PÚBLICO: No tengo por costumbre escribir sobre mí mismo o sobre mi familia en mis artículos. Crecí en una familia en la que no se veía con buenos ojos que uno hablara sobre sí mismo y sobre los suyos. Pero, a raíz de la muerte de mi hermano Francesc (Francisco en catalán) siento la necesidad de hacerlo, pues creo que su vida como médico en el Sistema Nacional de Salud, completamente dedicada al servicio público, es representativa de la vida de la gran mayoría de profesionales de ese sistema que complementan su vocación de servicio a la población (a través de la provisión de servicios sanitarios) con un admirable compromiso de investigar en ciencias médicas, a la vez que forman profesionales en las distintas especialidades que constituyen la medicina. Permítaseme pues, que comience este artículo presentando a mi hermano, Francesc Navarro López.

Nació hace 86 años en Barcelona, hijo de padres maestros, represaliados por su lealtad a la II República. La represión en contra de los maestros republicanos durante la dictadura fue muy acentuada por parte de la Iglesia católica y de la Falange, que los acusó de ser responsables de promover los valores republicanos de libertad, democracia y justicia social que no eran permitidos por los golpistas, los cuales se autodefinieron como los “nacionales” (y que establecieron uno de los regímenes dictatoriales más represivos que hayan existido en la Europa Occidental en el siglo XX). Mi hermano vivió, como niño y adolescente, las consecuencias de aquella represión, sintiendo desde muy temprana edad gran admiración y gratitud por el enorme sacrificio que nuestros padres y familiares (y su generación) habían hecho para cambiar el país que tanto amaban. La vocación de servicio (en el área de Medicina en el caso de Francesc) se gestó en este ambiente. Y su dedicación completa al servicio público deriva de ello. Ello, junto con su enorme entrega a la docencia y a la investigación científica, marcaron su carrera.

Se especializó en cardiología en instituciones académicas de ambos lados del Atlántico Norte y trabajó, primordialmente, en el Hospital Clínico (que es el hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde se había licenciado) como director del Servicio de Cardiología y Unidad Coronaria (1972-1998). Fue también director del Departamento de Medicina y decano de la Facultad (1988-1991), catedrático de Medicina, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, y fue considerado como uno de los cardiólogos españoles más conocidos y reputados a nivel mundial. Fue distinguido con infinidad de condecoraciones y honores a nivel nacional e internacional. Mucho se ha escrito sobre su trabajo científico (ver aquí y aquí). Pero quisiera resaltar que a su trabajo científico se añadió siempre su dimensión como ciudadano progresista, habiendo fundado junto con otros amigos y médicos en otros países, la Asociación Internacional de Médicos para la prevención de la Guerra Nuclear, la cual recibió en 1985 el Premio Nobel de la Paz.

A través de Francesc pude conocer a muchos profesionales sanitarios, igualmente motivados y con igual excelencia en su trabajo, tanto en la provisión de servicios como en su calidad investigadora, trabajando en el sector público a pleno empleo y sin ejercer la medicina privada, desarrollando su investigación (que fue reconocida no solo en revistas científicas, sino incluso en el caso de Francesc en diarios internacionales como el The New York Times, 06.05.82) en condiciones de gran escasez de recursos. Vi en una ocasión el asombro de un grupo de investigadores alemanes que visitaron el Hospital Clínico, que quedaron impresionados con la pobreza de recursos con los que se estaba haciendo una investigación enormemente importante y relevante. Y lo que es importante señalar es que hay miles y miles de científicos y clínicos sanitarios en el Servicio Nacional de Salud que están trabajando haciendo una labor extraordinaria con una gran escasez de recursos, debido a la insensibilidad de las autoridades políticas del país, tanto del gobierno español como de la Generalitat de Catalunya, hacia la extraordinaria labor que los profesionales en el sector público sanitario están realizando. Aquí en Catalunya el número de estos profesionales entre los galardonados con la Creu de Sant Jordi, el máximo galardón ofrecido por el gobierno de la Generalitat de Catalunya (durante la mayor parte del período democrático, de derechas), se puede contar con los dedos de las manos. Pero lo que es incluso más grave es la enorme subfinanciación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La escasa financiación del SNS

El gasto público sanitario por habitante es solo el 60% del promedio de los países de semejante nivel de desarrollo a España (UE-15), mientras que el PIB per cápita es ya el 94% de la UE-15. El déficit de gasto público sanitario es enorme. El problema no es que España no tenga dinero. El problema es que el Estado no lo recauda. Más del 70% del fraude fiscal viene de los sectores más adinerados y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (el 0,12% de todas las empresas). Tal pobreza de recursos aparece en casi todas las dimensiones del SMS, y muy en particular en la investigación médica sanitaria. Y tal pobreza se ha acentuado extensamente con los recortes (los más importantes en la UE-15, recortes incluso mayores en Catalunya) del gasto público sanitario durante los últimos diez años.

En realidad, tal limitación de recursos públicos explica la polarización de los servicios sanitarios en España (incluso mayor en Catalunya), en la que, en general, el 20-30% de la población de mayor renta utiliza los servicios médicos privados y el 60-70% restante los servicios públicos. Tal polarización no es buena ni para los primeros ni para los segundos. Las personas que utilizan los servicios privados lo hacen para tener ventajas como menos listas de espera, y otras comodidades. Ahora bien, la evidencia muestra claramente que la calidad de los profesionales e infraestructura sanitarios es mucho mayor en la pública que en la privada, de manera que aconsejo al lector que, en caso de enfermedad grave, recurra a la sanidad pública, más que a la privada. Y me permito alertar a las autoridades sanitarias sobre la invasión de empresas aseguradoras privadas (muchas de ellas procedentes de EEUU) en la sanidad española, pues la experiencia en EEUU con tal aseguramiento sanitario privado ha sido un “desastre” (como bien lo definió un presidente republicano de EEUU, Richard Nixon, que era, por cierto, muy de derechas). El sistema sanitario estadounidense, primordialmente privado y gestionado por las compañías de seguros sanitarios privados, es el más caro y es el que, según las encuestas, deja más insatisfechos a los usuarios. De ahí que una de las propuestas de reforma sanitaria más populares en EEUU sea la de cambiar dicho sistema, eliminando las compañías de seguros, tal como ha propuesto el candidato a la presidencia de aquel país en 2020, el senador Bernie Sanders. 

Una última observación: la jubilación debería ser un derecho, no un deber

Una dimensión en la vida de Francesc, mi hermano, que afecta a todos los empleados públicos en este país (que considero enormemente injusta y errónea), es que le obligaron a jubilarse a los 65 años como empleado sanitario, y a los 70 como catedrático. En España, todos los empleados tienen que jubilarse a esa edad. Ver cómo una persona que goza de su trabajo, que está en plena forma, y que tiene una gran experiencia clínica e investigadora y docente, debe dejarlo todo, el año A, mes M y día D, me parece un gran error, casi una maldad, y un enorme despilfarro. La jubilación debería ser un derecho, no un deber. Me parece justo que una persona que desea jubilarse tras los años requeridos para recibir la pensión pueda hacerlo. Y estoy muy en contra de la última reforma regresiva de las pensiones, que alargó la edad obligatoria de la jubilación de 65 a 67 años. Ahora bien, aquellas personas que, tras los años de obligatoriedad en su contribución, quieran continuar trabajando, deberían tener el derecho a hacerlo. En EEUU es ilegal forzar a una persona a jubilarse, y si eres catedrático, como lo he sido durante muchos años en la Johns Hopkins University (uno de los centros sanitarios más importantes de aquel país), nadie te puede obligar a ello.

Se me dirá, como ya se me ha dicho en España, que hay que jubilarse para dejar paso a nuevas generaciones, en un sistema en el que hay un número limitado de plazas. Pero este argumento ignora que hay muchas maneras de diseñar un sistema de jubilación que sea gradual y/o variable, de manera que las responsabilidades puedan ir variando según los deseos del profesional y las necesidades de la institución. Eliminar súbitamente personal de tanto valor humano y científico me parece un gran error. Y es paradójico que el SNS, diseñado sobre los principios de solidaridad y humanidad, se comporte con tanta dureza con los que han dado tanto de su vida para convertirlo en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo (a pesar de su subfinanciación). Si otros países consideran la jubilación como un derecho – tal como EEUU – España también puede (y debe) hacerlo. Así de claro (ver mi artículo “La enorme discriminación contra las personas mayores en España”, Público, 23.08.18).