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Entidades sanitarias llevan al Congreso una iniciativa para abaratar los medicamentos

EL PAÍS: Cambiar el sistema actual de fijación de precios de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en sanidad y la creación de un fondo de investigación y formación independiente. Estas son las principales demandas de 19 organizaciones y profesionales de la sanidad pública y de la comunidad científica, que han presentado este martes la iniciativa legislativa popular (ILP) Medicamentos a un precio justo en el Congreso de los Diputados, que busca abaratar los “disparatados” precios de algunos fármacos en España.


La comisión promotora de esta iniciativa está integrada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y Salud por Derecho. “Con el registro de esta ILP pretendemos, por un lado, abrir un debate social para que los ciudadanos sepan la situación que padece nuestro Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, queremos generar un debate en el Congreso que permita cambiar las reglas de un juego que solo beneficia a la industria farmacéutica”, ha asegurado Damián Caballero, presidente de la PLAFHC. Si la Mesa del Congreso admite a trámite la iniciativa las organizaciones promotoras y adheridas tendrán un plazo de nueve meses para recoger las 500.000 firmas que permitirían su debate en el Congreso de los Diputados.

“Estamos en una situación bastante negra. El Sistema Nacional de Salud se está poniendo en peligro por el precio excesivo de los medicamentos. Año tras año, los recursos bajan y faltan medios”, ha justificado Caballero. La proposición es que los precios se calculen con los costes de producción e investigación “reales”, junto con un “beneficio industrial razonable”. “No puede ser que estemos pagando sin saber realmente lo que cuesta”, han lanzado.

Poniendo ejemplos concretos, han defendido que los tratamientos CAR-T (destinado a las inmunoterapias personalizadas contra el cáncer), recientemente incorporados a la sanidad pública, costarán a las arcas del Estado unos 320.000 euros, pero que su precio real es mucho menor, en torno a 40.000 o 50.000 euros.

De forma paralela, aseguran que existe “opacidad” en torno a la fijación de precios de los medicamentos por parte de las Administraciones públicas y en sus negociaciones con la industria farmacéutica. Y añaden que esta falta de transparencia salpica también a las asociaciones médicas, de pacientes y a los propios profesionales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses”, explica Ángela Bernardo, de la Fundación Civio. En este sentido, abogan por la creación de un fondo que sufrague la formación continuada de médicos y demás sanitarios, de forma que no tengan que depender de la industria para acudir a congresos y jornadas médicas.

En suma, reclaman fijar precios “justos” con “la máxima transparencia posible”, junto con medidas para que las cifras de adquisición de los medicamentos “sean de conocimiento público”. “El precio de los medicamentos es la principal barrera de acceso a los tratamientos. Cuando se generan desigualdades como esta, la gratuidad y universalidad del sistema se ven comprometidas”, ha asegurado la presidenta del CEEM, Laura Martínez.


 

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