eldiario.es: El pasado 19 de marzo se completó la privatización del centro logístico que les suministra material a todos los centros sanitarios de Galicia. Apenas dos semanas después, ya han comenzado a producirse las primeras consecuencias de esta decisión. La Junta de Personal del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) denunció este miércoles graves problemas de reposición de material sanitario, que provocaron que alrededor de 400 muestras depositadas en el laboratorio de Bioquímica no hayan podido ser analizadas por falta de varios reactivos, entre ellos sodio, potasio o cloro. Las 400 muestras han sido remitidas de vuelta a los médicos peticionarios por “falta de reactivo por desabastecimiento del proveedor”. En la sección de Hormonas también faltaron reactivos durante tres o cuatro días. Y el desabastecimiento afectó también a Urgencias, donde no se pudieron realizar análisis que los trabajadores consideran imprescindibles.

La situación ha sido denunciada por el sindicato médico Omega, mayoritario en la Junta de Personal, y por los restantes sindicatos con representación: UGT, CIG y CCOO. Todos culpan de este problema a la externalización del servicio de compras y se preguntan que pasará cuando otros servicios esenciales, como el de esterilización, sean privatizados. El desabastecimiento, curiosamente, coincidió con una visita al CHUAC de Alberto Núñez Feijoo para inaugurar las nuevas instalaciones del servicio de urgencias, que se pondrán en marcha antes del verano.

 

Los sindicatos destacan que en los últimos años, mientras la logística dependía directamente del SERGAS, gestionada por personal del servicio público de salud en sus respectivas áreas sanitarias, nunca se produjo carencia ninguna en los suministros que impidiera la realización de pruebas diagnósticas. Y, además, no tenía un coste añadido. Sin embargo, en marzo el centro de logística pasó a ser gestionado por manos privadas, con un coste para el SERGAS de 88 millones de euros y, por lo que se ve, con una gran merma de su eficiencia.

La empresa concesionaria es Severiano Gestión, que recientemente cambió su nombre por Severiano Servicio Móvil, una compañía que comenzó como empresa de mudanzas en As Pontes y que fue ganando sucesivos contratos con varios gobiernos autonómicos, principalmente del Partido Popular, en Madrid, Castilla La Mancha, Valencia y Galicia. La empresa asegura estar especializada en gestión documental y logística especializada, y se ocupa de las compras y los suministros del SERGAS desde una nave industrial situada cerca de Negreira.

La antigua empresa Mudanzas Severiano, fundada en 1978, entró en el mercado sanitario a partir de la década de los 90, cuando se beneficiÓ de la externalización del servicio de custodia y gestión del archivo pasivo de historias clínicas del entonces conocido como Hospital Juan Canalejo de A Coruña. Fue ganando más concursos, no solo en Galicia, y en 1999 gestionaba ya las historias clínicas de los hospitales Doce de Octubre y Clínico Universitario de Madrid, que le pagaban en ese momento unos 68 millones de pesetas anuales (cada uno) por el servicio. Esta misma empresa gestionaba en el año 2004 el archivo de historias clínicas de los pacientes del Hospital de Pontevedra, donde se produjo un incendio que dejó al hospital sin documentación clínica. A partir de 2010 la empresa inicia su expansión por Latinoamérica, comenzando por Chile, donde crea una filial, Servicio Móvil Chile, para realizar trabajos de custodia de documentación. En la actualidad, Severiano Servicio Móvil gestiona la documentación de 119 hospitales públicos de toda España.

La privatización que no cesa

La mitad del presupuesto del SERGAS para el año 2014 está destinado a pagar las sucesivas privatizaciones de servicios realizadas en los últimos años. Así, de los 3.326 millones de euros con los que cuenta el servicio público de salud (un 16% menos que en 2010), 1.624 millones pasan directamente a las empresas privadas beneficiadas por los concursos de externalización, mientras otros 289 millones van a conciertos con empresas privadas y a empresas públicas de gestión privada.

Algunas de estas cesiones a empresas son el nuevo Hospital de Vigo, la actividad de la empresa privada de gestión sanitaria Galaria (que en Vigo, por ejemplo, se ocupará de los servicios de Hemodinámica y Cirugía cardíaca, la Radioterapia y Medicina Nuclear o de la Resonancia Magnética), la renovación del concierto con Povisa, la concesión de la ampliación del Hospital de O Salnés a la multinacional francesa Cofely-Suez, socia de La Caixa/Adeslas, la privatización del servicio de hemodiálisis o la gestión privada del centro oncológico de Galicia.

Algunas de las decisiones del Gobierno gallego, como la concesión del servicio de mantenimiento a la empresa zaragozana Ibérica de Mantenimiento, ya están generando problemas, como el aplazamiento de cientos de citas de radiología y diálisis o la falta de incubadoras en el Hospital Universitario Lucus Augusti.

También fue muy cuestionada la privatización de los servicios de alta tecnología por 88 millones de euros anuales, tanto por su elevado coste económico como por lo que implicaba, "la supresión definitiva de la idea de que una empresa pública sea la encargada de definir las necesidades tecnológicas del SERGAS", en palabras de Ana Luísa Bouza. En el Parlamento gallego, la diputada de AGE Eva Solla aseguraba que la renovación de la maquinaria le costaría al Sergas unos 50 millones de euros y los aparatos "serían de su propiedad".

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado recientemente que "tras concluir la privatización de los servicios no sanitarios, sin reparar en la fuerte vinculación que existe entre su labor y la calidad de la asistencia, el principal objetivo del gobierno de Feijóo en los últimos años es la privatización de la asistencia sanitaria, acudiendo a la llamada colaboración público privada (CPP)". La CPP, según el Consello de Contas, permite realizar inversiones públicas sin que se vea afectada la deuda pública, trasladando a presupuestos futuros un volumen de dinero que puede ser ilimitado, sin control parlamentario, y por lo tanto, muy expuesto al fraude.