elDiario.es: Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte -el 29,58% (1.225,3 millones)- fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros, aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.   

El contrato menor es una figura excepcional para situaciones de urgencia, que permite sortear los controles de fiscalización habitual, y adjudicar a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras. 

La Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de la Consejería de Hacienda para el control interno de las cuentas públicas, acusa al SAS de abusar del contrato menor “en fraude de ley”, troceando cientos de facturas para pagar el mismo concepto a la misma empresa, que terminaría beneficiándose de adjudicaciones a dedo de cantidades millonarias, esquivando la publicidad y la concurrencia competitiva.

Así consta en hasta 18 auditorías a las plataformas de contratación del SAS en las ocho provincias andaluzas, realizadas en 2020 y 2021. Los ocho informes definitivos correspondientes a 2021 denuncian un “fraccionamiento indebido y masivo” en el volumen de contratación menor, que asciende a 1.225,3 millones en las ocho provincias.

El Servicio Andaluz de Salud lleva años “abusando” de esta vía de contratación a dedo, antes incluso de la pandemia de Covid-19, y a pesar de las reiteradas advertencias del órgano de fiscalización interna, que hace dos años ya dio la voz de alarma a la Consejería de Hacienda.

“Dado el elevado número de contratos menores” firmados en 2021 -“superior incluso a los registrados un año antes, en plena pandemia”-, la Intervención del SAS decidió investigar una “muestra representativa de esos expedientes de gasto” en las ocho provincias, y detectó irregularidades en el 76,3% de la contratación normalizada -incluidos contratos de emergencia a dedo sin el amparo legal excepcional de la pandemia, que ya había sido derogado- e “infracciones” y visos de “fraude de ley” en el 92% de la contratación menor.

Hace dos semanas, elDiario.es reveló los informes desfavorables de la Intervención del SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, poniendo bajo sospecha la adjudicación a dedo de 458,3 millones de euros abusando de la figura del contrato menor. Detrás de ese exceso, los auditores destaparon un “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos millonarios adjudicados a las mismas empresas y por la misma prestación para “eludir” los procedimientos abiertos, con publicidad y concurrencia, que establece la ley cuando las candidades son abultadas.

El modus operandi se repite en el resto de provincias -Sevilla, Málaga, Granada y Almería-, donde las plataformas de gasto del SAS también abusaron de la contratación menor -la suma total asciende a 767 millones-, con múltiples casos de adjudicaciones “al margen de la legalidad”. También en estas provincias, el uso de la adjudicación a dedo se extendió a la compra de suministros y servicios ajenos al ámbito sanitario, como obras de reformas en hospitales, traslados en taxi, material de oficina o personal de seguridad privada.

“Se han detectado un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad respecto a la contratación menor de los centros periféricos” del SAS; un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con las mismas empresas y por el mismo concepto, que eran troceados en pequeñas partidas que no superaban el tope fijado por ley en este tipo de contratos, para así “eludir” dicha ley, coinciden estos últimos informes, adelantados por El País, y a los que ha tenido acceso este periódico.

Las deficiencias y salvedades de especial relevancia en los contratos a dedo que aparecen en los informes “se vienen detectando desde hace unos años”, a pesar de “las actuaciones posteriores a la fiscalización”. Los auditores ponen el énfasis en algunas casuísticas que se repiten en varias provincias: “en muchos casos, no consta en el expediente que la adjudicación se haya notificado a todos los candidatos o licitadores y publicado de forma simultánea en el perfil del contratante de la Junta en el plazo legal establecido”; “lo facturado no se encuentra entre los productos adjudicados según contrato”; “en algunas facturas es imposible identificar los artículos facturados, cotejando éstos con los recogidos en la adjudicación y, por tanto, con los precios”.

Avisos directos a la Consejería de Hacienda

Tanto la Intervención General de la Junta de Andalucía, en un informe de actuación de 2022 que ya alertó directamente a la Consejería de Hacienda sobre el fraccionamiento masivo de contratos en el ejercicio 2019, previo a la pandemia; como en los posteriores informes definitivos de los auditores del SAS en las ocho provincias en 2020 y en 2021, se deuncia un “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

“Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza la auditoría del SAS en Málaga. Todos los informes de la Intervención -hasta 18 auditorías internas- son desfavorables, todos tumban el grueso de las alegaciones presentadas por las gerencias, sobre todo aquellas que tratan de justificar el troceamiento de contratos menores y las “prórrogas forzosas” de los contratos de emergencia hasta finales de 2021, argumentando que los efectos de la pandemia seguían vigentes.

“No efectuar las adquisiciones de suministros precisas para realizar las intervenciones, a la espera de su contratación mediante un expediente de tramitación ordinaria, habría conllevado un riesgo que resultaba inasumible, pues en muchos de estos casos se estaba ante situaciones de vida o muerte”, advierten los gerentes del SAS en sus alegaciones.

La Intervención desestima este argumento -en todas las provincias- replicando razones sanitarias y jurídicas: a esas alturas la pandemia estaba ya “muy atemperada”, era un fenómeno “previsible” desde el punto de vista de la contratación pública, el marco legal excepcional habilitado por el Gobierno central para hacer frente a la Covid-19 “ya había sido derogado”; y la propia Consejería de Hacienda había dado instrucciones por escrito al resto de consejerías -incluido el SAS- para que los contratos de emergencia tuvieran “un carácter excepcional y residual”.

Pero, sobre todo, los auditores tumban el argumento principal de la Junta -la vigencia de la pandemia- porque “no justifica el fraccionamiento masivo” de contratos, cuyo fin no era otro sino “alterar” sistemáticamente el objeto de esos contratos para “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”. “Se ha buscado disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”.

“Continuidades del contrato” en “fraude de ley”

Los informes de la Intervención en las ocho provincias andaluzas llaman la atención sobre el elevado porcentaje de contratos tramitados por procedimientos de contrato menor: hasta el 46,49% en el caso de Huelva; un 44,26% en Málaga (236,8 millones); un 39,49% en Sevilla (292,8 millones), un 42,06% en Almería (88,3 millones) y un 36,66% en Granada (148,4 millones). La muestra analizada por los auditores revela incidencias en la mayoría de los casos: Sevilla es la provincia con menos irregularidades detectadas, en el 72%, seguida de Almería, en el 78%, pero en el resto, las sospechas de fraccionamiento indebido rondan el 100% de las facturas analizadas.

“Buena parte de esa contratación menor está incursa en otros incumplimientos” de la legislación, por ejemplo, que la duración de muchos de esos contratos menores era superior a un año o eran objeto de “prórrogas forzosas”, lo que el órgano de contratación denomina “continuidades del contrato”, y que vulnera el artículo 29.8 de la Ley de Contratos Públicos.

“El elevado número de facturas imputadas al mismo subconcepto presupuestario para un mismo acreedor evidencia que el Órgano gestor [el SAS] tramita contratos menores con prestaciones similares, por lo que debieron incluirse en un único expediente acudiendo a un procedimiento que avalase la publicidad y concurrencia, principios que rigen la contratación pública, mediante la licitación por procedimiento abierto con división del objeto del contrato en lotes, o incluso mediante un procedimiento negociado, en los supuestos contemplados en la Ley de Contratos, que garantizase una mínima concurrencia, con la posibilidad de negociar con las empresas las condiciones más ventajosas para la Administración”, reza el informe.

La Intervención del SAS en las ocho provincias coinciden al plantear las consecuencias que este modus operandi ha supuesto para el control del gasto público: en primer lugar, que una selección de empresas elegidas a dedo por el Gobierno andaluz se benefició de la adjudicación a dedo de contratos millonarios, troceados en cientos de facturas, en detrimento de otras empresas del sector, dado que el SAS prescindió de la publicidad y la concurrencia competitiva.

Las partidas más voluminosos y el fraccionamiento masivo de millones de euros repercuten, sobre todo, en las grandes farmacéuticas, que acumulan cientos de contratos por la venta del mismo medicamento. Algunas de estas compañías firman cientos de contratos menores por un fármaco en una provincia, y otros cientos de contratos por el mismo fármaco en otra provincia, cuando una compra centralizada hubiera supuesto un mayor ahorro.

La ausencia de una licitación de un contrato en abierto, argumentan los interventores, elimina la posibilidad de que distintas empresas compitan entre sí y presenten ofertas económicas a la baja para ganar el concurso de la Junta de Andalucía, lo que a la postre habría redundado en un ahorro para las arcas públicas.

La interventora general de la Junta, al Parlamento

El PSOE andaluz ha pilotado la estrategia de oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno desde la denuncia sistemática a la gestión sanitaria, tanto en el Parlamento -donde pidió sin éxito una comisión de investigación sobre la contratación a dedo del SAS- como en los juzgados, donde interpuso una denuncia por prevaricación y malversación que ha admitido a trámite el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla.

Los socialistas ven “desvío masivo de la sanidad pública a la privada”, contabilizan los 1.225 millones de euros en contratos menores dentro del “mayor escándalo de contratación pública” de Andalucía, y le suman los 243 millones de euros en contratos de emergencia sin el anclaje legal de la pandemia que está investigando la Justicia.

El Gobierno de Moreno ha tratado de relativizar la importancia de los informes de la Intervención, niega que haya un “fraude de ley masivo” ni “desvío de fondos”, y reduce las críticas de los auditores a meras “irregularidades administrativas”. El presidente andaluz, además, ha tirado de hemeroteca para contrarrestar los ataques del PSOE, recordando que durante sus años de gobierno también abusaron de los contratos menores y fueron por ello advertidos reiteradamente por la Intervención.

Las auditorías al SAS en las ocho provincias, junto a la apertura de diligencias en un juzgado de Sevilla, llegan en un punto de inflexión del mandato de Moreno, cruzado ya el ecuador de la legislatura. El último barómetro de intención de voto del Centra, financiado por la Consejería de Presidencia, eleva la sanidad al segundo puesto entre las mayores preocupaciones de los andaluces, por detrás del paro.

El diputado del PSOE Rafael Márquez ha comparecido este martes para anunciar que su grupo parlamentario pedirá la comparecencia en la Cámara de la interventora general de la Junta de Andalucía, un puesto político designado por el Ejecutivo de Moreno, y de la interventora central del SAS, para que expliquen el alcance de los 18 informes desfavorables que ponen en cuestión la contratación a dedo entre 2019 y la actualidad. “Todo el sistema de contratación del SAS está viciado, contaminado y al margen de la legalidad vigente. Se ha hecho para beneficiar a la sanidad privada, es un escándalo sin precedentes”, ha resumido Márquez.