PÚBLICO: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en septiembre que su administración empezaba a controlar los gastos de la Generalitat, una intervención de facto de las cuentas previa a la que luego sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde entonces, el sindicato Metges de Catalunya critica que no se ha tomado ninguna de las decisiones urgentes que Salut necesitaría para que la asistencia sanitaria recuperara la calidad.

"Al efecto perverso de la intervención se une también la falta de Gobierno" matiza Josep Maria Puig, secretario general de Metges de Catalunya. Sin un ejecutivo que marque las líneas estratégicas y las prioridades en materia de salud, la simple administración de un sector como la Sanidad, afectado ya por años de recortes, no es suficiente.

Desde la intervención de las cuentas han pasado siete meses en que, según Metges de Catalunya, “el sistema está funcionando por la profesionalidad y experiencia de los funcionarios”. Puig critica que, desde el Gobierno central, las cuentas se supervisan de manera "muy celosa" para que el dinero "no vaya a nada que mantenga vivo el procés". Así, se habrían denegado algunas iniciativas "por si acaso".

Esos remilgos habrían afectado a uno de los planes más ambiciosos del Departament de Salut: la Estrategia Nacional de Atención Primaria i Comunitaria (ENAPISC), que se terminó de redactar en mayo de 2017. El plan pretendía implantar un nuevo modelo en la sanidad catalana contratando a 5.000 profesionales más entre médicos, enfermeras, trabajadores socio sanitarios y administrativos, y sumar otros 300 a la red de atención primària.

Pero no sólo preveía contrataciones, sino también un programa de formación del que se beneficiarían 500 profesionales cada año y programas territoriales para otros 500. Además, reconocía la especialidad de enfermería de familia, una reivindicación de gremios como el Sindicato de Enfermería (SATSE), ya que a día de hoy no se suelen tener muy en cuenta las especialidades de cada enfermera a la hora de designar nuevos trabajos.

La aplicación del plan implicaba destinar 397 millones de euros adicionales al presupuesto sanitario, pero el Govern no llegó a dar su aprobación antes del 155, y Madrid, desde que ostenta la gestión, la ha desestimado.

Menor pero no menos grave ha sido la falta de refuerzos para el Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC). Es un plan que la Generalitat elabora cada año desde 1999 "para hacer frente al aumento de la demanda de servicios de salud durante el invierno u otros períodos, como el verano, en ciertas áreas", según la web del Departament. Metges de Catalunya critica que, a sabiendas de la importancia de la epidemia de gripe este año, que se preveía por el invierno austral, "no llegó dinero ni a los CAP ni a los hospitales para reforzar las estructuras ante la avalancha", relata Puig.

Si en el invierno 2015-2016 se gastaron 16,866 millones de euros, Salut no ofrece los datos de este año, pero sí los despliega por hospitales. Eso sí, habla sólo de número de camas en los hospitales, no de la financiación. Público ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con el Departament de Salut, sin éxito.

La conclusión que hacen los sindicatos es que la Sanidad en Catalunya "se va deteriorando y el 155 ha acelerado el ritmo". Pero no toda la responsabilidad recae únicamente en la intervención del Gobierno central, que según Metges se ha dedicado a "mantener la velocidad de crucero", entre otras cosas, porque esa operación iba a durar cuatro meses. La incapacidad de los partidos independentistas para formar gobierno lastra las necesidades de una sanidad a la que "Alemania y otros países del norte dedican alrededor del 9% del PIB, mientras España decidió que el 6% y Catalunya, que tiraba con un 4%. ¿Cómo puede ser la Sanidad pública un pilar para los ciudadanos así?" zanja Puig.

No sólo la atención está sufriendo las consecuencias de la falta de liderazgo político, también la investigación, que necesita del impulso ejecutivo. Y también los pacientes: la ley de universalización sanitaria, que debería consolidar la instrucción del CatSalut por la que los inmigrantes empadronados en Catalunya tenían derecho a la sanidad aunque no estuvieran en situación legal, tampoco ha salido del cajón. Aunque la ley se promulgó en junio de 2017, el gobierno se daba de plazo tres meses para aprobar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución. Y, con la intervención del 155, eso no ha ocurrido. No se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la universalidad de la sanidad catalana.

La austeridad también afecta a la tecnología

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) valora que la cantidad y antigüedad de los equipamientos hospitalarios revelan las "preocupantes consecuencias" de “las medidas de austeridad” aplicadas a los sistemas sanitarios. Los datos de este lobby se deben tomar con precaución, porque su interés principal es mover el mercado de las infraestructuras, pero reflejan las desigualdades en el acceso a las tecnologías entre el Estado español y el resto de Europa.

El último informe de esta patronal, con datos de 2014, señala que en muchas comunidades se han registrado las instalaciones más antiguas de las últimas dos décadas, y que algunas de esas tecnologías se han usado durante más de diez años. Lo más preocupante es que Fenin encuentra un "incremento general en la pérdida de trazabilidad del mantenimiento de equipos", es decir, que no se están siguiendo los procesos para controlar que los equipamientos sanitarios funcionan correctamente. A lo que hay que añadir que la demanda del sistema sanitario aumenta en los últimos años, con el envejecimiento de la población. La patronal del sector llega a tildar la situación de las infraestructuras en los hospitales de “crítica” y de un “elevado nivel de obsolescencia”.

Las advertencias de la Fenin no son las únicas: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también apuntaba la falta de mantenimiento preventivo de los equipos, que cifraba entre un 20% y un 60%. Según el European Coordination Commitee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry, al menos el 60% de los equipamientos deberían tener una antigüedad inferior a los cinco años. En Catalunya, sólo el 42% de las máquinas que realizan los TAC tienen menos de un lustro, mientras el 16% tienen más de diez. Como subraya Fenin, las máquinas con esa antigüedad son más difíciles de mantener y reparar y su sustitución es "indispensable". Pero los cambios deberán seguir esperando un nuevo gobierno.