infoLibre: El grupo Capio, gigante de la sanidad privatizada y cuyos verdaderos dueños se ocultan tras sociedades de las Islas Caimán, obtiene la mayor parte de sus ingresos de una sola administración pública de las cuatro para las que trabaja. Y justamente los capta de aquella que con mayor énfasis exalta la iniciativa privada y que, tras privatizar cuatro hospitales, auspicia la “externalización” de otros seis para “abaratar” costes: la Comunidad de Madrid.

Las cuentas anuales de Capio correspondientes a 2011 constatan que seis de cada 10 euros ingresados provinieron del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Y confirman un dato que acabó trascendiendo hace dos meses pese al secretismo del Gobierno regional: que el dinero pagado por el Sermas a Capio superó con mucho lo presupuestado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ahora en manos de su sucesor, Ignacio González. El Ejecutivo regional del PP jamás ha permitido que la oposición acceda a la ejecución presupuestaria –el gasto real desglosado, por lo que los cálculos sobre el desfase solo pueden ser aproximados.

Dado que la facturación total de Capio en ese ejercicio ascendió a 562,62 millones (243,8 de enero a junio y 318,7 de julio a diciembre) y dado que el porcentaje declarado de ingresos del Sermas se cifró en el 60% para el primer semestre y en el 57% para el segundo, Capio cobró de la sanidad pública madrileña 328,012 millones ese año. El presupuesto de la Comunidad de Madrid asignaba ese año 253,78 millones para los dos hospitales con los que la empresa operaba entonces. En resumen, el sobrecoste llegó, como mínimo, a 74 millones.

Sin acceso a los datos

El pasado mes de enero, el diario El Mundo desveló que la Comunidad de Madrid y Capio habían suscrito en 2011 un acuerdo secreto que incrementaba en 94 millones el presupuesto original (211,15 millones) destinado al hospital Fundación Jiménez Díaz, de titularidad privada pero financiado con fondos públicos. El Ejecutivo de Ignacio González arguyó en su descargo que el Jiménez Díaz es un hospital “complejo” cuyos pacientes han pasado de 400.000 a 434.000. En cualquier caso, se trate de 74 millones adicionales o de 94, el desfase pone en solfa el gran argumento del Gobierno del PP en pro de la privatización: el abaratamiento de costes.

La ejecución presupuestaria del Sermas –el desglose del gasto real efectuado– nunca ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas regional ni ha estado al alcance de la oposición parlamentaria. El único documento detallado disponible es el de los Presupuestos del ejercicio, que en 2011 reservaban en total 253,78 millones a los dos hospitales por los que Capio cobraba entonces de la sanidad pública: la Fundación Jiménez Díaz, que posee un carácter netamente privado, y el Hospital de Valdemoro.

En diciembre, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, prometió en el programa televisivo Las Mañanas de Cuatro entregar a los grupos opositores la ejecución presupuestaria del Sermas.

La dependencia económica de Capio respecto del Ejecutivo autonómico es tal que en su informe de 2011 la auditora Deloitte llamó “la atención” sobre la nota del balance de Capio “en la que se indica que la mayoría de los ingresos del grupo se corresponden con servicios prestados al Servicio Madrileño de Salud”. La nota aludida cuantifica en el 60% el "porcentaje de operaciones mantenidas con un único cliente (Servicio Madrileño de Salud. Sermas)".

“Cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales consolidadas adjuntas –agregaron los auditores– debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia”. La referencia al Sermas consta en las cuentas concernientes al semestre enero-junio y desaparece en las alusivas al periodo julio-diciembre, que rebaja al 57% las operaciones con un único cliente.

En 2011, Capio ya facturaba al Sermas por el hospital Fundación Jiménez Díaz y por el de Valdemoro. Ahora, gestiona en Madrid cuatro hospitales en total. Es decir, cobra por otros dos más: los de los municipios de Móstoles y Collado Villalba, todavía sin uso.

Capio también presta servicios para las administraciones sanitarias de Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero, a tenor de sus cuentas, los ingresos conjuntos procedentes de esas tres comunidades solo representaron el 15,9% del total