EL PAÍS: El Consejo de Ministros ha lanzado este viernes un nuevo guiño a los funcionarios con la devolución de parte de la paga extra suspendida en 2012 y la recuperación del régimen de días libres suprimido en 2012. Está previsto que ambas medidas se aprueben la próxima semana por decreto-ley.

De momento, el Consejo de Ministros ha solicitado a la comisión permanente del Consejo de Estado un dictamen con carácter de urgencia, antes del 11 de septiembre, sobre un proyecto de decreto ley para reintegrar a los empleados públicos otro 26,2% de la paga extra suprimida en 2012, que empezarán a cobrar en "las siguientes semanas", según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El pago se producirá en una nómina separada.

El Gobierno también aprobará mediante ese decreto ley la recuperación de la regulación de vacaciones de los empleados públicos previa a 2012. Se aprueba un día adicional de permiso por asuntos particulares (conocidos como moscosos), hasta un total de seis. Además, se recuperan los días adicionales de vacaciones y de permiso por asuntos particulares vinculados a la antigüedad, llamados canosos.

Una vez emitido el dictamen por el Consejo de Estado, el Real Decreto Ley se someterá a la aprobación del próximo Consejo de Ministros, previsto precisamente para el 11 de septiembre.

Con esta devolución de retribuciones y días libres el Gobierno hace un guiño a los funcionarios cerca de las elecciones generales, previstas para mediados del mes de diciembre.

Evolución del déficit

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la devolución de la paga extra se puede hacer porque la evolución del déficit del Estado ha sido muy positiva, ya que se ha reducido cerca de un 16% hasta julio. En cambio, el déficit de la Seguridad Social se ha duplicado, algo a lo que no ha hecho mención.

Este jueves, en el transcurso de su intervención ante la Escuela de Verano del PP en Lloret de Mar (Girona), la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había anunciado que "en el Consejo de Ministros, toca devolver algunos de los esfuerzos a los empleados públicos".

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya afirmó a mediados del pasado mes de agosto que la habilitación de crédito para afrontar el pago del 25% de la paga extraordinaria de 2012 a los funcionarios se produciría en septiembre o en octubre, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones, unas cifras que finalmente han variado algo.

En la nómina de los empleados públicos de enero de este año ya se abonó un 25% de la paga extraordinaria y los Presupuestos de 2016 recogen la devolución del 50% restante a principios del año que viene. Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros -—547 millones solo al Estado— y será "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales".

Junto con la devolución de lo que falta de la paga extraordinaria de Navidad, los Presupuestos del año que viene recogen también un incremento retributivo del 1% (el primero desde 2009), la recuperación de los 'moscosos' y los canosos eliminados en 2012, que ahora se adelanta con el decreto ley,  y una mayor tasa de reposición en los servicios públicos.

Críticas de la oposición

La secretaria de Administraciones Públicas del PSOE, Susana Sumelzo, considera que la medida es un “nuevo insulto de un Gobierno incapaz, prepotente y agonizante” a la ciudadanía.

“Es muy lamentable, indigno e impropio de un Gobierno democrático la utilización partidista y electoralista de los funcionarios, uno de los pilares básicos para la correcta marcha de los servicios públicos que el PP ha esquilmado durante toda la legislatura para favorecer el sector privado e incrementar la desigualdad”, ha señalado Sumelzo, en una nota difundida en la web del partido. Sumelzo también ha mostrado su “sorpresa” por el hecho de que “a última hora se devuelva el día libre que también se les quitó de manera injusta mediante decreto”.

Por su parte, el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha reclamado este viernes al Gobierno que devuelva el 75% restante de la paga 'extra' suprimida de 2012 a través de una ley básica que obligue a todas las comunidades autónomas para evitar que, como ha ocurrido con el primer 25%, unas regiones paguen antes que otras, en virtud de su disponibilidad presupuestaria, informa Europa Press.