EL PLURAL: Este mes de enero se hacía público que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tramitaba cinco nuevos contratos, por valor de 4,7 millones de euros, con los que la Consejería de Sanidad intentaba cubrir los servicios esenciales del polémico hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal de Valdebebas. Estas cinco nuevas contrataciones elevaban el coste reconocido del centro en 150 millones de euros.

Por el momento, el Ejecutivo autonómico ha invertido el triple de lo presupuestado inicialmente en un hospital que no deja de acumular gastos y generar noticias negativas por sus deficiencias y falta de personal sanitario.

Este ‘derroche’ económico estaría provocando hondas divisiones en el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. No solo por el temor de Ciudadanos respecto a las contrataciones realizadas, sino porque un sector del Partido Popular de Madrid empieza a calificar como innecesario aumentar el coste en Sanidad para realizar proyectos como el Zendal.

Sensación que se ha agravado tras conocerse que la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a retomar el mando único sanitario en la región, tomando el control también de la sanidad privada. De este modo, pagarán por cada paciente que sea tratado por coronavirus 734 euros al día para aquellos que ingresen en planta y 2.084 por día para los que lo hagan en la UCI.

Esta sensación de hartazgo respecto al Zendal se produce principalmente en el que se podría denominar como ‘sector clásico’ del PP de Madrid, que históricamente siempre apostó por la reducción hasta el extremo del gasto púbico en Sanidad. Sin ir más lejos, el hoy consejero de Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, en su etapa como consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre no ocultaba su opinión favorable a reducir el gasto en infraestructuras y personal sanitario -llegando incluso a defender la privatización de la sanidad y que los médicos dejasen de ser funcionarios-.

Alejo Miranda y Luis Mosquera

Esa línea clásica confronta con el gasto desmesurado (e ineficaz según los sanitarios) en centros como el Zendal, que internamente en el PP de Madrid no pocos atribuyen a Alejo Miranda (director general de Infraestructuras Sanitarias del Gobierno de Ayuso) y a Luis Mosquera (subdirector general de Alta Tecnología Sanitaria, un puesto ligado al Servicio Madrileño de Salud y dependiente de la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias).

Luis Mosquera, -que fue nombrado en su cargo en febrero de 2020 y que desarrolla también desde 2006 las funciones como presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH)-, ha defendido con ahínco el proyecto del hospital Zendal pese a su sobrecoste. Es, junto con Alejo Miranda, uno de sus ‘ideólogos’.

Incluso, en declaraciones a Redacción Médica, el alto cargo de Ayuso defendía gastar aún más dinero público en el centro ubicado en Valdebebas para preparar las salas de curas como pequeños quirófanos con uso quirúrgico. En este sentido, Mosquera reconocía que estas intervenciones podrían ampliar el presupuesto aunque “la inversión de un hospital frente al coste de explotación no representa ni el 5 por ciento”.

Además, en la misma entrevista, Mosquera sacaba pecho de haber renovado en plena pandemia tecnología sanitaria en Madrid: “Los equipos duran mucho más y, la inversión equipos que se ha hecho durante la pandemia, ha servido para renovar nuestra tecnología sanitaria”.

Nuevos procedimientos

Precisamente, Mosquera es junto con Alejo Miranda el máximo responsable de llevar a cabo la publicación de los nuevos procedimientos de servicios de mantenimiento de electromedicina, alguno de los cuales queda pendiente desde hace más de 8 años, y que tal y como ha denunciado ElPlural.com han permitido que empresas como el Grupo Empresarial Electromédico (GEE) reciban por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid más 7,8 millones de euros anuales de forma opaca mediante prórrogas sin concurso público.

Este periódico ha cifrado en más de 86 millones de euros opacos la cantidad que gracias a encadenar numerosos contratos y prórrogas el Grupo Empresarial Electrómedico habría recibido con gobiernos del PP.