El proyecto empezó a concretarse al mes siguiente. El 8 de junio, la presidenta autonómica ya reveló el emplazamiento del que llevará por nombre Hospital Enfermera Isabel Zendal: Valdebebas. Según su propio Ejecutivo, que comparte con Ciudadanos, el proyecto costará 50 millones y tendrá una superficie de casi 40.000 metros cuadrados divididos en tres pabellones, más de un millar de camas, hasta 20 unidades de hospitalización de 48 camas cada una, 48 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), áreas de diagnóstico por imagen y un laboratorio. Podrá acoger, por tanto, el mismo número de pacientes que un hospital como, por ejemplo, el Gregorio Marañón, que tiene 1.160 camas. En él trabajan, según los datos a 30 de septiembre del portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), 3.490 profesionales de formación universitaria, entre los que se encuentran los médicos especialistas y los enfermeros.

Dos hospitales similares, con una capacidad similar, necesitan un número de profesionales también similar. El problema es que, según llevan tiempo denunciando los propios sanitarios, el servicio sanitario madrileño ya adolece de una infradotación. Por eso encontrar 3.000 trabajadores y trabajadoras se torna una misión bastante complicada. Y sacarlos de otros hospitales, una opción inadecuada. "Plantear que en una situación de hospitales saturados y profesionales exhaustos se van a sacar a 3.000 personas que hacen falta para atender 1.000 camas habla de una gran incompetencia e irresponsabilidad, además de una falta de respeto a la ciudadanía", señala Freire.

Las plantillas ya están "muy ajustadas"

El problema es que los hospitales que ya están abiertos y que lidian diariamente con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus tienen unas plantillas "muy ajustadas", señala Ezquerra. Sacan adelante el trabajo con menos manos de las que deberían, así que la atención sanitaria que podrían ofrecer si algunas de ellas se marchan a Valdebebas dejaría mucho que desear, insiste. "En este momento es inviable hacer eso. Hay plazas de neumología sin cubrir autorizadas a contrataciones y ni siquiera se encuentran neumólogos", dice el secretario general de Amyts, que se pregunta entonces cómo se podría dotar al nuevo hospital de estos especialistas, claves en la lucha contra una enfermedad que ataca, en su forma más grave, a los pulmones.

Martín-Maestro coincide con él y apunta a que "ningún centro sanitario —ni hospitalario ni de atención primaria— puede permitirse el lujo de perder ni un solo profesional". "Muchos de estos centros continúan necesitando los 10.100 profesionales de refuerzo a los que la presidenta prometió contratar. Todavía nos faltan más de 3.000. Si a eso le sumamos la apertura de un nuevo centro sanitario, la necesidad de plantilla se torna abrumadora", denuncia.

"Los hospitales no se pueden permitir esto. Están todos muy por debajo de sus necesidades desde hace muchísimo tiempo. Están soportando una carga elevadísima", añade Julián Ordoñez, secretario de Sanidad en UGT Madrid. "Lo que hay que hacer es contratar", señala, tajante.

Lo cierto es que las plantillas del sector hospitalario del Sermas han ido en aumento desde el pasado mes de mayo, cuando se anunció la construcción de este nuevo hospital. Entonces, el número de trabajadores y trabajadoras de formación universitaria estaba en 32.287 personas, que aumentaron hasta 32.810 al mes siguiente. Ya en julio pasaron a ser 32.959, 43 más que en agosto. A fecha de septiembre de 2020, la atención hospitalaria contaba con 33.089 profesionales de formación universitaria. Son más que hace un año, cuando había 28.708 (4.381 menos), pero insuficientes. Según Ordoñez, en los hospitales que ya están en funcionamiento en la región harían falta, "como mínimo", unas 8.000 o 10.000 personas de todas las categorías. Y eso sin pandemia, "en condiciones normales". "Ahora ese número habría que multiplicarlo por un coeficiente que elimine las incidencias que se producen y que no vamos a poder evitar", lamenta.

La historia es conocida porque ocurrió lo mismo en atención primaria. Ayuso se comprometió a luchar contra el covid-19 contratando a 650 nuevos sanitarios para los centros de salud de la región. En el momento del anuncio, según datos del Sermas, había 4.074 médicos de familia en atención primaria. El último día de agosto, esa cifra se situaba en 4.116. Son apenas 42 profesionales más. Para Ayuso, el problema radica en la falta de médicos en España. Para los profesionales, en la precariedad laboral que existe en la región.

Y también pasó lo mismo con los rastreadores. Tampoco a día de hoy la Comunidad de Madrid ha sido capaz de construir una plantilla de rastreadores acorde a su densidad de población. A mediados de mayo, el vicepresidente Aguado comunicaba la intención del Ejecutivo regional de contratar a 400 técnicos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus. Sin embargo, a finales de julio apenas llegaban a los 182, muy lejos de los 1.200 con los que deberían contar para hacer un seguimiento correcto de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por instituciones como la Universidad John Hopkins. Ahora, después de intentar que los números cuadrasen a través de voluntarios o de trabajadores de la sanidad privada, Madrid ha conseguido engordar algo más la plantilla. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, a inicios de septiembre trabajaban ya en la región 560, más los 150 solicitados al Ministerio de Defensa —710 en total—. Hace unas semanas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, hablaba ya de casi un millar. Y prometía tener 1.500 para octubre. Según Martín-Maestro, todavía no han llegado los necesarios.

Todos los números han crecido, pero no se han ajustado ni a los compromisos adoptados por el Gobierno autonómico ni mucho menos, denuncian siempre los profesionales, a lo necesario.

Ifema, el proyecto estrella que ya dejó sin profesionales la atención primaria

Lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid tampoco es nuevo. El proyecto del hospital de pandemias tiene otra cosa en común con el hospital "milagro", tal y como lo llegó a calificar Ayuso, de Ifema. Cuando abrió sus puertas tampoco había de dónde sacar personal, así que el Ejecutivo regional decidió echar el cierre de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y trasladar a sus profesionales a ese macro hospital. El problema es que nunca volvieron. Ni cuando Ifema echó el cierre. Así que los SUAPs siguen cerrados, a pesar de cumplir una labor fundamental. Cuando la atención primaria cierra, ellos abren. Ofrecen un servicio de urgencia desde los centros de salud a quienes la requieran en mitad de la noche, en un fin de semana o en un día festivo. O simplemente, atienden los servicios que la atención primaria programa para cada día cuando esta descansa.

Martín-Maestro teme que esto vuelva a ocurrir. "Ya habíamos insistido en que había que llevar a cabo una planificación de necesidades para ir viendo cómo se iba a dotar el hospital de Valdebebas y ha llegado el día y vemos que se va a secuestrar a profesionales, igual que cuando abrió Ifema, que se hizo con personal de atención primaria", recuerda. "A día de hoy siguen cerrados varios consultorios locales y algunos centros de salud no están al 100%, sino que tienen horarios concentrados porque tienen una necesidad imperiosa de personal", añade.

"Lobby de las constructoras"

Pero no sólo es el personal que atenderá esas más de 1.000 camas. Tanto la oposición como los sindicatos cuestionan el proyecto en sí mismo. Según Freire, por ejemplo, su construcción no es más que "un sinsentido sanitario". "No hay ningún informe que dé razones para construirlo. No han podido poner por escrito el porqué de un hospital de este tipo", critica. Mónica García, líder de Más Madrid, ya lanzó la misma idea en el mes de julio. "La imagen que dan, que es fiel a la realidad, es que ustedes están haciendo de lobby de las constructoras más que haciendo de lobby del bien común", criticó en la Asamblea de Madrid. Ahora, en conversación con infoLibre, sostiene ese discurso. "Es un hospital completamente innecesario, no tiene sustento ni técnico ni epidemiológico y sólo responde a las necesidades de Ayuso de cubrir con ladrillos lo que no ha cubierto en años con profesionales", critica. "Esto es la segunda temporada del hospital de Ifema, que fue un gran plató televisivo. Pero se dejan el pequeño detalle de que los hospitales no son ladrillos, sino profesionales. Te deja estupefacto escuchar a la presidenta decir que lo sacarán de unos hospitales que ya están colapsados y que tienen una carga asistencial por encima de lo normal", añade.

Vanessa Lillo, diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, también se posicionó en la misma línea en conversación con infoLibre: "Nos parece más una operación de ladrillo y propaganda como fue el hospital de Ifema. La cuestión no es tener instalaciones, es dotarla de recursos".

Ordoñez lo comparte. "Esta es la misma filosofía que tiene el PP desde los años 2006 y 2007, cuando inauguraron nuevos hospitales que no supusieron un incremento de camas ni de profesionales, sino un decremento. Lo único que hacen es crear beneficio para las constructoras y negocios privados. No hay más", critica.

Según ha podido comprobar infoLibre, las obras de urbanización del emplazamiento del nuevo hospital han sido adjudicadas a Fatecsa Obras S.A por 3,8 millones. Hay otros dos contratos: el de "proyecto y dirección facultativa" del "módulo B1" y el del "módulo C". El primero ha sido adjudicado a Argola Arquitectos SBL por 415.968 euros y el segundo a Aidhos Aquiec Sao por 454.466. Desde la oposición, no obstante, denuncian lo que denominan "opacidad" en lo contratos, por lo que el PSOE pedirá una comparecencia para conocer exactamente los contratos relacionados con este proyecto. García ya recuerda que Ifema fue "un sumidero de contratos no justificados". Repetir eso ahora, dice, es "sangrante".

Este martes, precisamente, los médicos de toda España, convocados por el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos médicos (CESM) comienzan una huelga indefinida para pedir al Gobierno una sanidad "de calidad".