EL PLURAL: En Galicia la crisis se vive de otra manera, a tenor de los gastos en los que incurren algunos departamentos autonómicos en las últimas semanas. Si hace unos días, la denuncia contra la Xunta giraba en torno a los convenios que la consellería de Industria acaba de cerrar con diferentes medios de comunicación por valor de 241.000 euros en seis meses, ahora el turno es para la materia de servicios sociales.

Una de las características que ha impregnado al Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo es que ha sido de los que más duros a la hora de meter la tijera en algunos de los considerados pilares del Estado del Biestar. En concreto, la Sanidad pública gallega acumula en esta legislatura y bajo el paraguas de la crisis y la austeridad (cumplimiento compromisos de déficit) recortes severos en diferentes materias, aunque luego todo trate de taparse con algún que otro hospital con modelo de gestión importado de otros lares.

Ahora, la administración gallega acaba de destinar cerca de 1,2 millones de euros a un SPA que presenta como una de sus virtudes la vinoterapia. Las voces en contra de esta partida económica no se han hecho esperar y de este modo, la Confederación Intersindical Galega, CIG, ha calificado la medida de “vergüenza” y “apropiación indebida” de los presupuestos públicos.

Centros deficitarios
Uno de los argumentos que utiliza la organización sindical para mostrarse contraria al destino de la mencionada subvención tiene que ver con la doble vara de medir aplicada por la Xunta. En concreto contraponen los representantes de la CIG a través de un comunicado este 1,2 millones de euros para el SPA, a las carencias que presentan muchos centros sociales repartidos por toda la región y dependientes de la consellería de Benestar.

Monasterio SPA
Lo más curioso del proyecto que lleva adelante el Ejecutivo de Núñez Feijóo es que el mencionado centro de relax con vinoterapia ocupa un inmueble incluido en el monasterio de San Clodio, en Leiro.

Precisamente, los empleados del departamento regional encargado de la gestión de los centros sociales, es decir, residencias de mayores, de menores y establecimientos de atención a personas que padecen algún tipo de discapacidad, tras considerarlo una “apropiación indebida”, exigen la urgente “anulación” del concurso, de modo que los 1,2 millones de euros se destinen a la adquisición del material necesario para paliar en lo posible las carencias que presentan las citadas dotaciones públicas.

Injustificable
A juicio de los representantes sindicales “no es justificable” una subvención de estas características sufragada con dinero público.

Se da la circunstancia de que, hace unos días, tuvo lugar una sentada de empleados del área de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. Lo hicieron ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. El objetivo, según explicaron ellos mismos, ha sido hacer pública la “disminución continuada del presupuesto para los servicios sociales públicos”. Sin embargo, y de ahí la indignación, mientras sucede esto, se incrementan las partidas económicas con destino a los centros privados.

Los trabajadores aprovecharon la protesta para hacer entrega de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.