PÚBLICO: ¡No se vende, se defiende! Es un grito que resuena en las calles, pero también en centros de trabajo de todas las comunidades autónomas, con muy diversos sectores y categorías profesionales implicados. Las plantillas de los servicios públicos se rebelan para demostrar que el afán privatizador nada tiene que ver con el ahorro ni con la calidad.

Echando el freno

En Castilla-La Mancha, la Consejería de Hacienda ha presentado un informe para reducir la plantilla del Parque Móvil de Servicios Generales (PMSG) de 156 a 80 conductores. Un informe que, según estos profesionales, es insostenible. El PMSG presta servicio a 20.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración, trasladando a personal técnico de Agricultura o Sanidad cuando van a recoger muestras, llevar paquetes, etc. La gran idea ahorradora es que los técnicos conduzcan y, además, se recurra a empresas privadas de paquetería y taxis. El informe de Hacienda se basa en los servicios de los meses de verano y no presenta presupuestos ni concursos con las empresas privadas que se harían cargo de estos. Lo que sí hace es destacar los supuestos fallos y falta de rentabilidad del parque. La plantilla desmonta sus argumentos:

• Que los técnicos/as y funcionarios/as conduzcan no es más rentable:
Pablo García Sánchez, de la plataforma de conductores El Greco, explica que ahora en un viaje trasladan a varios técnicos en un solo coche. Según el nuevo plan, cada uno de ellos conduciría un vehículo que quedaría inmovilizado mientras hacen su trabajo. “Estos técnicos –añade García Sánchez- tendrían que perder tiempo en buscar aparcamiento y en realizar funciones que no les corresponden. Además, nosotros entre medias hacemos otros servicios”. También defienden que ellos son profesionales con una oposición cuyas habilidades de conducción hacen que los vehículos sufran menos y gasten menos combustible.

• El funcionariado no es el que abusa de los servicios con conductor:
CCOO califica de “insultante” que en el informe se utilice como ejemplo de supuestos abusos el traslado de un director general, ya que, afirma, este tipo de servicios representa tan solo el 5%. Pablo García puntualiza: “Nuestro parque no hace servicios personales a no ser que esté en el parte de trabajo y eso no lo decidimos nosotros. A veces se camuflan traslados a domicilios particulares poniendo solo la dirección, pero si eso se hiciera en taxi sería todavía más difícil de controlar”.

• No es ahorro eliminar empleo público mientras se mantienen conductores-asesores:
Los que sí se dedican al traslado de altos cargos son los conductores-asesores o, lo que es lo mismo, escogidos a dedo. 12 de estos, junto con 40 de otro parque móvil, dan servicio a 65 cargos. Hay 20 conductores que dan servicio a la presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal. Los asesores-conductores ganan el doble que los conductores empleados públicos.

Cuántas cosas barrería

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del sector público local, afirmaba que la limpieza viaria privada salía hasta un 71% más cara. Aunque se basaba en datos de 2011, este informe se publicaba un mes después de la pasada huelga de limpieza en Madrid.

Pero la privatización había comenzado mucho antes, en 1977, cuando, según Manuel Soto, del sindicato CGT, empezaron las primeras concesionarias: CESPA y Construcciones y Contratas. Más tarde entraron OHL y Valoriza y, finalmente, toda la limpieza viaria de la capital quedó en manos privadas. “Los trabajadores –dice Soto- somos los que damos un servicio público; las empresas lo único que hacen es gestionar, o malgestionar, para llevarse el máximo beneficio. Aunque también se han lucrado algunos cargos públicos como Alberto López Viejo, que fue concejal a principios de los 2000 y está imputado en el ‘caso Gürtel”.

Y llegó la crisis: en el ejercicio 2009/10 hubo un recorte del 15% que afectó a 1.200 trabajadores y trabajadoras entre eventuales y turnos de fin de semana. “No se cubrían las bajas ni las vacaciones, desaparecían turnos de noche, campañas de hojas y Navidades…”, recuerda Soto. Todavía podía ser peor: “En 2013 salen nuevos pliegos de condiciones en los que se baja el canon en otro 10%, así que para ganar el concurso las empresas bajan su oferta entre un 15 y un 22%”, explica el responsable de CGT. Para ello, proponen una reducción de un 25% del salario, jornadas de lunes a domingo, quitar el complemento de enfermedad, 10 días al año sin empleo y sueldo… Ante la negativa de la plantilla, FCC, Valoriza y OHL amenazaron con un ERE de 1.134 puestos de trabajo. Tras dos semanas de huelga se firma el convenio.

Consecuencias para la plantilla: cinco años sin subida salarial, vacaciones partidas, no se cubren las vacantes hasta fin de convenio, un ERTE (desempleo temporal de 45 días al año).
Consecuencias para el servicio: 750 empleados/as menos limpiando (desde 2010 se habían perdido ya 1.500). Las calles dejan de limpiarse en días alternos y se hace una vez a la semana o cada 15 días. Las vías principales, como el Paseo de la Castellana, que antes se limpiaban a diario, ahora solo se hacen por tramos. Menos baldeos mixtos (cisterna+3 personas), etc.
El Tribunal de Cuentas calcula que en una ciudad como Madrid la limpieza privada sale a 31€ por habitante, mientras que la municipal saldría a 19€ por habitante.

Sangre de nuestra sangre

Más que vender, regalan, denuncia la plantilla del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Y este caso es especialmente ‘sangrante’, porque la destinataria es una ONG, Cruz Roja, que va a cobrar 67 euros por cada bolsa de sangre extraída a donantes altruistas.

La primera y más flagrante contradicción es que precisamente el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid fue creado en 1988 para unificar los bancos de sangre y, lo más importante, el control de calidad de todo el proceso. Sin embargo, se hizo una excepción con Cruz Roja, que siguió manteniendo su centro de transfusión y sus colectas, aunque solo podía distribuir a hospitales privados.
Pero todo esto fue antes de la actual oleada de privatizaciones sin causa. “Había sospechas, pero parecía imposible que esto pudiera pasar”, lamenta Deli Edreira, de la Asociación de Empleados/as del Centro de Transfusión (ADECETMA).

El secretismo y la opacidad han presidido el proceso. ADECETMA ha solicitado infructuosamente el documento del convenio en más de siete ocasiones. En una reunión con la entonces viceconsejera sanitaria, Patricia Flores, la cual dimitió junto con el consejero Javier Fernández-Lasquetty, se enteraron de que se iban a externalizar las colectas y que eso iba a afectar a 130 puestos de trabajo. Aunque los argumentos oficiales eran el ahorro y acabar con la duplicidad, “nos llegaron a decir, textualmente, que era una decisión política”, asegura Silvia Gil de ADECETMA. María Viedma, de esta misma asociación, explica: “El Centro suministra el 90% de la sangre de los hospitales públicos. ¿Dónde está la duplicidad? En todo caso, el Centro podía haber absorbido las extracciones de Cruz Roja y no al revés”.

A ADECETMA no le salen las cuentas:
• Cruz Roja va a recibir casi 10 millones de euros por hacerse cargo de las extracciones.
• El Centro pone 9 unidades móviles totalmente equipadas, con desfibriladores, etc., y el material: bolsas, tubos…
• El Centro se encarga del procesamiento y la distribución, doblando el número de unidades tratadas, y mantiene los gastos de personal ya que, tras las movilizaciones, han conseguido que, aunque haya trasladados, no se pierdan puestos de trabajo.
• Cruz Roja solo se hace cargo del mantenimiento y gastos de las unidades móviles, de parte de la promoción y de su personal.

ADECETMA defiende que la extracción, procesamiento y distribución de la sangre tienen que ser cien por cien públicas para garantizar el máximo control de calidad por encima de intereses económicos.

Busque y compare

La Lavandería Central Hospitalaria de Madrid, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), lavaba la ropa de 19 hospitales públicos. La adjudicación a la empresa privada FLISA, del grupo ONCE, no resiste la comparación ni en condiciones laborales ni en calidad del servicio. A pesar de ello, la Administración decidió desmantelar un servicio público y sacarlo a concurso: pagará 47’5 millones de euros por 48 meses, con el objetivo de ahorrarse, supuestamente, 36 millones de euros. Félix Carrión, de CCOO, asegura que el servicio que antes hacían 350 personas ahora lo prestan 200. Estas son las diferencias de este servicio antes y después de la privatización:

Lavandería Central Hospitalaria:
• Lavado y procesado de la ropa hospitalaria siguiendo un protocolo de calidad, seguridad e higiene, que incluye, por ejemplo, aislamiento de las prendas sucias y contaminadas, almacenamiento y traslado aséptico de la ropa limpia, etc.
• Salario medio de la plantilla, la mayoría con la categoría de celador, de 1. 100€ netos.
• Instalaciones públicas.

FLISA:
• Quejas de los hospitales de que la ropa no llega y a veces lo hace en mal estado.
• Falta de respeto al protocolo de higiene.
• 128 estatutarios fijos trasladados a otros hospitales.
• Condiciones laborales inferiores incluso al Convenio Colectivo de Lavanderías y Tintorerías, que era el que recomendaba el pliego de condiciones, lo que se traducía en una pérdida salarial del 46%. Tras 42 días de huelga, se consigue una mejora retributiva del 25% para el personal de planta (de 645€ a 800€ brutos), que durará medio año y que luego pasará a estar vinculada a la productividad.
• La Inspección de Trabajo detectó vulneración por parte de la empresa del derecho de huelga y levantó un acta de infracción muy grave. También, de oficio, declaró vulneradas las condiciones laborales de algunos/as trabajadores/as en el paso a la nueva adjudicataria.
• El personal pierde antigüedad y derechos adquiridos.
• La adjudicataria paga 521.140 € al año por el uso de equipamiento e instalaciones públicas situadas en un terreno público, cedido por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.