Acta Sanitaria: En una nota difundida por la Asociación Gallega para la Defensa da Sanidad Pública (AGDSP) se llama la atención sobre lo que se considera un proceso fraudulento para sacar adelante el nuevo Hospital de Vigo pensando en su privatización, para lo que se trató de obviar la normativa vigente en materia de contratación.

Según informa AGDSP, el Gobierno de Núñez Feijoo utilizó en 2010 de manera fraudulenta el modelo de contrato para la construcción del Nuevo Hospital de Vigo, al recurrir a un simple Contrato de Concesión de Obra Pública prevista para construir centros públicos con dinero privado, pero que no permite incluir cuestiones como la financiación del mobiliario, la prestación de servicios accesorios (cocina, limpieza etc.) en edificios (Hospital Nicolás Peña) que no tienen relación física con la obra concesionada o la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas como el Laboratorio, contempladas en los pliegos del Contrato de Concesión de Obra Pública del Nuevo Hospital de Vigo, que se corresponden con la fórmula jurídica de Contrato de Colaboración Público Privada.

La AGDSP explica que esta trampa legal tenía por objetivo:

• Saltarse la realización del Estudio de Evaluación Previa (necesario en la fórmula de Colaboración Público Privada, pero no en la de Concesión de obra pública), que debe justificar que la financiación privada para construir infraestructuras públicas es indudablemente la mejor opción para los contribuyentes, de acuerdo a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
•  Enmascarar la utilización improcedente del Contrato de Concesión de Obra, modalidad que no contempla prestaciones accesorias a las obras de construcción de centros, incluidas en el contrato del Nuevo Hospital de Vigo.
• Evitar la comparación del proyecto de financiación privada con el aprobado por el anterior gobierno de financiación pública. El coste del hospital por la vía pública era de 457,6 millones frente a los 1.566,4 del actual de financiación privada (1.880 si se tiene en cuenta la explotación del aparcamiento y otros negocios del centro)

Informe en tiempo récord

Este posible fraude de ley fue avalado por un informe favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia (organismo en la Xunta responsable de la fiscalización previa y del control de la legalidad de los contratos de la CCAA), dirigido entonces por la Sra. Elena Muñoz, actual candidata a la Alcaldía de Vigo por el Partido Popular. Este informe se realizó en un tiempo récord de 24 horas (hecho insólito tratándose de un contrato tan voluminoso y complejo) y unos días antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 20 de Mayo de 2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que obligaba al SERGAS a trasladar toda la documentación del contrato al Gobierno Central para su fiscalización. De esta manera, el proyecto evitó el control del Ministerio de Economía y Hacienda, que lo hubiera anulado por no ajustarse a lo previsto por la Ley.

Y recuerda la AGDSP que, como consecuencia de esta decisión de la candidata del PP Sra. Muñoz, el hospital quedará en manos privadas, lo que perjudicará la asistencia sanitaria y deberán pagar cuatro veces más por un hospital al que se han recortado camas, recursos docentes y de investigación, servicios de referencia, equipamiento, calidad de materiales y miles de metros cuadrados de superficie, para beneficiar a la empresa Concesionaria Privada.

Recursos contractuales

Hace pocos días el Tribunal Superior de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda le anuló a la Gerencia del Chuvi (Complejo Hospitalario de Vigo) el Contrato para Suministros de Reactivos y Material para Técnicas Analíticas del Laboratorio del Hospital del Meixoeiro por no ser el adecuado para realizar las obras de adaptación del servicio, pues incluía cosas que no son propias de un simple contrato de suministro. El Tribunal Superior en su auto calificó la actuación del SERGAS de errónea y vulneradora de la Ley y de los principios de transparencia y libre concurrencia.

Y concluye el comunicado de la AGDSP que, además de perjudicial para la asistencia sanitaria, resulta bochornoso que un organismo de la administración central anule un contrato por no ajustarse a la legalidad, mientras que el dependiente de la Comunidad Autónoma Gallega avale otro que se puede calificar de fraudulento de la ley para beneficiar los intereses del PP. Pura política bananera al servicio de la privatización, que futuros gobiernos progresistas gallegos deberán erradicar.