De recortes en Sanidad y Funcionarios
1 Febrero, 2012 - 00:07 | 
AAS
Es lo que toca, una de recortes en Sanidad, en este caso en la Comunidad de Madrid y otra de funcionarios en Castilla La Mancha.
LA MAREA BLANCA (COMUNIDAD DE MADRID) CONTRA LOS RECORTES EN SANIDAD
La marea blanca, la protesta de los trabajadores de la sanidad pública en contra de los recortes puestos en marcha por el Gobierno de Esperanza Aguirre, sigue con sus concentraciones semanales frente a los grandes hospitales de la región. Hoy, por cuarto jueves consecutivo, los empleados públicos se han concentrado a mediodía con carteles de protesta. "No a los recortes", se leía en letras rojas en una pancarta que han desplegado los trabajadores del hospital Gregorio Marañón. Frente a este centro han protestado unas 300 personas. Muchos empleados llevaban además carteles más pequeños, impresos en folios, que decían: "Con estos recortes vamos de culo".
Los empleados públicos estaban llamados a manifestarse en contra de la aprobación por parte del Gobierno regional de la ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012. "Esta ley incluye entre otros, dos artículos que afectan directa y negativamente al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público madrileño: el incremento de la jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales y la penalización al personal enfermo con rebajas en el salario durante los días en que estén de baja", asegura el sindicato UGT, uno de los convocantes.
La concentración de esta mañana forma parte de las movilizaciones que se iniciaron el 27 de diciembre con la protesta de varias decenas de personas frente a la Asamblea de Madrid cuando se votaban las enmiendas a la ley. Está previsto que continúen todos los jueves hasta la manifestación convocada para el 7 de febrero, a la que están convocados todos los empleados públicos, no solo los de la sanidad.
Después de un mes sin negociaciones, la Consejería de Sanidad convocó ayer la mesa sectorial en la que participan los sindicatos con más presencia entre los más de 60.000 trabajadores de la sanidad pública. El objetivo era negociar la aplicación de la ampliación horaria, pero la reunión acabó sin acuerdos.
El sindicato UGT ha anunciado que llevará los tribunales la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas una vez que se dicte la instrucción. Su gabinete jurídico está estudiando los términos de esta demanda, asegura en un comunicado. A juicio de UGT, el aumento de jornada conllevará la destrucción de casi 3.000 puestos de trabajo en 2012 en el sector sanitario. Los afectados serán los trabajadores eventuales e interinos, a los que no se les renovarán los contratos.
El sindicato ha señalado que los trabajadores de atención especializada (hospitales) van a tener que realizar 16 jornadas anuales más, con la consecuente reducción de días de descanso. En el caso de la atención primaria (centros de salud), médicos, enfermeras y demás personal tendrán que realizar el exceso de jornadas en el turno contrario, "supliendo las ausencias por permisos (vacaciones, bajas laborales) de los profesionales". Eso equivale a trabajar más de 12 horas seguidas, añade el sindicato, y a que se dé el caso de que un paciente que tenga que acudir en una semana al médico o a la enfermera varias veces sea atendido por un profesional distinto.
EN LAS CORTES DE CASTILLA LA MANCHA
El PP en las Cortes ha presentado quince enmiendas al proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales que pretenden concretar esta norma con propuestas como la eliminación de los complementos de productividad y del SEPECAM.
Estas quince enmiendas, tal y como ha explicado la diputada del PP María José Agudo en conferencia de prensa, se agrupan en cuatro grandes bloques que hacen referencia a la entrada en vigor de la ley, la supresión de los complementos de productividad y del Servicio de Empleo Público de Castilla-La Mancha (SEPECAM) y la garantía de que ningún empleado público de la Junta cobrará menos de 1.192 euros mensuales.
La austeridad, para "hacer más con menos y garantizar los servicios sociales básicos", la protección de los trabajadores públicos que perciben los sueldos más bajos y la eliminación de las duplicidades en los organismos públicos con los objetivos de estas enmiendas.
"Ya se había desarrollado con anterioridad"
El portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha afirmado que estas enmiendas servirán para "reforzar y explicar" los planteamientos del Gobierno incluidos en el proyecto de ley, de forma que no recoge nuevas medidas de ajuste ni las modifica de manera sustancial, según ha indicado.
Cañizares ha explicado que la eliminación de los complementos de productividad de los empleados públicos era "una práctica que se había desarrollado" con anterioridad, aunque la finalidad de la enmienda es que esté "más reflejado y comprometido" y ha concretado que solo se mantendrán en "sectores muy específicos en los que viene establecido", aunque, a pesar de las preguntas de los periodistas, no han sido enumerados.
En cuanto a la garantía del sueldo mínimo para los trabajadores públicos de 1.192 euros, Cañizares ha insistido en que esta medida está motivada en el hecho de que el Gobierno "debía garantizar una cuantía mínima de percepción para que el sacrificio tuviera un límite en la parte baja", si bien no ha concretado el número de empleados públicos que se verán afectados por la medida ni si la cuantía hace referencia al salario bruto o neto.
Cañizares también ha criticado las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pues a su juicio no tienen como finalidad lograre el equilibrio financiero, sino "perpetuar situaciones difícilmente sostenibles o incrementar el coste de los servicios".
De este modo, ha apuntado la posibilidad de que las únicas enmiendas del PSOE que salgan adelante sean las relacionadas con la entrada en vigor de la ley.