EL PAÍS: Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tendrán derecho a morir sin dolor, en una habitación individual, tanto en un hospital público como en uno privado, y a recibir en sus últimos momentos un "acompañamiento espiritual" acorde a sus convicciones y creencias. Estas son algunas de las novedades que introduce el anteproyecto de ley sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención final de la vida, que ha aprobado el pleno del Consell este viernes en Alicante. "No hablamos de eutanasia ni de suicidio, sino de avanzar en los cuidados paliativos con el objeto de proteger la dignidad de las personas hasta su muerte", ha explicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón.

El Gobierno valenciano deberá ahora recabar los dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo y el Comité Económico y Social antes de aprobar el proyecto y remitirlo a las Cortes para que lo refrenden. Esta norma, según Montón, ha nacido de la "reflexión" y la "participación directa" de la ciudadanía, ha contado con el asesoramiento de un grupo de sabios integrado, entre otros expertos, por la catedrática de Ética Adela Cortina y la socióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, y con las aportaciones del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana.

La ley es similar a la aprobada por otras seis comunidades autónomas españolas entre 2010 y 2015: Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares y Galicia. Sus objetivos son preservar los derechos de las personas al final de su existencia, respetar su "dignidad y autonomía, la expresión de sus deseos y valores y su voluntad, dentro del marco legal", y velar por la calidad de su vida durante ese proceso. Cualquier ciudadano podrá plasmar sus deseos a través de un documento denominado Planificación Anticipada de Decisiones, que permite diseñar la atención sanitaria futura con los especialistas que le atienden habitualmente, un proceso de "comunicación y deliberación" para el que el interesado podrá designar a familiares u otros representantes y que quedará registrado en su historia clínica.

La norma garantiza la formación en cuidados paliativos de los profesionales sanitarios implicados en el proceso del final de la vida, así como el derecho a recibir ese trato en el propio domicilio cuando sea posible, o bien en una habitación individual en cualquier centro hospitalario, sea público o privado, para preservar "la intimidad y dignidad del paciente y sus familiares". Del mismo modo, la persona podrá tener a su lado permanentemente a quien quiera para afrontar la antesala de su muerte y recibir un "acompañamiento espiritual de acuerdo con sus convenciones y creencias".

Nadie podrá ser discriminado en la dispensación de cuidados paliativos por haber ordenado la interrupción de un tratamiento o haberse negado a recibir información médica. El anteproyecto de ley, de hecho, regula los deberes que recaen sobre el personal de instituciones, centros sanitarios y sociales, tanto públicos como privados, en esa asistencia postrera.

"Estamos integrando en un único texto los derechos de la ciudadanía y los deberes de las instituciones y profesionales implicados en este proceso", ha dicho Montón, además de proporcionar a ambas partes un marco de "garantía jurídica". Para la consejera, "la sociedad valenciana está suficientemente madura para pasar de la reflexión ética a la acción legislativa" y la mayoría de los ciudadanos comparte que ha de recibirse al final de la vida "el mismo mimo y trato exquisito" del que goza un recién nacido. "Hoy hemos dado un importante paso para que morir con dignidad y en paz sea un derecho, un nuevo derecho que no solo habla de la calidad asistencial sino también de la calidad democrática", ha añadido.

Reglamento del IVF

El Consell ha adoptado otros acuerdos durante el pleno celebrado este viernes en Alicante, de los que ha dado cuenta la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, y entre los que destaca el nuevo reglamento orgánico y funcional del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El decreto que lo establece constituye el paso previo a la constitución del nuevo Banco Público valenciano. El IVF dejará en un futuro de formar parte del sector de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana para poder captar financiación en los mercados y evitar las restricciones al endeudamiento que puedan afectar a la Generalitat.

El decreto fija un consejo general para la entidad compuesto de diez personas y presidido por el conseller de Hacienda en el que tendrán cabida cinco vocales independientes. También contará con una comisión de inversiones con la participación de los sindicatos y la patronal. Según Oltra, esta medida se suma a la refundación del IVF acometida recientemente por el Gobierno valenciano, que ha incluido la inyección de 156 millones de euros para lograr liquidez y reducir su deuda y una "auténtica revolución tecnológica" que permite a empresarios y autónomos solicitar préstamos on line.