eldiario.es: El pasado 20 de marzo, mientras Alberto Núñez Feijóo viajaba por América, el Consello da Xunta le daba el visto bueno al decreto que regula las áreas de gestión clínica. Las áreas, definidas por el Gobierno como "estructuras organizativas multidisciplinares que incorporan e implican al profesional sanitario en la gestión eficiente de los recursos utilizados en su práctica clínica" fueron presentadas entonces por el vicepresidente, Alfonso Rueda, como una vía para "obtener mejores resultados en la atención a los pacientes y avanzar en la eficiencia de los recursos disponibles". Frente a él, los sindicatos y la oposición parlamentaria observan en la medida una puerta abierta a nuevas privatizaciones. Más allá del ámbito de la opinión, el Consello Consultivo de Galicia es aun más drástico: este decreto es "contrario al ordenamiento jurídico".

Los fallos de legalidad que encuentra el organismo encargado de velar por la legalidad de los actos de la Xunta comienzan en la propia tramitación del decreto. La primera "incorrección" la encuentra en el plazo que la Consellería de Sanidad dio a los colegios profesionales para formular alegaciones al decreto cuando aún era un proyecto. "En la documentación aportada –dice el dictamen– figuran copias de correos electrónicos de fecha del 15 de marzo de 2012" en los que se les indicaba a los colegios de medicina y enfermería que "formularan alegaciones antes del 25 de marzo". Aunque "no consta la fecha" en que los destinatarios leyeron los correos, explica el Consultivo, el plazo "en ningún caso fue superior a siete días hábiles, por lo que resulta evidente que no se respetó el plazo de 15 días" que marca la ley.



A esta circunstancia, señala el informe, se añade que "durante año y medio el texto del proyecto sufrió numerosas modificaciones respecto del inicialmente trasladado a los colegios profesionales", cambios que "hacían necesaria una nueva consulta, aunque se utilizara el trámite de urgencia". Además, dice, no consta "que se solicitara la opinión a entidades que representen a los y a las pacientes", por lo que "el esencial trámite de audiencia a los ciudadanos afectados en sus derechos e intereses por el proyecto" no se "practicó en forma en este procedimiento, por lo que debe formularse el correspondiente fallo de legalidad".

"Indefinición" y "dudas"

Aunque el dictamen deja claro que dicho fallo de legalidad ya "eximiría" al Consultivo de "hacer más consideraciones", el organismo evaluó igualmente el conjunto del texto "para el caso de que se opte por retrotraer las actuaciones al punto procedimental en el que se cometieron las irregularidades". Así, por ejemplo, el organismo público advierte un "cierto grado de indefinición del sistema" creado por el decreto para la sanidad gallega y "falta de claridad en algunas de sus previsiones". Ambas circunstancias "pueden suscitar dudas sobre la afectación final que este nuevo modelo de gestión de los servicios sanitarios puede producir en la estructura organizativa del sistema", añade.



Entre los aspectos de los que duda el Consultivo está uno de los puntos más criticados por los sindicatos de la sanidad pública: los incentivos que los y las profesionales pueden recibir por ahorrar o, según interpretan las centrales sindicales, por recortar. "La regulación de estos mecanismos no resulta suficientemente clara", ya que está condicionada "totalmente al acuerdo de gestión clínica", esto es, a las normas de las que se dote cada una de estas áreas. "Podría interpretarse que se tendrán en cuenta únicamente indicadores relativos a la eficiencia en la utilización de los recursos", dice el dictamen, "cuando el objetivo primordial de este nuevo modelo sería, de acuerdo con lo indicado en el preámbulo (...) la mejora de los resultados en la salud de la población". La Xunta, cuando menos de momento, ha hecho oídos sordos a todas estas advertencias. Para los sindicatos, el varapalo del Consultivo debería ser motivo de retirada inmediata.