Ambos artículos alertan sobre la nueva situación y los recortes en el ámbito sanitario en Castilla La Mancha, sin duda temas de tremenda actualidad.

Mientras que la Administración de Castilla-La Mancha y diferentes organizaciones discrepan acerca del futuro de la gestión sanitaria en esta Comunidad, y miles de personas se manifiestan en contra de la colaboración público-privada en los hospitales, los hipotéticos beneficiarios del servicio toman ya posiciones. La primera víctima de este empeño gubernamental puede ser la dimisión de la gerente del hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real), María Sierra Antona, producida esta misma semana.

La intención de la presidenta de Castilla-La Mancha de implantar la gestión público-privada en los hospitales de la región está suscitando rechazo por parte de los usuarios, aún cuando la propia María Dolores Cospedal asegura que el paciente no advertirá el cambio ni, en principio, tendrá perjuicio para su bolsillo en forma de copago.

Pese a la oposición de una parte de la ciudadanía y la contestación de algunas instituciones de la región, esta fórmula de gestión sigue adelante  para que su aplicación sea los más rápida posible.

Para tomar la gestión de los hospitales públicos en Castilla-La Mancha ya se postula Capio Sanidad, un grupo británico controlado por el fondo de capital riesgo afincando en Luxemburgo, CVC Capital Partners. La firma puede resultar una gran desconocida para los usuarios pero su presencia es notable en Castilla-La Mancha.

Capio es propietario y gestiona en la actualidad 17 centros sanitarios y geriátricos privados en la Comunidad, alguno tan importante con el hospital Tres Culturas de Toledo. En las cinco provincias y también en algunos pueblos de la región, la compañía tiene establecidos todos estos establecimientos privados.

Precisamente, el próximo mes de marzo Capio iniciará la gestión sanitaria público-privada en el hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles (Madrid), una adjudicación por 30 años otorgada por la Comunidad de Madrid. La fórmula de gestión es similar a la que se quiere implantar en Castilla-La Mancha: la empresa paga todas las nóminas de personal y asume también los gastos de mantenimiento y conservación del centro. Los médicos, enfermeras y resto de personal no son funcionarios, a diferencia de los que ya trabajan en otros centros del Servicio de Salud de Madrid. Por todo ello, Capio cobra a la Comunidad de Madrid 595 euros al año por cada uno de los vecinos del área de referencia del hospital, frente a los 790 euros de coste medio por ciudadanos en otros hospitales de la red pública, según datos oficiales. También en la Comunidad Valenciana Capio negocia actualmente la adjudicación de este mismo servicio en distintos hospitales.

Ahora tan sólo queda salvar las reticencias de las empresas concursantes ante sus temores fundados a la hora de cobrar a la Administración los servicios prestados. La situación económica por la que atraviesa esta Comunidad puede ser el escollo principal para que los deseos de su presidenta no puedan llevarse a cabo con la celeridad prevista. Los gestores del servicio no quieren verse afectados de la misma forma que otros sectores en Castilla-La Mancha, desesperados por la tardanza en la liquidación de sus servicios y suministros a la Comunidad, y exigirán garantías antes de comprometerse a iniciar su actividad.

Javier de Pablos (El Digital)

Las comunidades autónomas que salen peor paradas por la "política generalizada de restricción presupuestaria" en el sistema de salud son la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, en tanto que Castilla-La Mancha se sitúa en el grupo de las que más sufrirán una disminución presupuestaria.

Estos datos se desprenden de un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre los recortes sanitarios en las comunidades autónomas, presentado hoy por su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, quien ha advertido de que se pueden producir más restricciones en el mes de marzo, una vez que se presenten los presupuestos generales del Estado.

Por ello, la federación considera necesario una respuesta "social y profesional global, consensuada a nivel estatal, autonómico y local, con el objetivo de hacer frente al "desmantelamiento del sistema sanitario" en el país.

La disminución presupuestaria se focaliza sobre todo en las comunidades autónomas de Cataluña, Murcia, Navarra, Valencia, "previsiblemente" Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, según el informe.

Y las peor paradas de todas ellas son Cataluña (1.128,24 euros por habitante para 2012 frente a los 1.292,45 del año anterior) y Murcia (1.219,89 euros frente a 1.346,9), aunque la disminución es "especialmente preocupante" en Valencia (974,82 frente a 1.078,95), que ya partía de un "presupuesto muy bajo" en 2011 y de "una deuda muy importante".

Pero las partidas presupuestarias de las comunidades autónomas en sanidad tienen una gran disparidad, ya que en otras autonomías éstas aumentan de manera significativa, como en Andalucía, Baleares y Canarias, que son las mejores paradas.

En otras comunidades, el gasto se queda prácticamente igual con aumentos o disminuciones inferiores a los diez euros por habitante, como Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y País Vasco.

El País Vasco continua siendo la autonomía que mas euros por habitante dedica a la Sanidad, 1.557,78 frente a los 1.563,68 del año pasado.

Tendencias

En el informe se hace hincapié en que en todas las comunidades se está produciendo hace años una tendencia a disminuir las plantillas, "recortándolas y restringiendo" las suplencias y la cobertura de vacantes que se producen por motivos naturales.

También se subraya al hecho de que en varias comunidades se haya planteado un incremento del horario de los trabajadores del sistema sanitario público, como Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia.

La FADSP también denuncia que se están produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas y de quirófanos.

Además, de la introducción de tasas y copagos, que supone, a su juicio, "otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y más enfermos" en medio de la crisis.