Redacción Médica: Las Elecciones Generales celebradas este domingo 20 de diciembre arrojan un resultado que confirma el paso de un sistema bipartidista a uno multipartidista, algo que sin duda condicionará la toma de decisiones en política sanitaria que tome en los próximo años el futuro Ejecutivo.

El Partido Popular, ganador de las elecciones con el número de diputados en la mano (123), queda lejos de la mayoría absoluta (176) y de los que consiguió en 2011 (186). También baja el PSOE, que pasa de los 110 de hace cuatro años a 90, el peor resultado de esta formación en la historia de la Democracia. Entra en el Parlamento la formación Podemos, que sumando sus múltiples marcas alcanza los 69 diputados, mientras que Ciudadanos obtiene 40. Ambas se estrenan, ya que en la legislatura anterior no estaban representados en el Congreso de los Diputados.

Pero estos cuatro partidos tienen complicada la estabilidad para gobernar incluso con pactos entre ellos, porque solo un pacto PP-PSOE (descartado por los socialistas varias veces durante la campaña) lograría la mayoría absoluta. Así pues, deberán acercarse también a los nacionalistas Democracia i Llibertad -antigua CiU- (8 diputados) , ERC (9) o PNV (6) para asegurar la estabilidad del Gobierno.

Viraje en las políticas sanitarias

Con este resultado es evidente que no habrá ningún partido que pueda tomar decisiones unilateralmente en sanidad durante los cuatro próximos años. En el punto de mira quedan además reales decretos aprobados en la legislatira anterior por el PP, como el 16/2012, que implantó el copago farmacéutico según rentas económicas y que matizó la universilidad de la astención sanitaria, un aspecto que los gobiernos autonómicos liderados por el PSOE han ido desoyendo desde las Elecciones Autonómicas celebradas en mayo pasado, principalmente para dar respuesta a la demada de salud de los inmigrantes irregulares.

También el polémico decreto de prescripción enfermera, que enfrentó en los últimos meses a la profesión de Enfermería con el propio ministro Alfonso Alonso, se ve en entredicho, ya que otras formaciones han apostado por una interpretación diferente.

Con el programa en la mano

Por el momento el punto de partida de las negociaciones de unos y otros serán sus respectivos programas electorales, en los que la sanidad ha tenido cierto protagonismo, según informa Javier Barbado. 

Con relación, por ejemplo, a la mutualidad de funcionarios del Estado (Muface), el PP se han mantenido firme en la defensa del decreto aprobado por su gobierno y la consolidación del modelo, respectivamente. Respecto a la autonomía directiva de los profesionales de los centros, el PP ha sido el único partido que han incluido en sus planes de gobierno un área de capacitación específica (ACE) para los directivos de la salud que los acredite y favorezca, así, su profesionalización, reivindicación histórica de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que, de hecho, fue quien la propuso al Ministerio de sanidad durante el mandato de Rajoy.

En este caso, el Partido Socialista no ha dudado en informar de que, si forma parte del gobierno central, derogará el decreto 16/2012 aprobado en abril de ese año por el PP, tal como corroboró a Redacción Médica el propio portavoz de sanidad del partido, José Martínez Olmos. El colectivo que encabeza Pedro Sánchez ha hablado, incluso, de reeditar la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y de revisar el copago farmacéutico. Además, los socialistas se han comprometido a que se aplique la Ley de Dependencia y a subir la inversión en salud a un 7 por ciento del producto interior bruto (PIB), además de aumentar la compra centralizada de medicamentos y de productos sanitarios.

En cuanto a Podemos, se opone de forma tajante al decreto 16/2012, que derogará si accede al Ejecutivo, y defiende una sanidad “universal, gratuita y de calidad” para todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, para lo cual arguyen que revisarán, asimismo, la LGS, según reza en su programa. Además, el colectivo que lidera Pablo Iglesias se ha comprometido a elevar el presupuesto sanitario en 8.000 millones de euros.

Con respecto a uno de los caballos de batalla ideológicos del sector, la colaboración entre la sanidad pública y privada, el partido de Iglesias ha mantenido, desde su creación, la idea de dar prioridad a la primera y limitar la colaboración de la segunda a los intereses estatales. En cambio, el otro partido calificado de ‘emergente’, Ciudadanos (C’s), no se opone a promoverla aunque da prioridad a la gestión pública directa de los centros con respeto a las experiencias concertadas que ha habido, y se mantiene a la espera de evaluaciones independientes que indiquen qué fórmulas de gestión son las más adecuadas.

Su líder, Albert Rivera, ha declarado, al final de la campaña, que no unirá su fuerza política a la de Rajoy, sino que se abstendrá a la hora de votar su posible investidura presidencial. No ha amenazado con derogar el decreto 16/2012 e incluso ha defendido, con matices, alguno de sus postulados más polémicos, como la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares sin tarjeta, de la que aduce, en todo caso, que deberá someterse a un Pacto Europeo de Mínimos.

Ciudadanos no se ha comprometido a suprimir los copagos existentes, y ha dejado claro que no eliminará el de índole farmacéutica, ahora en vigor. Ha defendido el Consejo Interterritorial (CI) e incluso ha sugerido fortalecer su capacidad ejecutiva haciendo vinculantes sus decisiones. 

Por último, en cuanto a asuntos más específicos, como la prescripción enfermera o las unidades de gestión clínica (UGC), el partido de Rivera se ha mostrado decidido a llevar a cabo “un acuerdo nacional para establecer la delimitación y condiciones” del primero, y, respecto a la autonomía directiva de los profesionales de los centros, no defiende las unidades de gestión clínica (UGC) como tales (alude, sin mayores precisiones, a “la participación de los profesionales en la toma de decisiones de política y gestión sanitarias”, y se inclina, eso sí, por descentralizar la gobernanza de los hospitales aportando mayor margen de maniobra a los gerentes, pero con transparencia en sus actuaciones.