elDiario.es: Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas encadenando prórrogas y adendas de ampliación de gasto a un contrato original de 70 millones de euros. El Gobierno de Juan Manuel Moreno triplicó el presupuesto en dos años, amparándose en un marco legal de contratación de emergencia habilitado por el Ejecutivo central para combatir la pandemia, pero que fue derogado en mayo de 2021. 

Una de las incógnitas de este asunto es de dónde sacó la Junta el dinero para pagar el sobrecoste de esas ampliaciones de los contratos originales con 79 clínicas privadas: en torno a 173 millones de euros que se fueron incorporando al presupuesto original consignado del Acuerdo de Emergencia a través de centenares de adendas y cuatro prórrogas, hasta junio de 2023, con objeto de corregir la “sobrecarga en la red derivada de la pandemia”.     

          El montante global corresponde a los ejercicios presupuestarios de 2021 y 2022 y la mayoría estaba ya consignado en la partida que nutre al SAS, dentro de la Consejería de Salud. Sin embargo, las sucesivas prórrogas y ampliaciones de los contratos a dedo con clínicas privadas hicieron cambiar las prioridades de gasto dentro de ese departamento. Al menos 55,1 millones de euros, casi un tercio del sobregasto complementario para sanidad privada, sale directamente del presupuesto consignado previamente para la sanidad pública, según consta en los acuerdos de Consejo de Gobierno publicados en el Portal de Transparencia.

Entre noviembre y diciembre de 2022, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó tres transferencias de crédito por un total de 55,1 millones de euros, un dinero detraído del presupuesto del Sistema Andaluz de Salud (SAS) para “hacer frente a las obligaciones que derivan del Concierto de Asistencia Sanitaria con centros privados ocasionada por la Covid-19, que fue calificado de emergencia y estuvo motivado por la suspensión de la actividad quirúrgica y de estudios diagnósticos”, reza en los tres expedientes validados por la Consejería de Hacienda.

“Se tratará de paliar los efectos de la reducción”

Las tres modificaciones presupuestarias localizadas por este periódico sobrepasan los tres millones de euros, de ahí que necesitasen la aprobación expresa del Consejo de Gobierno. Las transferencias que afectaron al gasto público en beneficio de los conciertos con la privada se autorizaron el 2 de noviembre -por un montante de 34,9 millones de euros-; el 20 de diciembre (por 9,2 millones) y el 27 de diciembre (por 11 millones).

La última transferencia de crédito es de hace menos de tres meses y fue aprobada tres días antes de que el SAS firmase la cuarta prórroga de los contratos a dedo con las clínicas privadas, añadiendo otros ocho millones de euros al montante total (resolución fechada el 31 de diciembre).

Los tres expedientes del Consejo de Gobierno están firmados por el director general de Presupuestos de la Junta, Eduardo León, y por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. El Director General de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, firma la “memoria justificativa” que explica el por qué de la nueva prioridad de gasto en su departamento.

En el escrito que acompaña a la modificación presupuestaria más abultada [casi 35 millones de euros], defiende que dicho recorte de gasto “no tendrá ninguna incidencia en la actividad asistencial ni formativa que presta el SAS”, pero acto seguido añade: “No obstante, se tratará de realizar una gestión eficiente, tanto presupuestaria como asistencial, para paliar los efectos de esta reducción de dotaciones”.

50 millones de euros “pendientes de atender”

La “reducción de dotaciones sanitarias” afecta a tres partidas presupuestarias concretas: el programa 41B, para “Formación Sanitaria, Continua y Postgrado”; el programa 41G, para “Prestaciones complementarias y farmacéuticas”; y el programa 41C, para Atención Sanitaria. Este último es el más genérico porque engloba todo el presupuesto del Sistema Andaluz de Salud (SAS), y eso incluye tanto el gasto específico para la sanidad pública, como el destinado a externalizar operaciones y pruebas diagnósticas con empresas privadas (artículo 25 del programa 41C: Asistencia sanitaria con medios ajenos).

Las tres transferencias de crédito aprobadas en Consejo de Gobierno mueven dinero dentro del programa (41C), y “el destino de la mayor parte es el artículo 25 del programa”, esto es, los conciertos con las clínicas privadas “calificados de emergencia” en enero de 2021, del que nacen todos los contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Así consta en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 2 de noviembre: se detraen partidas de gasto desglosadas del SAS, además de otros programas específicos de la Consejería de Salud, con objeto de abonar “el importe de las obligaciones [con la privada] que se encuentran pendientes de atender en la actualidad, que alcanza una cuantía que supera los 50 millones de euros”, reza la memoria justificativa del expediente al que ha tenido acceso este periódico. “Por ello se ha adoptado la decisión de destinar todas las disponibilidades de los capítulos de gastos corrientes en bienes y servicios y de transferencias corrientes a dar cobertura, al menos parcialmente, a las referidas obligaciones”, concluye el documento.     
 

Recortar gasto público, prorrogar gasto privado

La transferencia de créditos que autorizó el Consejo de Gobierno el 2 de noviembre, por importe de 34,9 millones, implica una “modificación presupuestaria” de las cuentas prorrogadas en 2022, que afectó a los capítulos 2 y 4 del SAS, y a los programas 41B, 41C y 41G, de gastos corrientes en bienes y servicios y de transferencias corrientes.

“El expediente incrementa los créditos de la partida destinada a la contratación de asistencia especializada con entidades privadas para hacer frente a las obligaciones que derivan del Concierto de Asistencia Sanitaria de derivación de actividad a centros privados ocasionada por la Covid-19, que fue calificado de emergencia y estuvo motivado por la suspensión de la actividad quirúrgica y de estudios diagnósticos”, reza la exposición de motivos que justifica la “reducción de dotación” a la sanidad pública.

El informe de contabilidad que acompaña la transferencia de crédito minimiza la importancia de este reajuste: “Los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la que fueron autorizados inicialmente”, y “no altera los objetivos e indicadores de los programas afectados”, dice el documento, que cita un informe favorable de la Intervención General de la Junta.

Las otras dos modificaciones presupuestarias, aprobadas a finales de diciembre, argumentan que la financiación detraída al SAS a esas alturas del año iba a quedarse “sin aplicación a su finalidad ante el cierre del ejercicio” presupuestario y, por tanto, el “objetivo” de transferir parte de ese crédito a cubrir el gasto pendiente con clínicas privadas no sería otro que “elevar el nivel de ejecución presupuestaria” total.

En paralelo, mientras la Consejería de Salud reajustaba su prioridad del año, ese 2 de noviembre el SAS ya había prorrogado dos veces el Acuerdo de Emergencia para ampliar los contratos a dedo con la sanidad privada de los 70 millones de euros en origen a 226,7 millones de euros. Un mes después volvería a incrementar el presupuesto con dos prórrogas más, hasta los 242,7 millones.

Objetivos estratégicos de las partidas recortadas

En el presupuesto de la Consejería de Salud de 2022, los programas que han sufrido un recorte de 55,1 millones de euros estaban directamente ligados y comprometidos con unos “objetivos estratégicos” de las políticas del SAS. El programa 41C es el más genérico, recoge cualquier gasto de un hospital o centro de salud: “Proporcionar soporte sanitario a la Ley de Dependencia; potenciar el autocuidado de enfermos crónicos; incrementar el porcentaje de crónicos priorizados con un Plan de Acción Personalizado...”.

Los objetivos del programa 41B se centran en “la formación permanente de los profesionales del SAS; actividades internas y externas de actualización profesional” de la plantilla; “actuaciones para aumentar la satisfacción global de los docentes” sobre los médicos en formación MIR; o “mejorar la capacitación de los profesionales en competencias digitales a través de nuevas tecnologías”.

Por último, el programa 41G persigue mejorar la calidad asistencial, “manteniendo el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española”; “promocionar la prescripción por principio activo” para abaratar costes al SAS; “actuaciones para el uso racional del medicamento y mejorar la eficacia de la prestación”; “controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante”; “promoción de la receta electrónica XXI en condiciones de igualdad” o “realizar un diagnóstico de género de las prestaciones complementarias y farmacéuticas”.

“Estudiar contrato a contrato”

Este periódico solo ha logrado localizar las modificaciones presupuestarias que han pasado por Consejo de Gobierno -que exceden los tres millones de euros- durante los dos años que la Junta ha prorrogado los contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva con clínicas privadas, amparándose en el marco derogado en mayo de 2021: 55,1 millones de un desvío de 173 millones.

El resto puede derivar de transferencias de crédito de menor cuantía. La Consejería de Salud localiza todo el sobregasto en contratos de emergencia dentro de su propio departamento, aunque no aclara qué otras partidas fueron reducidas en beneficio de la privada. Otra opción es que parte del dinero compute como emisión de deuda pública o que provenga de la incorporación de crédito nuevo procedente de fondos europeos (como el 80% del gasto derivado de la pandemia).

“Ignoro de dónde sale el dinero”, advertía hace unos días el portavoz de Hacienda del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, que animó a mirar “contrato por contrato” dentro de los Presupuestos Autonómicos. Desde la Consejería de Hacienda tampoco han aclarado a este periódico cuántas transferencias de crédito -además de las tres que suman 55,1 millones de euros- ha autorizado en los últimos dos años para afrontar las obligaciones pendientes de pago con las clínicas privadas.

El origen

El origen del sobregasto sigue siendo el Acuerdo de Emergencia del SAS, de 20 de enero de 2021, del que emanan contratos de emergencia a dedo con 79 clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas durante un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021.

El Gobierno de Moreno prorrogó los contratos de emergencia con clínicas privadas durante dos años –sin publicidad ni concurrencia competitiva– para “desatascar” 1,58 millones de intervenciones sanitarias a pacientes en listas de espera: 1,46 millones de pruebas diagnósticas y 117.367 operaciones quirúrgicas, según datos de la Consejería de Salud.

Los 70 millones de euros que se estimaron en ese primer momento se demostraron “insuficientes” a los pocos meses, y a partir de ahí la Junta fue encadenando prórrogas y adendas para ampliar la contratación excepcional de emergencia hasta hoy (hasta finales de junio de 2023), amparándose en el Real Decreto ley 7/2020 -derogado en mayo de 2021- y en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, una norma previa a la pandemia para agilizar la acción de las Administraciones ante catástrofes imprevisibles.

El departamento de Hacienda remitió el 18 de junio de 2021 una instrucción a Salud y el resto de consejerías advirtiéndoles de que el marco legal estatal que “reforzaba” la contratación a dedo estaba “plenamente derogado” y, desde ese momento, su uso debía ser “residual”.

Pero el SAS siguió apelando a esa legislación caducada para prorrogar dos veces más los contratos a dedo con clínicas privadas. Previamente solicitó dos informes ad hoc a su gabinete jurídico para “avalar” la ampliación del gasto hasta junio de 2023. Los informes admiten que el marco legal estatal está obsoleto, pero defienden la justificación de los contratos aludiendo a que la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado el fin oficial de la pandemia.      

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad y la fiscalización de estos contratos, aunque al hacerlos públicos este periódico reaccionó anunciando su cancelación el próximo junio, cuando expire la cuarta y última prórroga. La oposición de izquierdas habla ya de “corrupción”, “desvío de fondos a la sanidad privada” y “fraude de ley”, y estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.

Los contratos de emergencia de la Junta con clínicas privadas –sin publicidad ni concurrencia competitiva– están vigentes en la actualidad (“hasta el 30 de junio de 2023”), dos años después de la derogación del marco legal extraordinario habilitado por el Ejecutivo central para hacer frente a la pandemia.