tope de 180 días para autorizar e incorporar nuevos fármacos. ¿Se contempla esta medida u otras al respecto?

Bueno, sabemos que esos en torno a 100 días del retraso están relacionados con el tiempo que tarda la industria farmacéutica en adaptarse a la financiación. No sé si la industria quiere decir que desde el día 1 hace una propuesta de financiación asequible y atractiva desde el punto de vista del precio propuesto. Creo que, en términos generales, cuando hablamos de tiempos de acceso a la innovación, hay algunos elementos que se utilizan de forma, en ocasiones, un poco maniquea o, al menos, simplificada en exceso.

Hay dos elementos normativos fundamentales a la hora de hablar de tiempos de incorporación y un elemento no normativo. Los dos elementos normativos son la reforma de la Ley de Garantías y la aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Esperamos que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias pueda ver la luz en la parte de información y audiencia pública antes de que termine este mes. Desde ese punto de vista, el elemento fundamental no es cuánto tiempo tarda en entrar algo, sino cuánto tiempo tardan en entrar las cosas que tienen alto valor y una aportación significativa. Tenemos que pasar de un sistema basado simplemente en la oferta, es decir, en decir "hay un nuevo producto, ¿cuánto tiempo tarda?"; a un sistema basado en la demanda, es decir, "tenemos necesidades de estos productos para mejorar la salud de la población, ¿están disponibles?, ¿cuáles son los incentivos que estamos generando para esa disponibilidad y cuándo estarán disponibles?". Entonces, sí, ¿cuáles son aquellas cosas que tienen alto valor para la población y cuánto tiempo tardamos en incorporarlas? Creo que eso es un elemento fundamental, de sostenibilidad, pero también de hacer real lo que se dice en muchas ocasiones de establecer el liderazgo público en el ámbito de la innovación biomédica. Necesitamos un modelo que tenga la capacidad de decir cuáles son las necesidades del sistema y de la población, para que la oferta y los productos que emergen de los sistemas de innovación y de investigación y desarrollo se alineen, por decirlo de alguna forma, con esas necesidades.

El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias va a establecer esa estructura de evaluación tanto de medicamentos como de productos sanitarios que sea, además, lo más transparente posible, lo más predecible posible y lo más sólido posible, haciendo además que haya una especie de predictibilidad en lo que es el proceso de evaluación y el proceso de dictamen en el marco de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.

Luego, por otro lado, tenemos la Ley de Garantías. Esta ley también va a establecer elementos relacionados con esto, pero creo que lo principal va a estar más vinculado con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. Quiero creer que este es un ámbito en el cual, siendo un poco procedimentalistas, si conseguimos establecer los mecanismos correctos, las respuestas o las soluciones serán las correctas. Creo que hay que intentar separar los diferentes ámbitos de evaluación más clínica, de evaluación de esos componentes más sociales, éticos y de sistema, y de la evaluación final de la toma de decisión de financiación de medicamentos. Luego, además, tendrá un reflejo dentro del marco de la Ley de Garantías.

Un tercer elemento es el relacionado con todos los aspectos de transparencia. Cualquier persona que pueda escucharnos en Internet y busque "Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos", e intente encontrar los dictámenes sobre un fármaco que haya ido a alguna de las últimas comisiones, básicamente se encontrará con un listado de documentos de Excel en los que tiene que ir buscando uno a uno cuál es el compuesto que está buscando para ver si se ha evaluado en cada una de las comisiones y ver cuál ha sido el dictamen y los motivos, etcétera. Creo que en ese aspecto hay que intentar mejorar la información al público y a los profesionales, sobre todo para intentar quitarle esa opacidad que acaba convirtiéndose en una especie de mística, pero que también acaba convirtiéndose en una suerte de politización de la evaluación y de las decisiones de financiación. Por eso, estamos trabajando, por un lado, en un cuadro de mandos que nos informe sobre cuánto tiempo tardan los medicamentos de los diferentes grupos terapéuticos en aprobarse, sobre cuántos accesos hay al medicamento antes de la financiación.

A día de hoy hay muchos accesos antes de la decisión final de financiación, y que dé mucha información al público sobre eso. También estamos trabajando en unos documentos normalizados, en unas fichas que no sean como los IPT, que son evaluaciones dependientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sino una ficha que esté más vinculada con la EH, para que indique qué medicamento es, quién lo comercializa, para qué indicación se comercializa, cuál es la evidencia disponible sobre esto, en qué fecha se aprobó en la Agencia Europea o en la Agencia Española, y cuál es la decisión de financiación y por qué motivo se toma. Que sea un documento que sea en cierto modo autoexplicativo, que la evaluación de la evidencia disponible muestre una coherencia con la decisión de financiación, y que eso esté público y haya un buscador en el que uno pueda buscarlo y que sea accesible. No basta con que las cosas sean públicas. Las cosas, además de ser públicas, tienen que estar publicadas y, además de estar publicadas, tienen que ser publicitadas. Y eso es algo en lo que vamos a trabajar.

Como paraguas de todo esto, después del verano, esperamos poder hacer el acto de presentación de la estrategia de la industria farmacéutica, con los trabajos realizados por el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con Industria, Hacienda y Ciencia, de la mano de la propia Presidencia del Gobierno, y en colaboración y contacto con los diferentes agentes del sector, no solamente Farmaindustria o diferentes agentes del ámbito de la biotecnología y otros. Todos esos elementos demuestran una cierta efervescencia no solamente en lo normativo, sino también en las acciones no normativas, y que tienen un reflejo también en la efervescencia normativa a nivel UE con todo el paquete farmacéutico europeo.

Volviendo al tema de los MIR, el Ministerio nos trasladó recientemente su intención de recuperar aquellas auditorías docentes, que hace unos años, más de una década, se quedaron sin cumplimiento. No sé hasta qué punto se ha trabajado en ello, qué plazos se contemplan y en qué más se va a poner el foco.

Esas auditorías se llevan a cabo por parte de la Subdirección General de Calidad Asistencial. Sí que han tenido reflejo presupuestario en esta prórroga presupuestaria y lo tendrán en el nuevo proyecto de presupuestos. Además, con una singularidad: muy recientemente tomó posesión la nueva subdirectora general de Calidad Asistencial, y ahora mismo está poniendo en marcha los nuevos proyectos de la Subdirección y estableciendo las prioridades. Dentro de ese marco será cuando se echen a andar. Hemos estado esperando esta incorporación desde hace unos meses y ya se ha materializado. Ya tenemos con nosotros a María, la nueva subdirectora, y ahora será uno de los elementos que tendrá que poner en marcha. Además, es una persona con amplio conocimiento de todo lo relacionado, especialmente con la atención primaria, pero en términos generales también con los elementos profesionales, normativos y de formación. Creo que será un elemento importante a poner en marcha.

Para terminar, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno mencionó que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando la posibilidad de dividir las competencias del Consejo Asesor de Sanidad, que ahora mismo incluye también las de derechos sociales. Quisiera preguntarle primero acerca de qué fechas o plazos hay para consumar dicha división. Además, ¿quiénes son las personas que forman parte de estos órganos consultivos, de quiénes están compuestos, y cuáles son los asuntos que tratan? Porque muchas veces se habla de consejo consultivo o consejo asesor, y realmente la gente no sabe muy bien de qué se trata.

Tanto el Ministerio de Sanidad como el de Derechos Sociales creen que esta va a ser la legislatura en la cual se consume la emancipación mutua, por decirlo de alguna forma. A día de hoy, hay muchas estructuras que siguen siendo transversales y no independientes de un ministerio u otro, incluso en el funcionamiento cotidiano. Una de las cosas en las que se está trabajando conjuntamente es en dotar de una entidad propia a cada uno de los ministerios, y creo que de ahí también se deriva de forma lógica que ese Consejo Asesor, para ser útil, sea independiente de cada uno de los lugares. Básicamente, en ese Consejo Asesor están representadas figuras muy destacadas cuya formación es pública y cualquiera que lo busque en Google puede llegar a ella. Son personas que, en términos generales, están siempre hablando de las cosas importantes del ámbito sanitario en cualquier lugar. Están juntas personas importantes del ámbito sanitario, tanto desde el punto de vista del ámbito colegial como del ámbito académico, especialmente de este último. Son personas que en las últimas décadas han ido marcando, en cierto modo, el sentir o la línea del pensamiento sanitario y de las políticas sanitarias de nuestro país.