EL PAÍS: El Gobierno prevé aprobar en los próximos días un real decreto para lanzar la mayor oferta ordinaria de empleo público (OPE) de su historia con un total de 30.455 plazas en la Administración General del Estado, lo que representa un incremento del 8,5% respecto a las 28.055 convocadas el año pasado. Del total, 9.509 serán mediante promoción interna, la mayor operación de consolidación de plazas para los funcionarios lanzada nunca por la Administración central. El Gobierno presentará la propuesta a los sindicatos representativos de la función pública esta misma semana para tratar de cerrar un acuerdo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprovechar los fondos europeos para modernizar la administración pública. El plan de recuperación y resiliencia, que incluye las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas a cambio de los 140.000 millones en ayudas hasta 2025, contiene un capítulo sobre modernización de las Administraciones Públicas en el que explica que, además de la transformación tecnológica (para lo que se reservan 4.315 millones), se prepara un plan para mejorar la gestión, agilizar los procesos y reforzar el capital humano. En ese punto hace especial hincapié en la necesidad de “reducir la temporalidad en el empleo público y reforzar las capacidades actualizando las plantillas públicas”.

Reducir la temporalidad de la Administración

El Ejecutivo quiere, de este modo, seguir avanzando en la estabilización del empleo público, que sufre unas altas tasas de temporalidad, de cerca del 30%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata de una de las tasas de precariedad más elevadas de Europa. Además, las plantillas públicas se encuentran exhaustas por la gestión de la pandemia, mermadas y envejecidas por los ajustes sufridos en la crisis financiera anterior. Entonces, entre 2011 y 2017 apenas se permitió sustituir las bajas que se producían en el cuerpo de funcionarios públicos. El resultado de aquel ajuste es una plantilla con una edad media de algo más de 52 años, casi 10 años más que el resto de los trabajadores del sector privado. En los próximos años se espera un fuerte aumento de las jubilaciones en el sector público, el 51% se retirará antes de 2029, por lo que el Gobierno tiene que acelerar para evitar que dentro de unos años falte personal.

La oferta de empleo público de 2021 será especialmente intensiva en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, conocidas como actividades STEM por sus siglas en inglés. “No se trata tanto de la cantidad de plazas, sino de saber los profesionales que queremos seleccionar y el talento que se atrae”, explican fuentes gubernamentales.

Para este tipo de actividades técnicas y científicas se reservarán 2.924 plazas, un 37% más que en la convocatoria del año pasado, cuando la oferta en estas actividades fue de 2.128 puestos de trabajo. La mayor parte de estas está reservada para aumentar el cuerpo de trabajadores públicos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), intensivo en informáticos e ingenieros de sistemas. Para ellos se abrirán 1.330 vacantes, un 35% más que el ejercicio precedente. Dentro del capítulo de actividades STEM, también se ofertarán puestos de trabajo para personal público destinado a estadística, ingenierías, arquitectura y áreas relacionadas con la ciencia.

Más plazas para ciencia, investigación e ingeniería

Además, para la Agencia Tributaria se reservarán algo más de 1.450 plazas con el objetivo de avanzar en la actualización del sistema fiscal. Para facilitar la modernización de la Justicia se reservarán algo menos de 1.200 plazas. También se asignarán algo más de 1.000 vacantes a reforzar el sistema penitenciario; y otras 2.750 para mejorar la gestión de las políticas públicas, con reservas de puesto para administrativos, interventores del Estado, técnicos en auditoría o de gestión de la administración civil del Estado. Se prevé unos 1.375 plazas para profesiones laborales, para cubrir vacantes en algunas de las empresas o entidades públicas del Estado. Por último, está previsto incluir 6.950 plazas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional o el Ejército).

La oferta de empleo público de 2021 será extraordinaria por ser la mayor de la historia, pero sigue la estela de los tres últimos años. Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 109.718 plazas, un 73% más de las que ofertó en los seis años anteriores el anterior Ejecutivo popular de Mariano Rajoy entre 2012 y 2017, cuando aprobó 63.394 plazas, según datos recopilados por el Ministerio de Hacienda.

La pandemia ha supuesto una sacudida para las plantillas públicas. Las administraciones han vivido meses de un estrés inusitado por el reto de combatir la propagación del virus y el desafío sanitario de sus secuelas. Las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas sanitarias para reforzar los servicios en hospitales y centros de salud ante el aluvión de contagiados; han reforzado el personal de los centros educativos para evitar cerrar los colegios a partir de la segunda ola. La administración estatal contrató a más de 1.000 trabajadores para apuntalar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el organismo encargado de gestionar los ERTE, el principal instrumento de ayuda para evitar un colapso en el empleo. También se reforzaron otras áreas clave para afrontar la gestión de los fondos europeos.

Récord de empleados públicos

El resultado es que en España había 2.710.405 trabajadores públicos el pasado enero, según los datos publicados hace unas semanas por el Ministerio de Función Pública. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica que se contabiliza desde 2002, y supone un aumento de 112.693 empleados en comparación con los de hace un año, un crecimiento del 4,15%. Pero más de 750.000 de estos trabajadores son interinos, tienen un contrato temporal o eventual.

Nunca ha habido tantos contratos públicos, pero tampoco tanta precariedad. Y eso es lo que el Ejecutivo pretende abordar con la reforma para reducir la temporalidad de los empleados interinos en el sector público por debajo del 8%. Para ello se aprobarán procesos extraordinarios de regularización para que muchos de los interinos puedan conseguir plaza fija. Durante la tramitación parlamentaria de esta reforma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la semana pasada que los funcionarios interinos que lleven más de 10 años en el puesto puedan acceder a una plaza fija.