EL PAÍS: El Gobierno estudia medidas electorales para compensar a los sectores más perjudicados por los recortes de los últimos años. Desde Moncloa señalan a los empleados públicos como uno de los colectivos más damnificados por la crisis. Consideran que les deben lanzar un guiño de cara a las elecciones para recuperar el terreno perdido tras las pasadas autonómicas y municipales. Entre las medidas que baraja el Ejecutivo está la devolución del 75% de la paga extra suprimida en 2012, así como los días libres (moscosos y canosos) que les retiró hace tres años. El Gobierno también hace cuentas para ver si es posible una pequeña subida salarial, la primera desde 2010, aunque este punto es el más difícil. El Ejecutivo presentará este viernes el techo de gasto de 2016, donde podría incluir algunas de estas medidas.

El Gobierno ultima un paquete de medidas para congraciarse con los empleados públicos de cara a las elecciones del próximo otoño. La economía está evolucionando mejor de lo previsto y la recaudación permitirá lanzar algún guiño a uno de los sectores que han protagonizado algunos de los recortes más sonoros de la crisis. Fuentes gubernamentales admiten que se está trabajando en medidas para favorecer a los empleados públicos. “Es uno de los colectivos a los que más se les ha exigido. Y ahora que la economía va mejor hay que empezar a devolverles los sacrificios”, explican las mismas fuentes. En España hay 2.522.827 empleados públicos, de los cuales 540.658 dependen del Ejecutivo central.

 El Gobierno aprobará este viernes el objetivo de estabilidad para el próximo año —fijará el tope de déficit en el 4,2%, en línea con lo comprometido con Bruselas— y aprobará el techo de gasto de 2016, que probablemente suba tras haberlo reducido un 3,2% este año. El gasto de los ministerios crecerá por las mejoras para los empleados públicos.

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Entre las medidas que están sobre la mesa figura la devolución del 75% de la paga extra suprimida en 2012. Esta decisión costaría unos 700 millones de euros a las arcas públicas. El gobierno ya reintegró a principios de este año el 25% de la extra de Navidad porque, entre otras cosas, los jueces estaban dando la razón a los trabajadores frente a la Administración. La medida supuso un gasto al Estado de 230 millones de euros. Esta decisión propició que la mayoría de las comunidades autónomas también comenzara a devolver esta parte de la extra de 2012.

Devolución de moscosos

Los empleados públicos también han reclamado la devolución de los días libres que el Gobierno les redujo en 2012. Entonces les rebajó los moscosos de seis a tres y limitó los días libres por antigüedad, los llamados canosos. Hasta la fecha ya les ha devuelto dos de los moscosos, pero en Hacienda valoran devolver alguno más (el moscoso pendiente y una parte de los canosos).

Otra de las líneas sobre las que se trabaja en Moncloa consiste en comprobar si hay margen para subir el sueldo de los empleados públicos el próximo año. Sería el primer incremento salarial desde 2009. Desde entonces, los funcionarios han visto como su sueldo se les ha reducido —en 2010 se les recortó un 5% de media— o se les ha congelado. Este es uno de los puntos más complejos en la negociación con los sindicatos porque el Gobierno no pierde de vista que el próximo año debe afrontar un ajuste pendiente de cerca de 16.000 millones —tiene que reducir el déficit del 4,2% al 2,8% del PIB—. Por eso, mira con lupa la evolución de la recaudación para ver si queda margen teniendo en cuenta que en 2016 ya está prevista una segunda rebaja fiscal, que costará 5.200 millones.

El acuerdo suscrito entre la patronal y los sindicatos a principios de mes establece una subida salarial del 1,5% para el próximo año. Pero el marco para los trabajadores públicos es diferente. Desde la organización sindical CSI-F reclaman una subida salarial. Recuerdan que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de más del 20%. Y califican como “insuficiente” el pacto firmado en el sector privado. La última palabra de esta decisión la tendrá Moncloa, que deberá justificar la medida ante Bruselas.

Fuentes de Hacienda admiten que se han abierto las negociaciones con los funcionarios para relanzar el diálogo social. La semana pasada convocaron a los sindicatos a una primera reunión donde les pidieron un catálogo de reclamaciones sobre las que trabajar para tratar de desbloquear el diálogo social.

Otra de las reivindicaciones de CSI-F pasa por detener la destrucción de empleo público. Piden que se elabore una oferta de empleo público teniendo en cuenta las necesidades de cada área. Y que se acabe con la limitación de la tasa de reposición, que restringía los relevos por jubilaciones al 50% en servicios esenciales y al 20% para el resto. Desde el inicio de los recortes, en 2010, el conjunto de las Administraciones Públicas ha ahorrado más de 5.000 millones solo por este concepto.