20minutos: La Plataforma de Salud Universal ha informado de que desde septiembre de 2012 se han dado de baja en Aragón entre 12.615 y 30.000 tarjetas sanitarias en aplicación del real decreto 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud , en su mayor parte de personas inmigrantes en situación irregular.

Así lo han señalado en rueda de prensa los representantes de esta plataforma Katrina Belsué, Chema Llorente y Javier Alcober, que han indicado que la primera cifra ha sido aportada por el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y la segunda por el Instituto Aragonés de Estadística, respecto a cuya diferencia han solicitado explicación a estos organismos sin que la hayan recibido.

No obstante, todos ellos han subrayado que lo importante no es el número "porque estamos hablando de un derecho fundamental". Al respecto, Chema Llorente ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 14 que todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad", "un derecho básico" que se ha "vulnerado" en algunos casos de personas inmigrantes tras la entrada en vigor del citado decreto ley.

Asimismo, ha advertido de la "falta de información" sobre el Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, que el Gobierno autonómico aprobó en abril de este año "para tratar de paliar la situación de desatención sanitaria a la población inmigrante en situación irregular".

Llorente ha precisado que "a los seis meses de su aplicación, los hechos demuestran que, además de que el programa no garantiza el derecho a la salud en condiciones de igualdad, universidad y calidad, su aplicación está resultando ineficaz".

Según datos aportados por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia el pasado 18 de octubre, solo 303 personas habían accedido al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, al que se habían presentado 348 solicitudes, cifra que "nos parece escasa dado el número de tarjetas sanitarias que se han retirado".

Falta de información

Llorente ha expuesto que "cuando las personas que podrían acogerse al programa acuden a los centros de salud y hospitales porque necesitan asistencia sanitaria, se les ofrece la posibilidad de firmar un compromiso de pago, pero no se les informa de la existencia del programa".

Igualmente, ha sostenido que en el caso de algunos inmigrantes se les pide un documento emitido por la autoridad competente del país de origen de no exportación del derecho de asistencia sanitaria que es "muy difícil" de conseguir o "no existe".

En este punto, Javier Alcober ha opinado que se ha elaborado una "legislación hostil" contra los inmigrantes, con un programa "de mínimos" que, además "no se está aplicando, pidiendo documentos que no existen" por lo que ha estimado que es una normativa "disuasoria" con la finalidad de la Administración de "ahorrar" dinero.

Embarazadas y menores

La Plataforma también ha detectado casos de menores y embarazadas a los que inicialmente se deniega la tarjeta sanitaria en el centro de salud. Como ejemplo, han citado que entre febrero y septiembre a un menor se le denegó la tarjeta, a otro no se le tramitó la solicitud y diez "ni siquiera sabían que tenían derecho a tarjeta y asistencia".

Por lo que respecta a las embarazadas, entre en marzo y julio, cinco mujeres extranjeras embarazadas desconocían que tenían derecho a recibir la asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y después de éste, a una mujer se le denegó renovación de la tarjeta y a otra la tramitación de la nueva.

Por otra parte, han expuesto que muchas de las tarjetas que se han dado de baja son "de personas inmigrantes con permiso de residencia anterior a la entrada en vigor del real decreto, quienes podían adquirir la condición de asegurado por límite de ingresos y recuperar la tarjeta sanitaria".

También han alertado del caso de enfermos crónicos a quienes se les atiende, pero tienen problema con el pago de las medicaciones ya que deben asumir el cien por cien del coste, y que ha llevado a que el número de ayudas de las asociaciones que atienden a estas personas se haya incrementado el 21 por ciento en el apartado de salud entre 2011 y 2012.

Concretamente, han dicho que hay 45 familias en la ciudad de Zaragoza que deben recibir ayuda económica para la compra de fármacos de forma mensual, bimensual o trimestral.

Por otra parte, Katrina Belsué ha apuntado que la Plataforma ha solicitado en varias ocasiones reunirse con el consejero de Sanidad de Aragón, Ricardo Oliván, pero no les ha recibido, aunque sí ha habido encuentros periódicos con la directora general de Calidad y Atención al Usuario.

En ellas, Belsué ha reconocido que "se ha solucionado cada problema que se ha ido detectando", pero "la mayoría de los casos no llegan a las asociaciones" y es obligación de la Administración "encontrar una solución para toda la población".

Queja al justicia

Ante esta situación, la Salud Universal ha puesto en conocimiento del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, "la situación de vulneración del derecho a la salud que actualmente viven en la Comunidad autónoma".

Además, le han pedido que se dirija a la Administración autonómica "para recordarle su debe de informar adecuadamente a todas las personas que carecen de tarjeta sanitaria o no pueden acceder a ella sobre todas las posibilidades de acceso a la asistencia sanitaria".

Concretamente, le han solicitado que incida en el deber de información correctamente, "exigiéndolo al personal que informa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), los centros de salud y hospitales, tanto funcionarios como personal laboral, trabajadores sociales y administrativos, con quienes los solicitantes de la asistencia tienen el primer contacto".

Por otra parte, la plataforma ha apostado por que, ante las dificultades o la imposibilidad de obtener el certificado de no exportación del derecho de asistencia sanitaria que se exige a los ciudadanos de determinados países para acceder al Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, sea la propia Administración la que, en su caso, se encargue de obtenerlo a través de sus relaciones con las administraciones del país correspondiente o bien excuse la necesidad del trámite.

Finalmente, le han reclamado que la Comunidad autónoma, dentro de su facultad de aprobar su cartera de servicios, "extienda a la prestación farmacéutica la asistencia sanitaria" en las mismas condiciones que quienes disponen de tarjeta sanitaria.