eldiario.es: Igual que en contextos acomodados es lugar común señalar que 'es feo hablar de dinero', hay cuestiones relativas al gasto público que tampoco suelen ser objeto de un excesivo debate público. Al menos, eso es lo que ha venido sucediendo hasta la actual crisis económica y la ola de recortes sociales que la acompaña. Uno de los ámbitos en los que no se solía hablar de dinero era el relativo al gasto de la Xunta a través del Servizo Galego de Saúde en servicios religiosos, esto es, en los sacerdotes que ejercen como capellanes en los diferentes hospitales públicos. Estas figuras, lejos de ser resultado del voluntarismo eclesiástico, son tratados por el Gobierno gallego como trabajadores del Sergas y, actualmente, suponen un gasto de más de medio millón de euros por año.

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Junto con pasadas fugaces por las páginas de algunos periódicos en los últimos años, esta cuestión fue objeto el pasado enero de una pregunta parlamentaria oral de la portavoz sanitaria del PSdeG, Carmen Acuña. El expediente circuló por el registro del Parlamento hasta el verano, cuando fue convertida en pregunta escrita, y la respuesta llegó a la Cámara el día 10 de este mes. El Gobierno gallego dice responder a la pregunta "sobre los servicios religiosos en la red de hospitales públicos de Galicia y el incidente de los recortes presupuestarios en los capellanes de la Iglesia católica”. Pero la contestación no puede ser más escueta: "En la actualidad hay 41 capellanes con uno coste total de 531.384 euros". Fin.



Así, el departamento sanitario de la Xunta olvida dar respuesta a otras de las cuestiones formuladas por Acuña en la misma iniciativa, tales como si se "redujo, por razón de la crisis, el número de capellanes" o si, en su defecto, se mermaron los salarios. Tampoco contesta a si el Sergas "abona servicios religiosos de alguna otra religión", no aclara "en cuántos centros y en cuáles existen espacios de culto habilitados para religiones diferentes de la católica" ni explica si la Iglesia católica paga "alguna tasa por el espacio de culto que se le reserva dentro de los hospitales públicos". Por último, también deja de lado a respuesta sobre si "las mujeres que hacen las funciones de capellanes cobran los mismos salarios que los hombres".





Presupuesto para 55 sacerdotes



Aunque no todas, parte de esas preguntas pueden ser respondidas con un vistazo a los Presupuestos Generales de la Xunta. En la versión final del documento que mantiene publicada la consellería de Hacienda figura que el Sergas tiene presupuestadas 55 plazas de capellán, 43 de ellas a jornada completa. El salario de cada cura es de 13.373,96 euros brutos anuales, si hace su labor a tiempo completo, y de 6.687,02, en el caso de los capellanes a media jornada. En total, el presupuesto del Servicio Gallego de Salud para "personal religioso" ascendió en las cuentas públicas de este año a 663.614,52 euros. En comparación con los Presupuestos de 2012, los primeros elaborados por el gabinete de Feijóo, los salarios de los sacerdotes de los hospitales bajaron un 8%.



Dada la diferencia entre las plazas presupuestadas y las plazas que, según la Xunta, están cubiertas, en la actualidad hay dinero para esta finalidad que no se están utilizando. Esta circunstancia ya fue advertida por el sindicato CIG-Saúde, que el pasado abril solicitó formalmente que estas plazas no sean cubiertas y, con el dinero que les corresponden, "se creen plazas estructurales de personal estatutario", esto es, personal que realiza servicios sanitarios y que resulta "tan necesario para desarrollar la prestación" de la sanidad pública, dicen, más aún en estos tiempos de escasez de trabajadores y trabajadoras.



Para modificar a la baja este número de plazas haría falta modificar el convenio que rige la presencia de los sacerdotes en los hospitales desde 1995, cuando la Consellería de Sanidad, entonces dirigida por José Manuel Romay Beccaría con Feijóo como secretario general del Sergas, acordó que el número de capellanes fuera ligado al número de camas de cada centro hospitalario. Aquel acuerdo fue prorrogado en 2005 por el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG.