LA VANGUARDIA: 4 de diciembre. Hospital Sant Pau de Barcelona. 11.17 horas. Ingresa en el Servicio de Urgencias un paciente, que viene por la Seguridad Social, con la sospecha clínica de que sufre una patología aguda en una de las extremidades inferiores. A las 14.33 horas, se le hace una exploración radiológica que confirma la primera sospecha: padece una enfermedad vascular urgente que compromete la viabilidad de la extremidad.

Es necesario operarlo de urgencia. Pero para llevar a cabo este tipo de intervención, se necesita una mesa quirúrgica con un equipo radiológico incorporado. En el Sant Pau, sólo hay una. Y ahí aparece el problema. En el mismo momento en el que es preceptivo intervenir a este paciente, hay programada una cirugía, “no urgente ni vital”, según señala el comunicado hecho público por el comité de empresa del Sant Pau, de un paciente privado que necesitaba la misma mesa quirúrgica.

“No era urgente. Era una operación para colocar una endoprótesis por un aneurisma”, explica a LaVanguardia.com la doctora Carmen Pérez, presidenta del comité de empresa. Sin embargo, y “a pesar de los requerimientos de los profesionales de diversos estamentos, se priorizó al paciente privado no urgente en detrimento del que no era privado y tenía mucha más urgencia”, añade.

Y así se hizo. En torno a las 16.00 horas se intervino al paciente privado, mientras que “la operación del paciente no privado y urgente quedó pospuesta para varias horas después”. Pero el problema no acaba ahí. El paciente privado, por el tipo de intervención, requirió el ingreso y, después de pasar la noche en la unidad de reanimación (REA), fue trasladado a una unidad convencional “ocupando una cama en una habitación individual dentro de la dotación de camas públicas, mientras que el paciente público permanece en la REA pendiente de ser trasladado”. Este hecho, a ojos de la doctora Pérez, no es menor ya que durante dos días, ayer miércoles y hoy jueves, “se han suspendido bastantes intervenciones porque no había camas libres en el hospital”.

Los directivos del Sant Pau se han limitado a emitir un comunicado, declinando hacer declaraciones a esta redacción, para rebatir los argumentos presentados por el comité de empresa del centro. En relación al paciente privado esgrimen que “su atención, que estaba previamente programada, se realizó utilizando un quirófano que en ese horario está cerrado (se cierra una vez finalizada la actividad concertada programada)”. Y añaden: “El segundo paciente ingresó por Urgencias. La atención urgente tiene un circuito propio e independiente que no coincide con la actividad programada”. Los responsables del CatSalut se han negado también a hacer declaraciones y se remiten al comunicado del hospital.

Entran en competencia

El problema que parece subyacer de toda esta problemática es que, al final, los pacientes privados y los públicos entran en una especie de competencia. “No puede haber dos puertas de entrada”, denuncia la doctora Carmen Pérez. “Lo que nos preguntamos es si se pueden demorar intervenciones programadas de pacientes públicos porque hay un señor que reporta unos intereses económicos que se cobran aparte. Está ocupando una cama y unos recursos que están pagando todos los ciudadanos”.

Pérez matiza que no tiene nada en contra de la atención privada, pero defiende que “se tiene que hacer de una manera que no sea competitiva con otras actividades”. “Eso quiere decir que se tiene que contar con recursos que salgan de manos privadas para destinarlos a ese negocio. Si alguien pone un negocio, arriesga su dinero. Lo que no se puede hacer es poner un negocio con los recursos y el dinero del vecino”, sentencia.

El comité de empresa argumenta que, hace unos meses, la dirección del Hospital de Sant Pau negó que se estuvieran utilizando medios financiados con dinero público para hacer intervenciones privadas. Aseguraba, además, que las únicas actividades asistenciales de carácter privado que se hacían se incluían en las listas de espera general y no eran competitivas con los pacientes públicos.

“Explicaron –arguye la doctora Pérez, que lo único que se hacían eran, por ejemplo, intervenciones de varices [las infiltraciones que se hacen por cuestiones estéticas no entran por el seguro] que no estaban en la cartera de servicios públicos y que, en consecuencia, no entraban en competencia. Es evidente que han mentido, porque la intervención que hicieron al paciente privado se hace por la aseguradora pública y hay lista de espera”.