Cadena SER: El Tribunal Constitucional avala ese recorte porque no afecta al principio constitucional de universalidad sanitaria. Ese principio sigue estable porque la decisión de Ana Mato en 2012 se refiere al coste de los tratamientos.

Es decir, nadie se va a quedar sin atención sanitaria, pero si no es un caso urgente, ese tratamiento debe ser abonado. La Constitución no garantiza el derecho incondicionado de toda persona que se encuentre en España a recibir gratuitamente todo tipo de prestaciones sanitarias.

Los magistrados inciden que hace cuatro años la situación económica era muy mala debido a la crisis y la situación de déficit que arrastra la sanidad española. Dice el Constitucional que el ejecutivo ha razonado esa decisión de cambio adecuadamente.

En la votación de este fallo no todo ha sido unanimidad dentro del Constitucional. Hay tres magistrados que han emitido un voto particular contrario al sentido de esta resolución.