La asistencia sanitaria a los sin papeles fue restringida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para toda España en el año 2012, al inicio de la legislatura recién acabada, para contener el gasto público. Hasta la suspensión decretada este martes, las únicas condiciones para acceder a la cobertura eran llevar tres meses empadronados en un municipio de la comunidad autónoma, no disponer de un seguro privado, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago. La tarjeta sanitaria se obtenía en el centro de salud. Unas 5.000 personas se acogieron a este beneficio, según la Consejería valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, que calculaba que la devolución de la asistencia a los inmigrantes en situación irregular beneficiaría a unas 30.000 personas en la comunidad.

El Gobierno central presentó el recurso contra la norma autonómica el pasado 28 de octubre al entender que invade sus competencias. La Abogacía del Estado considera que las autonomías no pueden definir quiénes se encuentran amparados por la sanidad pública y la cobertura que esta puede tener. Tampoco es competencia regional la financiación de la sanidad pública.

Esta delimitación de las competencias es rechazada por el Ejecutivo de Ximo Puig. La consejera valenciana Carmen Montón explicó que la iniciativa de la Generalitat se debía a una cuestión de "decencia" y también a motivos de salud pública. Este último argumento fue utilizado por el Tribunal Constitucional para considerar legal la atención a los inmigrantes en otras autonomías, como el País Vasco, que no aplicó la restricción aprobada por el Gobierno.

Además del País Vasco, otras comunidades como Navarra y Andalucía ofrecen atención sanitaria a los sin papeles. También Madrid, gobernada por el PP, ha dado pasos en la misma dirección. La forma de aplicar las medidas y su alcance es dispar, sin embargo, en función de los territorios, como también lo ha sido la reacción del Gobierno ante las mismas.