EL PAÍS: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucional presentada por la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extra al personal laboral decidida por el Gobierno. Ahora será este tribunal el que decida sobre la legalidad de la medida, que no afecta a los funcionarios sino a los empleados públicos que forman parte del personal laboral. La supresión de la paga fue recurrida por el carácter retroactiva de la misma.

Pese a que el caso procede de un conflicto planteado por personal laboral, fuentes jurídicas han indicado que la decisión del Constitucional podría afectar a todo el funcionariado, ya que la cuestión de inconstitucionalidad se refiere a la legalidad del carácter retroactivo, que también se impuso sobre los funcionarios.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a la decisión del Constitucional y ha alegado que "siempre pensamos que nuestras decisiones se adecúan a la Constitución". Además, ha mostrado su confianza en que el tribunal dé la razón al Ejecutivo. "Lo hicimos porque no había más remedio", ha concluido.

A través de una providencia hecha pública hoy, el alto tribunal ha concedido 15 días al Congreso de los Diputados y al Senado y al Fiscal General del Estado para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Tras conocer la decisión del tribunal, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha señalado que así se constatan "las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa aplicación".

"El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra de manera retroactiva y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución", señala el sindicato en un comunicado que además apunta que desde el 7 de mayo, las centrales sindicales intentan negociar la devolución para "evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la justicia y supongan un coste añadido al Estado".

Alrededor de 872.000 empleados conforman el personal laboral de las administraciones públicas —los trabajadores no funcionarios— pueden verse beneficiados por la interpretación que dé el Constitucional.

El alto tribunal estudia, además, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de presentar un conflicto de competencias por la decisión del Ejecutivo de Patxi López de abonar a los funcionarios vascos la paga extra de Navidad de 2012.