EL PAÍS: Una disputa por la colocación de bolardos en unas aceras de Marbella (Málaga) es el extraño punto de partida que ha retrasado durante una década las obras de ampliación del hospital Costa del Sol. Aquel fue el primer revés para unos trabajos que buscaban aumentar los servicios públicos sanitarios de una zona muy castigada tras los desmanes del gilismo. En este tiempo, el centro ha pasado de ser una referencia a convertirse en un espacio “al borde del colapso” como ha dicho este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Con una plantilla de unas 2.300 personas, el hospital atiende a una comarca de casi medio millón de habitantes entre Fuengirola y Estepona, cifra que se duplica cada verano. Sus aspiraciones de contar con mejor atención sanitaria se han diluido en una maraña judicial a partir del enfrentamiento entre instituciones. Y aunque las obras, cuya finalización estaba prevista para 2011, siguen sin arrancar, Moreno Bonilla ha anunciado este lunes su licitación por vía de urgencia. La inversión es de 75 millones de euros.

Con su entrada principal tapada por las obras, el edificio de la ampliación es un esqueleto visible junto a la autovía A-7 desde hace años. Si estuviera ya finalizado, habría ayudado a reducir el déficit histórico de camas hospitalarias en Málaga, acentuado por la pandemia. Un estudio realizado por Comisiones Obreras (CC OO) recoge que, en 2019, la provincia disponía de 2.666 camas hospitalarias públicas, 225 menos que en 2012. La cifra es prácticamente idéntica a la que había en 2003, pero desde entonces la provincia ha ganado 300.000 habitantes. Su ratio actual es de 16 camas por cada 10.000 habitantes, la peor en Andalucía ―como reconoce la Junta― que, a su vez, tiene la peor nacional. “Por eso era tan importante esa ampliación”, dice Rafael González, secretario general de Sanidad de CC OO, que cree que “como siempre”, quienes pagan las consecuencias del choque entre administraciones es la ciudadanía. “Las listas de espera son enormes y hay multitud de servicios que requieren desplazamiento al hospital Clínico de Málaga”, añade González. El viaje es de 60 kilómetros desde Marbella y 90 desde Estepona.

Las obras comenzaron en octubre 2008, dos años antes del problema con los bolardos. Tenían un coste de 50 millones de euros, un plazo de 36 meses para la ejecución y servirían para crear nuevos pabellones donde ubicar un centenar de camas y habitaciones, la ampliación del servicio de radiología y la creación de unidades de reumatología, neurología, agudos de psiquiatría, cirugía vascular u oncología radioterápica, entre otras infraestructuras. El Costa del Sol iba a dejar de ser un hospital comarcal para subir de nivel. Con el armazón prácticamente culminado, en 2010 llegó la denuncia municipal. Procedía del Ayuntamiento de Marbella, con la popular Ángeles Muñoz como alcaldesa.

Entendía que la empresa carecía de licencia para instalar los postes, pero en el trasfondo había también una crítica a la fórmula ideada por la Junta de Andalucía —entonces presidida por el socialista José Antonio Griñán— que preveía que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que realizaba los trabajos financiara tres cuartas partes de la misma y, a cambio, pudiera explotar el parking durante 40 años. El aparcamiento fue, de hecho, lo primero que abrió y para evitar que los visitantes al hospital estacionaran su coche, la UTE colocó obstáculos, que también dificultaban el tránsito de las ambulancias y eliminaban cualquier opción de estacionar de manera gratuita: el recinto hospitalario solo está rodeado de monte y campos de golf. No hay calles.

El caso creció en los tribunales con denuncias cruzadas entre el Consistorio, la UTE y la Junta de Andalucía. En 2014 se llegó a un acuerdo que servía para firmar la paz: el municipio permitía la explotación del parking y la empresa retiraba sus demandas judiciales a cambio de que la Junta pagara 10 millones de indemnización por el retraso de los trabajos. El convenio duró poco. La crisis económica se llevó por delante a la UTE, que a pesar de ello se resistió a soltar la obra y todo acabó, de vuelta, en los juzgados. La última sentencia, en 2017, dictó que la Junta debía pagar 12 millones a la concesionaria. La cantidad fue liberada por la administración socialista en 2018 y ejecutada por la del PP en primavera de 2019, poco después de ganar las elecciones. Ambos partidos lo celebraron como éxito propio.

“Y hasta aquí se puede leer”, dice José Luis Pardal, responsable del Sindicato Médico de Málaga en el hospital, porque todo sigue prácticamente igual que en 2010. El proyecto inicial quedó obsoleto, así que los técnicos de la agencia sanitaria de la Costa del Sol han redactado uno nuevo. Ahora, Moreno Bonilla ha informado de la licitación “por vía de urgencia” de las obras de ampliación del centro, que permitirá “transportarlo al siglo XXI”. Mientras, sí que se han realizado algunas actuaciones para mejorar el hospital con los fondos Covid, ya finalizadas y utilizadas como parte del plan de contingencia para hacer frente a la crisis sanitaria.

Primeros pacientes en Estepona

Los primeros pacientes han comenzado a llegar este febrero al recién estrenado hospital de Estepona. La infraestructura llevaba dos años vacía. Fue finalizada en diciembre de 2018 después de que el ayuntamiento de la localidad, liderado por el regidor José María García Urbano (PP), levantó las instalaciones gracias a una inversión de 16 millones de euros a cargo de su propio presupuesto municipal. A cambio, la Junta de Andalucía lo tenía que equipar. El municipio cumplió su parte, pero desde entonces la administración andaluza apenas había dado pasos significativos. Ahora, tras una inversión de cinco millones, ha entrado en funcionamiento. Inicialmente solo atenderá a pacientes covid para liberar espacio en el hospital Costa del Sol. De allí salen, precisamente, los profesionales que atenderán en este nuevo centro, algo que ha denuciado el Sindicato Médico Andaluz porque "provocará un empeoramiento asistencial" de los pacientes.