ELEL PAÍS: Las competencias en materia de financiación sanitaria son exclusivas del Estado. Bajo ese principio, el pleno del Tribunal Constitucional anuló ayer, de forma definitiva, la implantación del euro por receta, aprobado en junio de 2012 para Cataluña. La sentencia pone punto final a la primera tentativa del Gobierno de Artur Mas de fijar un copago sanitario. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, denunció ayer que esa tasa se instauró por “la imposición de recortes”, a pesar de que la Generalitat siempre había defendido el gravamen a capa y espada como una medida disuasoria que pretendía poner fin a posibles abusos en la compra de medicamentos.

La sentencia, cuyo ponente ha sido Fernando Valdés Dal-Ré, determina que el copago farmacéutico, que también se aprobó en la Comunidad de Madrid pero sobre el que el tribunal aún no se ha pronunciado, es inconstitucional. El fallo señala que “el régimen de sostenimiento económico forma parte de la competencia básica del Estado” y que el establecimiento de una tasa como el euro por receta “hace más gravosa” la adquisición de medicamentos para los ciudadanos de Cataluña, ya que se incrementa su participación en el coste previsto para el servicio.

El fallo explica que la financiación del sistema sanitario se hace con cargo al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, un fondo solidario cuya finalidad es precisamente “asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado del Bienestar”.

El Constitucional suspendió la aplicación del euro por receta el 15 de enero de 2013. Argumentó su decisión alegando que la suspensión no suponía “una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica” y exponiendo cómo la devolución de la tasa, en el caso de que finalmente se declarara inconstitucional, tal como ha ocurrido, sería “virtualmente imposible”.

De hecho, durante los seis meses en los que la tasa estuvo en vigor, la Generalitat recaudó 45,7 millones de euros, que ahora podrían convertirse en un auténtico problema para el Ejecutivo de Mas en el caso de que los ciudadanos reclamaran su devolución. La sentencia no hace alusión a esta posibilidad.

La Generalitat introdujo el euro por receta en su segundo gran ajuste de gasto, dentro de los Presupuestos de 2012, que sacó adelante gracias a la abstención del PP que CiU pactó con la líder autonómica, Alicia Sánchez-Camacho. A pesar de que Homs aseguró ayer que se introdujo por los recortes exigidos por el Gobierno central, la Generalitat siempre defendió su finalidad “disuasoria”. Los partidos de izquierdas sí se opusieron de inmediato al impuesto, hasta el punto de que tras las elecciones su continuidad dificultó los acuerdos parlamentarios entre CiU y ERC.

El euro por receta —que se recaudaba a través de las farmacias y tenía un tope de 61 euros anuales— no se concibió como la principal fuente de ingresos para paliar los problemas financieros de la Generalitat. El primer año de aplicación, en 2012, se previó una recaudación de 110 millones de euros sobre unos ajustes totales de 1.600 millones. Desde entonces, además, la Generalitat ha implantado otras tasas como la turística, las ambientales o la que grava los depósitos bancarios, que el Gobierno central también ha llevado al Constitucional.

El Departamento de Salud estimó que el “efecto disuasorio” de la tasa supuso, además de los casi 46 millones de ingresos, un ahorro de 110 millones de euros. Para 2013, esperaba que el ahorro y la recaudación ascendieran, en conjunto, a 198 millones de euros. Sin embargo, otras comunidades lograron ahorrar más que Cataluña en 2012 a pesar de no haber aplicado ningún tipo de copago. Según el Ministerio de Sanidad, ese año el gasto medio en fármacos se redujo el 21,6% en España. Cataluña ahorró más que la media, el 23,8%, pero menos que Galicia (-26,1%), Murcia (-25,6%) y Madrid (-24,8%).

A la decisión del Gobierno catalán le siguió la Comunidad de Madrid, que fijó igualmente una tasa de un euro por receta que debía abonarse en la farmacia con un tope de 72 euros al año. El Gobierno de Ignacio González previó que recaudaría 83 millones de euros anuales. Estuvo en vigor menos de un mes, durante el cual ingresó unos cinco millones. El movimiento contestatario fue especialmente intenso puesto que más de 260.000 madrileños se plantaron ante esa medida que, como en el caso de Cataluña, se justificó por su “carácter disuasorio”.

Dados los argumentos del tribunal, la resolución permite augurar que la decisión sobre el euro por receta de Madrid también está destinada al fracaso.

El Ejecutivo catalán siempre evitó la palabra “copago” al considerar que este sí podía ser considerado inconstitucional. No obstante, el Gobierno de Mas presionó al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que sus primeros planes de austeridad incluyeran el copago sanitario o para que hiciera las reformas necesarias para que las comunidades que quisieran pudieran adoptarlo. En concreto, la Generalitat reclamó que las medidas de ahorro sanitario del Gobierno de Rajoy contemplaran un copago sanitario por día de hospitalización. “Nos decepciona que no se recogieran nuestras sugerencias”, escribió en un artículo en EL PAÍS el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.