PÚBLICO: Las costuras de la sanidad pública andaluza revientan cada día por un lado. Cada día salta un roto en la atención hospitalaria y primaria que en torno a 110.000 profesionales prestan a 8,5 millones de habitantes, una población cercana a la de todo Portugal. La falta de suficientes profesionales en el área de la medicina es uno de esos descosidos que se agrandan sin cesar, como muestra el caso de la unidad de hospitalización de salud mental de Osuna (Sevilla) que la Junta ha tenido que cerrar porque no encuentra especialistas para suplir las bajas. El Sindicato Médico Andaluz habla de una "situación muy alarmante" y CCOO de una "gestión a la deriva".

En la sanidad pública andaluza trabajan en total 23.399 médicos y médicas, según los últimos datos del Sistema Nacional de Salud que publica el Ministerio de Sanidad. Tal como refleja esa estadística, en Andalucía hay 2,8 facultativos por cada 1.000 habitantes, es decir, el promedio de profesionales, después de Ceuta, más bajo de toda España, e inferior a la media estatal, que está en 3,4.

El Informe de Demografía Médica que elabora el Consejo Andaluz de Médicos (CAM) revela en su último estudio, referente al año 2020, la falta de médicos especialistas en esta comunidad, la cual atribuye, fundamentalmente, a la escasez de oferta de plazas MIR para formar a nuevos facultativos y a razones retributivas, es decir, a los más bajos salarios que perciben los profesionales en Andalucía en comparación con otras comunidades autónomas. Según este informe, 474 médicos andaluces se fueron a trabajar en 2020 a otras comunidades y 49 al extranjero.

"Para evitar la fuga de médicos en Andalucía es necesario avanzar en mejorar las condiciones de desarrollo profesional, entre las que se encuentra la necesaria equiparación salarial con el resto de provincias de España", concluye el estudio del CAM, que reivindica, igualmente, el incremento del salario base de los médicos a nivel nacional.

Según el Estudio Comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en España entre 2009 y 2018, elaborado por la Organización Médica Colegial, que representa a los facultativos colegiados de toda España, el sueldo neto de los profesionales andaluces, sin contar las guardias, era en el último año de los más bajos del país en todas las tablas y estaba entre 148 y 509 euros por debajo del salario medio neto estatal, que se situaba entre 2.449 y 3.539 euros.

La promesa electoral de Moreno Bonilla incumplida

La mejora retributiva de los médicos andaluces y su equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas fue, precisamente, uno de los compromisos electorales de Juan Manuel Moreno Bonilla cuando se presentó como candidato del PP a la presidencia de la Junta en las elecciones de 2018, las que luego le llevaron a ser presidente en enero de 2019 en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Durante la precampaña, en un acto en su ciudad, Málaga, Moreno Bonilla dijo que había que tomar medidas para "evitar el éxodo de talento y capital humano a otras comunidades autónomas", "revisar los salarios para dignificarlos y equipararlos con la media española", y aseguró que en tres años podría alcanzarse la media retributiva nacional si se tomaban medidas como pasar parte del complemento de rendimiento personal a la nómina, reactivar el proceso de la carrera profesional y modificar los conceptos retributivos.

Esos tres años han pasado y el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos encara ya los últimos meses de su mandato, pero la equiparación salarial no ha llegado y más de medio millar de facultativos se van a trabajar a otras comunidades o al extranjero, como refleja el estudio del CAM de 2020. Y no sólo se van a otras partes buscando mejores sueldos, también se van a la sanidad privada, según asegura el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco.

"Eso hace diez años era algo impensable, que alguien dejara la pública para irse a trabajar a la privada", afirma Carrasco. Pero ahora ocurre cada vez más, tanto que, según sus estimaciones, de cada cien médicos residentes, 15 se plantean trabajar en la sanidad privada, que cada vez ofrece mejores condiciones retributivas y laborales que resultan muy competitivas en relación a las que aporta la pública.

Otros prefieren marcharse a comunidades que ofrecen mejores sueldos, como Castilla y León, donde, según el presidente del SMA, han hecho un plan de choque para la covid en atención primaria con el que pagan las horas extra con una cuantía en torno a un 50% mayor que en Andalucía, además de ofrecer contratos con una duración muy superior, de al menos tres años. O sucede como ocurrió el pasado verano en la provincia de Huelva, donde no encontraban médicos para contratar porque se habían ido a la vecina Badajoz, donde la Junta de Extremadura paga sueldos que llegan a superar en más de 600 euros a los que se cobran en la comunidad andaluza, tal como refleja el Estudio Comparativo de la Organización Médica Colegial.

"Andalucía tiene que hacer un esfuerzo para captar nuevos médicos y fidelizar a los que ya tiene, pero somos la última comunidad o la penúltima en inversión en sanidad por habitante", se lamenta Rafael Carrasco.

Un déficit de cerca de 800 médicos al año

Esta desigualdad salarial se ve agravada por otro factor: el escaso número de médicos que se forman cada año en las facultades y que luego acaban la evaluación del MIR para hacerse especialistas, una situación que el dirigente del SMA califica como "muy alarmante" en Andalucía, en concreto, y en España, en general. El último Informe de Demografía Médica del CAM revela que el 47% de los médicos andaluces tiene más de 55 años y que es previsible, por tanto, que se jubilen en los próximos diez años. De modo que con ese ritmo de jubilaciones, y teniendo en cuenta que en 2020 se convocaron en esta comunidad autónoma 1.244 plazas MIR, sólo 127 más que en 2019, el déficit de plazas por cubrir sería de 778 cada año, según el Consejo Andaluz Médico, que pide que se amplíe la oferta de plazas de formación. "Para mí es absolutamente incomprensible que estemos año tras año con esto y que no se haga nada para paliarlo", se lamenta Rafael Carrasco.

El caso de la unidad de hospitalización de salud mental del hospital de Osuna es bastante sintomático. Esta unidad que atiende a una población de más de 170.000 habitantes del sur y este de la provincia de Sevilla fue cerrada por la Junta de Andalucía a finales de diciembre por falta de especialistas para suplir las numerosas bajas que se habían ido acumulando en su plantilla médica. La Consejería de Salud y Familias aseguró que desde junio estaba llevando a cabo una "búsqueda incesante" de especialistas en psiquiatría a través de la bolsa única de empleo del SAS y de listas adicionales, que ha resultado infructuosa porque "no existe disponibilidad de profesionales de esta especialidad".

Esta búsqueda infructuosa de especialistas se debe también, a juicio del SMA, a la falta de incentivos salariales y laborales para hacer más atractivo el trabajo en un hospital comarcal que está situado a cerca de 100 kilómetros de la capital de la provincia, algo que están padeciendo cada vez más en otras especialidades, como la de anestesista, oftalmología o ginecología.

A juicio de CCOO, la falta de profesionales de la medicina en Andalucía obedece a múltiples factores, entre los que destaca la falta "endémica" de plazas de formación y los menores salarios con respecto a otras comunidades. "El PP prometió la equiparación salarial con la media de España cuando estaba en campaña electoral, como prometió la mejora de la financiación de la atención primaria, para ir contra el anterior gobierno del PSOE, pero no han hecho nada desde que están en la Junta", dice el secretario regional de la Federación de Sanidad de ese sindicato, José Pelayo Galindo.

Una de las mejoras demandadas por el sector, y que el PP prometió solucionar, es facilitar los criterios para el acceso a la carrera profesional, lo que da derecho a un complemento salarial de entre 200 y 800 euros mensuales. Según Galindo, tres años después de su llegada al poder, apenas ha cambiado nada en este aspecto y en Andalucía continúa siendo muy complicado acceder a ese complemento que en Murcia o Castilla y León resulta mucho más fácil obtener. "Eso también puede llevar a profesionales a irse a trabajar a otras comunidades, porque nos hace sentirnos discriminados", señala el dirigente de CCOO.
 

Otras medidas que no ayudan a hacer atractivo el trabajo en la sanidad pública andaluza son, a juicio de este sindicato, el último ofrecimiento de la Junta a los médicos de familia para trabajar hasta 12 horas diarias con el fin de desatascar el colapso que sufre la atención primaria o haber retomado la propuesta que se hizo al principio de la pandemia a los médicos ya jubilados para ayudar en labores auxiliares y que apenas ha tenido respuesta. "Todo eso forma parte de la deriva a la que va la gestión de la sanidad pública en Andalucía, parcheando, con una falta de previsión absoluta, falta de programación, de continuidad", advierte José Pelayo Galindo.

Fuga de enfermeras tras la no renovación de 8.000 profesionales

Las cosas en la sanidad pública andaluza, a juicio de este dirigente sindical y médico de familia, se empezaron a torcer sobre todo a partir de la quinta ola de la pandemia que se produjo el pasado verano. Y peor se pusieron con la decisión que tomó la Junta en octubre de no renovar el contrato a 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios que había contratado para hacer frente a la covid-19 en los hospitales. Ninguno de los despedidos era médico, pero sí había entre ellos muchas enfermeras y enfermeros -más de 3.000-, que se quedaron sin empleo después de haber afrontado la etapa más dura del coronavirus.

Galindo asegura que entre 850 y un millar de esos profesionales de enfermería a los que no se le renovó el contrato ya se han ido a trabajar a otras comunidades autónomas, la mayoría a Catalunya, donde les han ofrecido estabilidad laboral con dos años de empleo, una duración que contrasta con las contrataciones por días, semanas o como mucho un mes que les ha ofrecido la Administración andaluza para cubrir la campaña de las navidades.

Este éxodo de la enfermería andaluza no se producía desde hace muchos años, desde la época en la que muchas enfermeras se iban a trabajar a otros países de la UE porque en Andalucía no había apenas oportunidades laborales para ellas. Gran parte de esas profesionales acabaron volviendo a trabajar en su tierra, pero ahora la decisión de la Junta de no renovar a más de 3.000 contratadas para la pandemia ha hecho que regresen los tiempos de la emigración. "Se ha causado mucha frustración en unos profesionales que se han jugado la vida en la pandemia, la suya y la de sus familiares, que lo dieron todo y que han acabado en la calle", explica el responsable regional de Sanidad en CCOO.

En el sindicato mayoritario de la enfermería y de la sanidad pública andaluza, SATSE, dicen no tener información de esos centenares de profesionales que se han ido a trabajar a Catalunya después de los despidos multitudinarios de octubre, pero sí constancia de que ha habido enfermeras y enfermeros que se fueron a otras comunidades tras la decisión de la Junta de no renovarle el contrato a 3.300 de ellos.

El Sindicato de Enfermería ya alertó a primeros del pasado mes de diciembre de las dificultades que estaba encontrando el SAS para cubrir el plan vacacional de navidades en esa especialidad tras no haber renovado a 3.300 profesionales, dificultades que achacó a una "errática y caótica gestión de Personal". SATSE denunció en ese momento que la "alta temporalidad y precariedad que sufre enfermería" está provocando "circunstancias insostenibles por la altísima rotación de profesionales y la fuga de enfermeros y enfermeras con experiencia a otras comunidades con mejores condiciones de trabajo".

No obstante, la incertidumbre continúa, a juicio de SATSE, porque entre el 15 y el 31 de este mes de enero terminarán los contratos que se han hecho para cubrir los descansos y vacaciones del personal de enfermería del Servicio Andaluz de Salud durante las fiestas navideñas, y no se sabe aún qué pasará entonces. A juicio de un portavoz del sindicato, todo esto demuestra poca planificación de la Administración autonómica para resolver las necesidades de trabajo cuando hay muchas bajas por covid y mucha demanda asistencial.